Una acusación constitucional en la historia contemporánea de Chile siempre ha sido un juicio político marcado por la coyuntura, con fundamentos que interpretan tanto la acusación en materia constitucional como su defensa. Pero claramente, como lo constatan los hechos, por sobre todo siempre ha sido una lucha política.
En la historia larga lo demuestran las 8 acusaciones constitucionales a ministros del Presidente Allende los años 1972 y 1973, que se enmarcaron en la estrategia opositora de aquella época frente al gobierno de la Unidad Popular. Aún más, la estrategia opositora de aquella época empleó todas sus fuerzas para alcanzar en las parlamentarias de marzo de 1973 las mayorías necesarias para acusar al Presidente Allende y derrocarlo institucionalmente. Al no lograr dicho objetivo, dado el resultado de aquellas elecciones, se fortaleció la estrategia golpista que se materializó el 11 de septiembre de 1973. Lo mismo ocurrió con la acusación constitucional contra la ministra de Educación de Bachelet 1, Yasna Provoste, como también con la acusación constitucional contra el ministro de Educación Harald Beyer, en el gobierno de Piñera 1.
El que la oposición unida haya logrado 73 votos en la acusación mencionada abre un camino. Votaron a favor prácticamente todos los diputados y diputadas que pertenecen orgánicamente a los partidos que conformamos la oposición, salvo dos excepciones en la bancada democratacristiana. Además prevaleció la mayoría opositora en la Cámara, porque 73 votos es más que 72 votos que sumó la derecha en su integridad en contra de la acusación y lo anterior abre un camino para el futuro.
El trabajo conjunto de abogados, periodistas, jefes de bancada y dirigentes partidarios, si bien no logró en lo inmediato un triunfo político, puede lograr en lo mediato un triunfo político-electoral-estratégico.
A lo anterior, dos buenas noticias recorren el mundo opositor. Una fue la entrevista en un medio de prensa al presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, quien por primera vez, y ante los desafíos electorales próximos, se abre a un acuerdo electoral tanto con el Partido Comunista como con el Frente Amplio. Asimismo, la decisión del Frente Amplio en su congreso ideológico de abrirse a pactos políticos, programáticos y electorales puntuales con el conjunto de la oposición para enfrentar los desafíos mencionados, fortalece la esperanza.
Las cuatro oposiciones —la Democracia Cristiana, la Convergencia Progresista, la Unidad por el Cambio y el Frente Amplio— deben tener conciencia de que el resultado municipal, y particularmente el resultado regional, es clave pensando en el futuro parlamentario y presidencial. Si no hay unidad en la mayoría de las comunas de Chile de estas cuatro oposiciones, gana la minoría, es decir, la derecha.
Particularmente grave es la situación en las 16 elecciones regionales, donde a partir del resultado de la última elección nacional de diputados, si la oposición no se une, 13 de los 16 gobiernos regionales quedan en manos de la derecha, lo que hace particularmente difícil la próxima lucha presidencial y parlamentaria. Además, en el caso de los gobiernos regionales, cabe recordar que la derecha en el Parlamento estableció que la mayoría absoluta se logra con el 40% y no con el 50%, y considerando que en la última elección de diputados la derecha alcanzo el 38,8% de los votos, sin unidad opositora es evidente lo cercano de los candidatos de derecha a triunfar en primera vuelta.
La unidad opositora, para respetar a la ciudadanía que convocaremos a respaldarnos, no puede ser solo pragmatismo electoral, tiene que tener una base programática común y las condiciones están dadas para que estas 4 oposiciones converjan en una propuesta programática unitaria tanto para los gobiernos municipales como para los gobiernos regionales. El desafío del momento es este, triunfar en las elecciones del 2020 y no desgastarse en candidaturas presidenciales antes de enfrentar el principal desafío: ganar la municipal y la regional. (El Mercurio)
