La difícil situación financiera que enfrenta Codelco y los inmensos requerimientos de inversión que requiere para mantener su posición competitiva en la industria han vuelto a poner en el tapete de discusión la Ley Reservada del Cobre.
Desde el retorno a la democracia, todos los gobiernos siguieron la política de retirar el 100% de sus utilidades y destinarlas a sus propias prioridades. Así, si no hubiese habido dicha ley, el 10% que recauda hubiese engrosado las utilidades de la compañía, y, por lo tanto, también hubiese sido retirado por el fisco. Es decir, no es la Ley Reservada del Cobre la que ha impedido a Codelco invertir más recursos propios en sus proyectos, sino que la política de retiro de utilidades que han seguido los gobiernos. Solo ahora, cuando Codelco tiene pérdidas, esta ley acumula fondos que sin ella no hubiesen sido retirados.
Por otra parte, la Ley Reservada del Cobre les da a las Fuerzas Armadas un piso de recursos para comprar equipos militares, y no deja su adquisición sometida a los avatares de la discusión anual de la Ley de Presupuestos. Por eso, en rigor, la discusión que está detrás de su eventual derogación es cómo se mantendrá el nivel de preparación y capacidad de disuasión que las Fuerzas Armadas deben poseer para resguardar la seguridad del país. Ello requerirá, seguramente, de pisos mínimos y presupuestos plurianuales. Los primeros son resistidos por parlamentarios, para quienes los gastos militares son prescindibles, y los segundos, por los ministros de Hacienda, a quienes no gusta la rigidez de partidas presupuestarias previamente definidas.
De ahí que a los gobiernos les ha resultado más cómodo no legislar que enfrentar ese debate, pues es difícil defender en el Parlamento la asignación de presupuestos a las Fuerzas Armadas, y, en cambio, les es más fácil que ellos estén previamente asignados por la Ley Reservada del Cobre. Con todo, corresponde, en una democracia moderna, que ese debate se dé, y que los parlamentarios definan con responsabilidad de futuro cómo abordar los necesarios gastos militares que el país requiere.
En relación con Codelco, si los gobiernos han preferido utilizar sus excedentes para otros fines que reinvertirlos en la empresa, ello solo ilustra las dificultades que estos tienen para asignar recursos en el largo plazo. Y si eso es así, ¿no será el minuto de someter los proyectos de Codelco a la prueba ácida de atraer capitales privados a su patrimonio, como está haciendo México con su petróleo? Ello no solo evitaría seguir presionando al fisco por recursos con que no cuenta, sino que, además, permitiría averiguar el verdadero valor de la empresa y cuán atractivos son en realidad sus proyectos. (El Mercurio)