La mejora en el acceso a los servicios que entrega el Poder Judicial, en un sentido amplio, es un valor al que con franqueza hemos aspirado como institución desde largo tiempo. En ese contexto, la modernización constituye un elemento crucial, que ha sido relevado dentro de los objetivos de la planificación estratégica que nos hemos dado desde 2015. En esa línea de acción, la Corte Suprema ya había reflexionado y planificado la forma de aprovechar las herramientas digitales que permiten superar las limitaciones propias de las distancias físicas y, al mismo tiempo, otorgar la oportunidad a los postulantes al título de abogado que viven en regiones de evitar el desplazamiento hasta Santiago, con los costos que ello involucra.
No es inusual que los pasos efectivos en la transformación digital se produzcan en escenarios complejos, en que adquieren el valor de solución directa de un problema —como el sanitario que hoy nos afecta— y ya no solo para la mejora de un servicio que se presta.
La pandemia que nos azota, con todo el dramatismo y complejidad que implica, ha sido así una oportunidad para apretar el botón de las acciones tecnológicas, del que el juramento de nuevos abogados y nuevas abogadas celebrado el pasado viernes es una expresión concreta.
En la inédita ceremonia asumieron formalmente dicha calidad un total de 86 postulantes de diversas zonas del país, quienes en las cortes de Apelaciones de Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena y San Miguel prestaron su juramento de servir leal y honradamente el título ante el Pleno de Ministros de la Corte Suprema, a través de videoconferencia, cumpliendo así con las ritualidades que establece el Código Orgánico de Tribunales, sin relajar la naturaleza ceremoniosa que esta investidura merece.
La ceremonia así concebida se convierte, además, en una potente señal de descentralización, puesto que permite que los nuevos profesionales puedan jurar en la región donde residen y, además, le da un rol coordinador importante a cada Corte de Apelaciones, integrándolas a la función de investir a los nuevos profesionales.
En la ocasión tuvimos la oportunidad de transmitir a los nuevos abogados y nuevas abogadas la importancia que reviste el ejercicio de la profesión con sentido ético, aspecto que se pone especialmente a prueba en momentos como el que vivimos.
En efecto, las medidas adoptadas por este tribunal para hacer posible el teletrabajo, la regulación de las audiencias durante el estado de excepción constitucional vigente derivadas de la Ley 21.226 y las vistas de causas a distancia efectuadas por algunas salas de la Corte Suprema —que ya habían comenzado a realizarse incluso antes de la crisis sanitaria— se han inspirado en la continuidad del servicio judicial, conciliando las debidas acciones de resguardo, para evitar tanto la indefensión de las partes del juicio como el respeto a las normas y recomendaciones sanitarias para evitar los contagios de coronavirus. Todas, medidas que requieren la colaboración y compromiso claro de los litigantes, siendo decisivos para ese fin el empleo racional de los dispositivos procesales para la realización, suspensión o reprogramación de actuaciones o diligencias, sin fines especulativos, que sean coherentes con la igualdad de armas.
Y es que los abogados, tanto nuevos como experimentados, en su calidad de auxiliares de la justicia están llamados a ejercer su rol con un claro sentido ético, tal como juraron hacerlo el día en que la sociedad, personificada en el Tribunal Pleno de la Corte Suprema, los ha investido con la facultad de representar intereses y derechos ajenos en el lugar donde se deciden en forma definitiva los conflictos.
La realización de audiencias de procedimientos judiciales a través de videoconferencias, que comenzaron a realizar los tribunales tras la declaración de estado de excepción constitucional por la pandemia, y el juramento bajo la misma modalidad que empezamos a desarrollar el pasado viernes, responden a una adaptación que, con el resguardo de las garantías del debido proceso y observando con cuidado las actuaciones en que han de aplicarse, bien pueden transformarse en formas permanentes de fortalecimiento del acceso a los servicios prestados por el Poder Judicial, abriendo camino a un proceso de modernización acelerado, con pleno empleo de la tecnología, camino para el que estamos plenamente disponibles.
Guillermo Silva Gundelach
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
