En estos días de encierro, las tensiones dentro de las casas son mayores, sea por el virus, la dificultad de teletrabajar con niños, pero sin colegio o jardín infantil, y crecientemente, por el miedo a perder el trabajo. La fila de varias cuadras para cobrar el Seguro de Cesantía es una imagen que desgarra. Es un miedo que aqueja en especial a los más vulnerables, pero que es bastante transversal. Hay temor en muchas casas chilenas a la estela de precariedad económica que el virus va a dejar después de esta hibernación sin precedentes. En medio de esta desesperación, las isapres decidieron esta semana subir el precio de los planes para el próximo periodo (julio 2020/junio 2021) en promedio en un 4,5 por ciento.
Argumentaron desde la industria que el lunes vencía el plazo legal para anunciar las alzas, que lo que se recaudará este año no alcanzará a paliar las pérdidas que arrastran y, por último, el efecto que tendrá en sus balances el coronavirus, estimado entre 200 mil y 300 mil millones de pesos. La molestia fue mayoritaria, en especial la oportunidad, y tras la intervención directa del Presidente Piñera y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, siete isapres aceptaron aplazar la medida por tres meses. Una especie de aspirina para quienes tienen temor de poder solventar sus costos de salud en el momento en que más lo necesitan.
La decisión de las isapres debe ser no solo postergada, sino revaluada seriamente. Primero, por el contexto: cualquier alza del costo de la vida en bienes y servicios básicos es arrojar una bomba dentro de las familias chilenas en plena pandemia. Y muy especialmente cuando ese bien es la salud. Si bien la mayoría de la población no es usuaria de isapre, 3,4 millones sí lo son, y equivalen al 35% de los trabajadores activos. Son muchas las familias que han pagado este seguro por años en pos de una mejor o más rápida solución a sus enfermedades, y esperan, por cierto, que les sirva ahora, que se viene una amenaza brutal. Es difícil de comprender que una isapre les sirva a los sanos y no a los enfermos.
Desde el histórico fallo del Tribunal Constitucional en 2010, que impide el ajuste de los precios base de los planes de salud y la aplicación de la tabla de factores según sexo y edad, se produjo una judicialización masiva del sistema. Entonces, la política pública de facto es que a quienes demandan se les mantienen los precios, y a los que no, se les suben. Es decir, incentiva directamente la demanda judicial como único freno a estas decisiones unilaterales de parte de un sector que, además, a causa de las preexistencias, dificulta mucho el cambio. ¿Pretenden que en el semestre de la pandemia los afiliados los demanden?
Se requiere, es obvio, redefiniciones y regulaciones, trabajo técnico de política pública de calidad. Intentos ha habido, pero no han llegado a puerto, en parte porque sectores de lado y lado paralizan el cambio: según algunos que han participado en estos esfuerzos, una parte de la derecha no ha estado dispuesta a regular, mientras una parte de la izquierda no quiere “arreglar” las isapres, pues preferiría un gran sistema de salud nacional público, con seguros complementarios privados.
Si esto es así, es momento de sincerarse y pensar en grande y en serio. No es momento de pequeñeces. Especialmente, porque el estallido social, primero, y ahora la pandemia, han recalcado el valor de la salud colectiva como un bien esencial y mayor. En el caso de Chile, la salud pública y privada requiere ajustarse. Mejorar Fonasa, sin duda, es la principal prioridad de salud, pero también lo es ir en ayuda de quienes están sometidos, de manera unilateral, a las decisiones de las isapres, que no parecen comprender que no proveen un bien de consumo, sino un pilar fundamental para el funcionamiento de la sociedad, como es la salud. No es un negocio, ni una industria, tampoco debiera ser un lujo. Es un derecho. Cómo hacerlo realmente efectivo para todos -más allá del eslogan- es lo que los políticos de todos los sectores deben discutir y acordar. Es tiempo de dejar los ideologismos, los conflictos y capturas de intereses, sean económicos o gremiales, y poner a la persona al centro de la política pública de salud. No hay mejor momento que este. (La Tercera)
Paula Escobar
