La Polar: comienza juicio penal contra cuatro ex directivos de multitienda

La Polar: comienza juicio penal contra cuatro ex directivos de multitienda

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Este lunes, ante el 2º Juzgado de Garantía de Santiago, se dio inicio a la audiencia preparatoria de juicio oral contra los cuatro ex ejecutivos de la empresa La Polar que fueron acusados por la Fiscalía regional metropolitana Centro Norte por diferentes delitos cometidos en el marco de las polémicas repactaciones unilaterales que realizó la entidad entre los años 2006 y 2011.

Se trata del ex presidente de la multitienda Pablo Alcalde, la ex gerenta de administración María Isabel Farah, el ex gerente de productos financieros Julián Moreno y el ex gerente de finanzas Santiago Grage.

Para el primero, la Fiscalía pide 12 años de cárcel por los delitos de lavado de activos, infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley general de Bancos, mientras que para Farah y Moreno se pide una pena que supera los 10 años de cárcel.

Grage, en tanto, arriesga una pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo por infracción a la Ley de Mercado de Valores en carácter de reiterado.

En agosto pasado, en tanto, tres de los siete ejecutivos que fueron acusados aceptaron la salida alternativa ofrecida por el Ministerio Público.

Ellos son Marta Bahamondes, Ismael Tapia y Martín González, a quienes la Fiscalía ofreció la suspensión condicional del procedimiento a cambio de 60 horas de trabajo comunitario, además de fijar domicilio, colaborar en la investigación del caso -que sustancia el fiscal José Morales- y no mantener contacto entre ellos.

Dichas salidas alternativas de los ex ejecutivos se suman a las otras dos decretadas el año pasado para el ex gerente de informática de La Polar, Pablo Fuenzalida, y el ex ejecutivo Nicolás Ramirez.

El primero de ellos fue condenado en un procedimiento abreviado a dos años de presidio remitido además de dos años de inhabilitación para cargos ligados al mercado de valores, mientras que el segundo aceptó los cargos de entrega de información falsa al mercado y uso deliberado de información privilegiada a cambio de una pena de 5 años remitidos.

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