Las cifras de crecimiento y las perspectivas para 2019 han pasado a ser un tema central en la agenda comunicacional, y no porque se perciban más promisorias, sino por las constantes alusiones a resultados peores a los esperados. No deja de ser curioso que tanto los políticos como los técnicos que formaron parte del gobierno anterior, con muy malos resultados de crecimiento y empleo formal, se hayan sumado a la ya famosa frase de la ex presidenta Bachelet sobre el “crecimiento debilucho”. Basta decir que en sus cuatro años de gobierno, Chile creció a la mitad del mundo, mientras que en 2018 y 2019 la expansión de nuestra economía será superior al promedio mundial.
Es positivo que en su último IPoM el Banco Central haya puesto paños fríos a este discurso medio depresivo sobre la economía, reconociendo que el PIB crecerá un 4% este año, un punto más de lo que el mismo instituto emisor esperaba el 2017, a pesar de un escenario externo levemente peor a lo que se esperaba en ese momento. También parece positivo que se intente poner más claridad sobre las cifras de empleo del INE, algo peores a lo esperado en relación al dinamismo de la actividad. De acuerdo a lo que muestran otras fuentes de información, el mercado laboral sí estaría respondiendo al fuerte repunte de la inversión, y quedarían por resolver algunos problemas metodológicos de los datos del INE.
Sin embargo, esta discusión sobre la coyuntura, con los habituales altos y bajos del IMACEC, deja de lado un tema bastante más relevante, y sobre el cual el rol de los políticos y de los técnicos es clave: el crecimiento potencial, referido a las perspectivas de desarrollo de mediano plazo, que son las que finalmente importan en el bienestar de la población. Si vamos a ese tema de fondo, muy relacionado con la productividad del capital y del trabajo, deberemos reconocer que tenemos un problema que lleva ya casi dos décadas, y que sólo fue atenuado durante algunos años por el boom de los commodities. Recordemos que esta discusión ya se tenía con fuerza durante el gobierno de Ricardo Lagos, con varias agendas de productividad, que claramente han sido insuficientes para resolver el problema. Incluso el ex ministro de Hacienda de Bachelet, Rodrigo Valdés, hablaba del problema estructural de nuestro sector externo. Sin embargo, el desafío no se tomó en cuenta; por el contrario, tuvimos un gobierno que optó por ponerle una bomba atómica a la productividad a través de una reforma laboral basada en un concepto de lucha de clases, dejando totalmente de lado la revolución tecnológica que vivimos, una reforma tributaria que no sólo aumentó la tributación de las empresas, sino que, mucho más grave, dañó la certeza jurídica en esta materia, y en un discurso ideológico que sólo ponía el acento en los derechos, olvidándose que no puede haberlos sin los deberes correspondientes (el daño se ve en las cuentas fiscales). Lo he dicho muchas veces, y lo mantengo, las reformas del gobierno de Bachelet redujeron fuertemente el crecimiento potencial de la economía, y si el objetivo es que recuperemos cifras de 4% o más hacia adelante, corregir esas reformas y avanzar en otros importantes temas pendientes, es una condición absolutamente necesaria.
Hay que reconocer que el gobierno de Piñera está haciendo esfuerzos serios en esa materia, y si bien es cierto que a algunos nos gustaría que fuera aún más contundente en esos objetivos, muy poco se puede hacer sin el concurso del poder legislativo. Algunos en la oposición dicen que este gobierno comete el mismo error que el anterior al querer aprobar muchas reformas en poco tiempo. Sin embargo, se olvida que es precisamente ese reformismo sin sustento técnico del gobierno anterior el que ahora hace necesario corregir los errores, y mientras antes se haga, mejor para el país. Pero para que eso sea posible, la pelota está ahora en el arco del Congreso, son los parlamentarios los que deben estar disponibles para aprobar, y mejorar en lo posible, las reformas que está intentando hacer el Ejecutivo. (El Líbero)
Cecilia Cifuentes
