Los análisis y las discusiones en torno de la conveniencia y la oportunidad de redactar una nueva Carta Magna han desplazado paulatinamente el foco desde el llamado “estallido social” hacia la discusión de la necesaria modernización del Estado y una “reorganización” institucional. La propuesta de una “nueva constitución” fue iniciativa de las autodenominadas “fuerzas progresistas” en medio de una emergencia sin igual; este sector político y social, cuyos representantes parlamentarios gozan de tan poca aprobación como aquellos del sector contrario, son en general rechazados por una ciudadanía mayoritariamente hastiada de tanto la ineficiencia del estado como del terremoto de una violencia sin precedentes que ha conmocionado al país. Frente a esta casi nula aprobación, el mundo político progresista hace su “ofertón” y pregona como panacea una aventura que el grueso de la sociedad no logra entender cabalmente puesto que se siente confundida, por lo que quedará librada a tomar decisiones desde un genérico ignorar y la manipulación político-partidista.
La catástrofe del momento ha puesto en el horizonte peligros desconocidos por las generaciones desinformadas respecto de la guerra civil de 1891 y sus consecuencias. Suele haber comparaciones y referencias de toda clase al vendaval que produjo el fallido gobierno de la Unidad Popular, aunque llama la atención que en términos generales la figura del anti-héroe Salvador Allende ha salido a relucir escasamente en las manifestaciones insurreccionales. Menudo detalle a registrar por los sectores de la autoproclamada “centroizquierda”, que aprovechó algo sibilinamente el pánico causado por el terrorismo callejero para imponer su añoso anhelo de dar curso a la redacción de una nueva Constitución. Dichos sectores han cometido la increíble torpeza de no condenar decididamente una violencia que en lo fundamental agrede y empobrece principalmente a los estratos sociales que pretenden representar. Las consecuencias pueden ser funestas para ellos.
El asalto en “todos los frentes” contra el orden establecido también ha revelado la extrema degradación política de algunos sectores parlamentarios que, abusando de su inmunidad, han legitimado la violencia extrema y que, recurriendo al pretexto de defender los derechos humanos, han paralizado a un Ejecutivo falto de previsión y carente del necesario valor para también enfrentar las presiones ejercidas desde el exterior por organismos internacionales que manejan argumentos claramente destinados a revertir la democracia liberal en otra de cuño “popular”; un anhelo “internacionalista” que no trepidan en exhibir abiertamente. El caudal de información circulante por las «redes sociales” y la mayoría de los medios periodísticos extranjeros dan cuenta de un connato revolucionario y de actividades sediciosas en Chile que, si bien son ignorados por los “fiscales”, de todas formas hacen la “pega” subliminalmente.
A lo largo de los últimos dos años, una mayoría de chilenos ha puesto claramente de manifiesto su insatisfacción con la provisión de servicios básicos por parte del estado, deficiencias que en gran medida deben atribuirse a la inoperancia de aquel, así como a la consiguiente deslegitimación de las instituciones claves de la República. Es constante el rumor que culpa de ello al “sistema neo-liberal” y resaltan las voces de quienes oponen ingenuamente a éste diversas fórmulas para encauzar el país hacia un estado supuestamente “paradisíaco” pero completamente utópico, cuando no distópico. Pero lo peor ha sido que el clamor de los “movimientos sociales” más moderados por una sociedad de la solidaridad, de valores comunitarios o de una defensa de la ecología natural a ultranza ha sido manipulado por intereses político-ideológicos ajenos al modo de solución de conflictos establecido tras la restauración de la democracia en el país. Dichos intereses no sólo distorsionan las demandas populares, sino que también introducen el germen de un modo de “hacer política” completamente reñido con nuestra idiosincrasia.
Sin embargo, ello no obsta poder afirmar que las semillas de la cizaña fueron plantadas durante el primer gobierno del Presidente Piñera por parte de aquellos que desde su visceral odio a la derecha política comenzaron a dar rienda suelta a su lado oculto, aquel del odio inveterado y la venganza, que solamente pone de manifiesto su profunda incapacidad de aceptar la derrota sufrida en 1973. El verdadero grado de desarrollo espiritual de un pueblo se mide por su capacidad de aceptar las derrotas. La historia del género humano está jalonada de triunfos y derrotas; los primeros pueden ser amargos, las segundas liberadoras, todo depende de las circunstancias. Por otra parte, es comprensible el resentimiento que surge tras derrotas que aniquilan la existencia de toda suerte de agrupaciones humanas, especialmente cuando la parte derrotada es incapaz de aceptar que ésta fue provocada por las falencias propias más que por la superioridad del enemigo. La autoinculpación reprimida y relegada al subconsciente induce desgarro, odio y violencia. La derrota sufrida por la izquierda en 1973 fue extremadamente dolorosa, considerando que por entonces ésta se podría considerar animada por ideales, por sueños y las eternas utopías. Lo de ahora no, su lema es el NO +; carece de líderes visibles, de objetivos palpables, de moral alguna, pero sin duda podemos afirmar que lo de ahora guarda una relación directamente proporcional con el odio y el revanchismo generado por la derrota de la UP.
Dicho lo anterior, no se puede tampoco pasar por alto que los más de tres meses de insalubridad moral también han puesto de manifiesto el carácter irreconciliable entre las posturas de las derechas y aquellas de las diversas izquierdas. El ideal de la libertad personal de las primeras puede considerarse cada vez más difícil de conciliar con aquellas de agrupaciones de izquierda que rechazan de plano semejante libertad y el sistema democrático que las ampara. Es iluso pensar que el Partido Comunista y buena parte del llamado Frente Amplio, además de los numerosos sectores radicalizados del PS juegan con las reglas de la democracia como las entiende el sector al que demonizan. Es iluso pensar que, en un Congreso Nacional, aquellos que representan a la “izquierda dura” se atengan honestamente a las reglas democráticas y, por tanto, institucionales. Si lo hacen será por lo conveniente que les parece exhibir la punta de su iceberg y no pasar al olvido. Hoy por hoy todos buscan una cámara a la cual hablar, interesante factor que ha llevado a que la gran mayoría de los políticos, aquellas personas que elegimos para que representen nuestros intereses en el Poder Legislativo, prefieran mejor dialogar con una cámara que con sus adversarios.
Los egos humanos se han convertido en los verdaderos monstruos que nos someten y exponen a situaciones como las que vivimos. Cabe preguntarse si algunos de los “honorables” que destacan por las barbaridades que propalan tendrían voz y voto si no existiera la insaciable avidez comunicacional de dar publicidad a estos “padres del escándalo”. La angustia por no estar “en cámara” es peor que un contagio viral para los políticos del día. Y en este sentido debemos llamar a la prensa seria a meditar en torno de lo que de verdad está en juego. Debemos llamarla a escribir y, sobre todo, a grabar, registrar e irradiar hechos concluyentes y no poses egocéntricas, absteniéndose de excederse en los sesgos ideológicos, de los cuales por de pronto no está libre ningún ser humano. Pensamos que es responsabilidad de los medios fomentar con claridad la necesidad de reflexionar, de pensar. No basta con que pensemos los que formamos parte de la denostada élite. Es todo Chile el que debe pensar.(El Líbero)
Martín Bruggendieck
