Considerando su deficiente regulación, dicha Convención aumentaría tanto la frustración de expectativas ciudadanas como la incertidumbre institucional. Por ejemplo, las inhabilidades para los convencionales o la publicitada paridad, hasta ahora solo aplican íntegramente a la otra Convención. Piénsese, además, en los incentivos perversos para la negociación cruzada. ¿Qué discusión libre habrá si quien delibera sobre la Constitución también debe —por mencionar un caso— aprobar la Ley de Presupuesto?
Pero aun cuando todo ello lograra regularse mejor antes del plebiscito (¿hay alguna posibilidad?), conviene recordar que la composición del Congreso actual es cualquier cosa, menos favorable para la coalición gobernante. ¿Por qué asumir a priori la actual correlación de fuerzas parlamentarias en el eventual órgano constituyente? ¿Acaso es el mejor escenario al que puede aspirarse?
Con todo, la principal dificultad va por otro lado. Una de las mayores preocupaciones de los sectores de centro y derecha es que, en caso de ganar el Apruebo, tal órgano respete sus atribuciones, sin extralimitarse ni concentrar en él todo el debate político. Pues bien, para ello es indispensable que el Congreso Nacional funcione en la forma más adecuada posible. Pero, ¿qué ocurrirá si la mitad de los diputados y senadores están dedicados a discutir el nuevo texto constitucional? Quienquiera que se tome en serio los frenos y contrapesos advierte dónde estarán los incentivos en caso de despoblarse el Congreso.
En suma, la pregunta es inevitable: ¿por qué el oficialismo habría de casarse con un órgano constituyente a todas luces inconveniente? Quizá todavía hay tiempo para enmendar. (El Mercurio Cartas)
Claudio Alvarado R.
Director ejecutivo IES
