Se sienta, revisa unos papeles y se prepara para responder preguntas. La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, en su oficina en el Ministerio de Justicia, aborda el debate que se ha generado respecto a la decisión de la Corte Suprema de otorgar libertad condicional a presos de Punta Peuco.
Se generó una polémica respecto a la decisión de la Corte Suprema de otorgar libertad condicional a reos de Punta de Peuco, y la oposición ha levantado una acusación constitucional en contra de ministros de la corte. ¿Qué le parece eso?
Respecto de la acusación constitucional de los parlamentarios no nos podemos pronunciar, corresponde a una atribución autónoma del Poder Legislativo.
Y la determinación de la corte, que implicó un cambio de criterio, ¿cómo la evalúa?
Acá es importante lo que el Ejecutivo ha estado dispuesto a conocer a partir de la reapertura de un proyecto de ley que está en comisión mixta, donde el Ejecutivo ha planteado la posibilidad de estudiar de qué manera nuestra normativa puede incorporar los principios del Estatuto de Roma.
¿Por qué el gobierno pasó de tener una postura de respetar a la corte a presentar una propuesta en la materia?
Una cosa es pronunciarse sobre las resoluciones judiciales y su contenido, y otra cosa es en nuestro rol como Ejecutivo de colegislador discutir en una comisión del Congreso respecto de un proyecto de ley.
¿Deberían tener más exigencias los condenados por delitos de lesa humanidad?
Hoy tienen más exigencias; no por lesa humanidad, porque nuestra legislación no considera el tipo de lesa humanidad, porque esto fue ratificado en Chile a partir de 2009, pero hoy los delitos más graves tienen condiciones más exigentes (…). Lo que estamos discutiendo hoy es ver de qué manera, para el futuro, cambiar las distinciones entre delitos de lesa humanidad y delitos simples.
¿Cree que el arrepentimiento debería ser una condición?
A mí no me parece que el arrepentimiento pueda estar considerado dentro los requisitos para cumplir de otra forma la pena, porque, además, tampoco está considerado en ninguna norma de derecho internacional, en ninguna obligación que el Estado de Chile haya asumido ni ningún otro país, porque no existe una recomendación en torno a al arrepentimiento y en cuanto a qué podría considerar o qué sentido alcance puede tener ese arrepentimiento.
¿Se están realizando cambios al Plan de Derechos Humanos que dejó la expresidenta Bachelet?
Desde que asumimos, la primera decisión que tomamos fue mantener el plan de DD.HH., que había elaborado el gobierno anterior, valoramos el ejercicio que se hizo (…). El plan está andando, pese a que la Contraloría no termina de tomar razón del decreto que aprueba el plan (…) esto muestra y, para nosotros es señal, que para nuestro gobierno el tema de derechos humanos es un tema de Estado y no del gobierno de turno.
¿Pero hay cambios al plan de la expresidenta?
La presidenta todavía no ha dejado nada, porque su decreto supremo no está tramitado. Efectivamente hay 15 capítulos, con 50 temas y 634 acciones. Ninguno de los capítulos va a ser modificado, ninguna de las metas generales va a ser modificada (…) De esas 634 acciones, hay muchas que pueden verse modificadas en el sentido de que no corresponden a la subsecretaría o al servicio que está a cargo.
¿Qué se hará ahí?
Se van a modificar, se van a cambiar de espacio digamos, de asignación respecto de quién es la institución responsable (…) Las acciones que están vinculadas al capítulo de migraciones, evidentemente tienen cambios en su redacción, no así en las metas, en términos de cuál es el objetivo final, las obligaciones internacionales en las cuales el Estado está comprometido, porque una de las primeras cosas que hizo este gobierno fue generar un proyecto de ley y un plan nuevo en términos de una agenda de migraciones distinta.
Entonces, ¿igual habrá cambios en el contenido?
Va a haber cambios de redacción, de contenido en términos de si amplían o se reducen, cambios respecto de la institucionalidad responsable, donde sí van haber cambios, alrededor de 100 indicadores de los 943 (…) Dentro del capítulo de la protección de los adultos mayores (revisa un papel) hay una acción de un proyecto de ley que crea nuevo ahorro colectivo y que aumenta la cobertura del sistema de pensiones, y luego dice que el indicador es ponerle urgencia al proyecto de ley que termina con las AFP. Esa acción y ese indicador es de un programa de gobierno, no de derechos humanos en términos de poder medir cumplimiento.
Entonces, ¿se va adecuar el plan al programa del Presidente Piñera?
Este caso específico que le acabo de señalar ocurre con 15 medidas de las 634, hay 15 que el indicador señalado respecto de esa meta nosotros consideramos que no es un indicador de derechos humanos, sino de un programa de gobierno. Así como nosotros no pondremos indicadores de programa de gobierno, tampoco los mantendremos.
¿Se está trabajando en alguna iniciativa para compensar el retiro del proyecto de ley que reparaba a víctimas de violaciones de derechos humanos?
En este momento no está siendo evaluado la reposición del proyecto de ley como tal. Sí estamos evaluando qué acciones el Estado puede realizar en materia de reparación integral, lo que no significa necesariamente reparación económica.
La presidenta de la Comisión de DD.HH. del Senado, Adriana Muñoz, y su par de la Cámara, Carmen Hertz, cuestionaron la agenda de DD.HH. del gobierno y aseguran que se ha invisibilizado.
A mí me parece que cuando tenemos un gobierno cuya agenda de infancia está puesta en el primer lugar de la atención pública, la agenda de mujer y equidad de género está puesta también entre las prioridades, la agenda de migrantes está dentro de las prioridades, y la del adulto mayor está puesta entre las prioridades. Uno no puede decir que este gobierno haya invisibilizado la agenda de derechos humanos. (La Tercera)
*Esta entrevista fue realizada el martes 7 de agosto, antes de que se conocieran las declaraciones del nuevo ministro de las Culturas, Mauricio Rojas, criticando al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
