Han pasado seis meses desde que el fiscal nacional Jorge Abbott, tras analizar las explicaciones que daba Karina Oliva en la televisión sobre sus cuestionados rendimientos de gastos de campaña, decidió abrir de oficio una investigación penal en contra de la ex candidata al Senado y a la Gobernación de la RM, lo que se vio reforzado -luego- por una denuncia del propio Servicio Electoral (Servel).
La causa penal fue asignada a la Fiscalía Sur y hoy será su edificio -emplazado en la Gran Avenida José Miguel Carrera- el escenario en que se concretará una importante diligencia: la declaración de la ex militante del Partido Comunes en calidad de imputada de fraude de subvenciones.
“Karina da la cara”, fue su lema de campaña cuando estuvo a punto de quedarse con el sillón de la Gobernación de la Región Metropolitana. Y hoy, eso -dicen sus cercanos- es lo que hará ante el Ministerio Público.
Acompañada por su abogado Juan Carlos Manríquez, la también ex aspirante al Senado decidió renunciar a su derecho a guardar silencio y someterse al interrogatorio del fiscal de Alta Complejidad Milibor Bugueño. Éste último fue quien recurrió ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para alzar el secreto bancario de las cuentas de Oliva, obteniendo una orden judicial que le permitió durante estos meses analizar las finanzas de la imputada y también de su ex administrador de campaña Martin Miranda.
A las 15:30 horas está agendada la diligencia en que también podría estar presente el fiscal regional de la zona Sur, Héctor Barros, dada la importancia de este interrogatorio. En éste, la ex militante de Comunes deberá explicar situaciones que fueron denunciadas en sus declaraciones por los propios funcionarios del Servel. Uno de ellos es el contador auditor Miguel Ángel Baeza, quien revisó sus cuentas y le hizo 32 observaciones. “(Éstas) generalmente eran por asesorías o boletas de honorarios abultadas, mismo prestador de servicios en las dos elecciones, además que en la elección son 3 meses de campaña y en la segunda vuelta es un mes, se rendía un monto mayor incluso que la primera vuelta, siendo que el periodo de campaña es más acotado”, recordó.
El mismo funcionario declaró también ante el Ministerio Público que “algo que me llamó la atención fue que los fondos estaban compuestos por aportes privados, públicos y valorizaciones. En primera vuelta, doña Karina Oliva tuvo alrededor de 1 millón de pesos de aportes privados y fue a consumir cerca de 300 millones, en la segunda vuelta fue lo mismo, tuvo aportes privados cercanos a los 970 mil o un millón de pesos y consumió cercano a los 300 millones nuevamente. Considerando que en segunda vuelta el periodo de campaña son 20 o 25 días. Me llama la atención que hubo la misma forma de operar en ambas elecciones muy poco aporte privado, mucha solicitud de reembolso tanto por facturas pendientes de pago como por mandato de Banco Estado, y cifras similares, siendo que la segunda votación es de 1 mes y la primera de 3 meses, sumando a que se repetían proveedores en ambas vueltas por servicios con montos elevados”.
Una de las interrogantes también gira en torno a situaciones que la propia ex candidata del Frente Amplio ha planteado en otras instancias como ante el tribunal supremo del Partido Comunes. Ante esta instancia, sostuvo, que “quienes promueven la denuncia en mi contra recibieron financiamiento irregular en sus campañas” y en una de sus reposiciones también advirtió sobre la petición de incluir en su rendimiento de gastos “facturas que no correspondían a mi campaña, sino que a la de un candidato a las primarias del 18 de julio del año 2021, a lo que me negué tajantemente”.
El abogado de la ex aspirante al Congreso, Juan Carlos Manríquez, confirmó que Oliva va a renunciar al derecho que le asiste de no declarar y se someterá a todas las preguntas que le hagan.
“Esperábamos hace bastante tiempo esta diligencia que habíamos ofrecido, incluso, voluntariamente, ya que durante estos meses hemos aportado antecedentes para esta investigación y esperamos que sea una diligencia fructífera, con detalles, que lleve a un pronto esclarecimiento de las denuncias iniciales para poder pedir en el corto plazo poder pedir el sobreseimiento definitivo y total de la señora Karina Oliva”.
«DESPROLIJIDADES ADMINISTRATIVAS»
