Una serie de recriminaciones enfrenta la constructora Galilea S.A., luego de que parte importante de uno de sus proyectos estrella en la Región del Maule, el Parque Zapallar, ubicado en la zona oriente de Curicó, resultara completamente anegada luego del último temporal, producto de la crecida del estero Guaiquillo, ubicado a pocos metros de las viviendas. La constructora es propiedad de la familia de Rodrigo Galilea, exintendente y actual senador por Renovación Nacional, partido político que pretende dirigir, luego de las elecciones internas de la semana pasada, en las cuales la lista que encabeza obtuviera el 32% de los votos (frente al 39% de la que lidera la senadora Paulina Núñez).
En declaraciones formuladas a Radio Bío Bío, el alcalde de la comuna, Javier Muñoz (DC) aseveró que la edificación de las viviendas, cada una de las cuales tiene un valor que oscila entre 4.000 y 5.000 UF, se hizo transgrediendo las normas, pues algunas de ellas fueron levantadas “sobre suelos nacionales de uso público”, motivo por el cual se revocó la recepción de las mismas y no solo eso: una investigación de la Contraloría terminó con la destitución del antiguo Director de Obras Municipales, Carlos Figueroa, acusado, entre otras cosas, haber otorgado permisos fuera de norma en ese sector.
Como consecuencia de ello, por medio de un decreto alcaldicio emitido en febrero de 2022 se anularon los permisos de construcción de 31 viviendas, debido a que las zonas donde están emplazados los loteos Parque Zapallar A y B son lugares en los cuales deberían existir calles y áreas verdes, de acuerdo con el plano regulador de la comuna. En otras palabras, no deberían haber estado en los lugares donde se emplazan, que se anegaron en las últimas horas. Pese a ello, no se ubican en una zona con riesgo de inundación, la cual sí está detallada en el plano regulador de la comuna, pero comienza un par de kilómetros más al sur.
Por cierto, dicho plano fue publicado en el Diario Oficial el 05 de agosto de 2011 y lleva la firma del entonces Intendente de la Región del Maule, el actual senador Rodrigo Galilea.
Menos de cuatro años después, sin embargo, Galilea S.A. comenzó a levantar las casas en dicho sector, pero la infracción al plan regulador, dijo Muñoz a la misma emisora, “se evidenció cuando ellos quisieron pedir las recepciones de obras a la municipalidad y ahí topamos y empezamos con una controversia que hasta el día de hoy se ha mantenido en cierta forma latente”.
Por su parte, el vocero de los vecinos del sector, Marcelo Gallardo, aseguró a VLN Radio que las construcciones contravienen el plano regulador y que algunas de las viviendas están a 10 metros del agua, por lo cual están analizando presentar acciones legales en contra de la compañía.
LA DEFENSA DE GALILEA
Respecto a esta empresa, el parlamentario señaló por medio de su oficina de comunicaciones que la empresa cuestionada “viene desde 1981, fundada por un tío y mi padre. Mis participaciones son indirectas y están debidamente detalladas en mi Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP). Es importante aclarar que no trabajo en la empresa desde 2010, es decir, hace 13 años atrás”, lo que coincide con su primera incursión en política, cuando fue designado intendente por el expresidente Sebastián Piñera.
Respecto del caso de las casas del Parque Zapallar, señaló que “no tengo antecedentes del proyecto”, agregando que “asumo que todo está construido con los permisos debidamente otorgados por la Municipalidad de Curicó, como asimismo está todo debidamente recibido por el Serviu y la municipalidad.
Lo anterior es concordante con lo señalado por Galilea SA en su página web, en la cual señala, a raíz de las denuncias, que la empresa “ha desarrollado el Proyecto Parque de Zapallar dentro de los límites vigentes del plan regulador comunal de Curicó, específicamente en la zona ZU-10, la cual permite expresamente la construcción de viviendas y no contempla ningún tipo de restricción”.
En ese sentido, aseveran que “de acuerdo con lo anterior, el proyecto Parque de Zapallar cuenta con todos los permisos y autorizaciones tanto municipales como del resto de los servicios públicos que participan en este tipo de desarrollos”, sin mencionar, sin embargo, el decreto 699 exento, que inició el proceso de invalidación de los dos loteos ya indicados.
CÓDIGOS DE AGUA
En el marco de una discusión el 2020 por el Código de Aguas, el senador por el Maule omitió que a través de múltiples entidades que integra, declara poseer una treintena de derechos de aprovechamiento de aguas.
El punto que no se discute o el dato relevante que se omite al fragor de este debate son los intereses concretos que tanto empresas en las que el senador por El Maule participa directamente como su familia, tienen con el mercado del agua.
De acuerdo al portal Infoprobidad (www.infoprobidad.cl) de la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia, su nombre aparece vinculado en 13 sociedades y empresas en Chile, tres de las cuales tienen en total 29 derechos de agua: Inversiones Inmobiliarias Limitada (Filial de Inversiones Frutillar Limitada), Agrícola y Comercial El Volcán S.A. y Galilea S.A. de Ingeniería y Construcción (filial de Inversiones Inmobiliarias Limitada). En ellas concentra la mayoría de sus derechos consuntivos, entre subterráneos y superficiales.
Lo anterior se suma, a la disputa que se generó luego de una de sus empresas (Los Volcanes S.A.) cerrara un camino ancestral, en la Región del Maule, de lo cual informó El Mostrador, se suman las denuncias en contra de las fallas en viviendas levantadas por la empresa en Curicó, Los Angeles y Melipilla, luego del terremoto de 2010, así como la participación del grupo en el negocio del agua, por medio de Aguas San Pedro, parte importante del cual fue vendido el año pasado a un grupo saudí, negocio del cual la DIP del senador Galilea también asegura que ya no tiene participación alguna.
A todo ello se suman las multas que se han cursado en Perú, por fallas constructivas, según denunció El Dínamo.
El Presidente de la Fundación Defendamos la ciudad, Patricio Herman, sostuvo que se trata de un proyecto ilegal. “El senador tiene que asumir su responsabilidad pecuniaria, con la nueva ley nadie se salva, la empresa constructora debe pagar. Va a tener que meterse las manos al bolsillo y pagar las indemnizaciones”. (El Mostrador)
