Durante las últimas semanas la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha efectuado dos acusaciones de “interlocking” contra conocidas empresas y directivos chilenos. Los afectados han declarado no haber cometido ninguna falta legal en la materia. Más allá de si sus actuaciones constituyen o no un atropello a las normativas existentes, cuestión que, casi con seguridad, tendrán finalmente que dirimir los tribunales de justicia, parece valioso comprender por qué, desde un punto de vista ético, se le considera en general una mala práctica.
Una definición de diccionario, en español, para “interlocking” sería: que se entrelazan, que se traban. Esta figura se constituye cuando hay un vínculo entre dos empresas competidoras, que se produce cuando éstas comparten directa o indirectamente personas en sus cargos ejecutivos relevantes o en sus directorios. Obviamente, su forma más directa se observa cuando una persona ejerce dichos cargos en dos empresas competidoras.
Se podría argumentar, especialmente para el caso de los miembros de directorios, que el hecho de que alguien sea parte de ellos en empresas que compiten total o parcialmente no constituye una falta moral en sí misma. Que esta última podría llegar a ocurrir, o no, dependiendo de las conductas que estos personeros sigan en cada uno de dichos órganos de gobierno empresarial. Sin embargo, resulta evidente que esta situación pone a las personas y a las respectivas organizaciones involucradas en posición de inminente riesgo moral. Con el agravante, además, de que es difícil determinar si efectivamente se están o no cruzando las líneas que deslindan la rectitud de la incorrección.
¿Cuáles son las faltas éticas que el “interlocking” genera por su sola ocurrencia? Primera, el posible uso indebido de información confidencial o privilegiada para beneficio ilegítimo de una de las empresas en desmedro de otra o de ambas en detrimento de clientes, proveedores u otros actores. Esta última alternativa, se liga directamente a la eventual comisión de otra mal praxis. Se trata de la colusión entre competidores contra terceros que, con frecuencia, terminan siendo los consumidores, pero puede afectar también a otros “stakeholders”. Resulta evidente que los escenarios descritos configuran, ya a priori, una tercera anomalía moral: la presencia de conflictos de intereses potenciales que, en cualquier momento, pueden dejar de serlo y pasar a verificarse de hecho.
Por las razones éticas expuestas -hay además otras de diferente naturaleza- el “interlocking” ha llegado a ser considerado una mala práctica de gobierno corporativo que, por lo mismo, se recomienda evitar conscientemente a la hora de armar directorios, contratar directivos y acudir a ciertos servicios de consultoría o asesoría. Siendo el parámetro ético normalmente más exigente para las conductas que la criba legal, parece altamente prudente atenerse a sus enseñanzas y no esperar que la aplicación de la ley fuerce a considerarlas. (El Líbero)
Álvaro Pezoa
