Intensas semanas en la vida política del país. El lunes 11 de enero se inscribieron unos 22.500 candidatos para las elecciones de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores. Posteriormente, el Servel ajustó esa cifra a unos 18.000 candidatos, por cuestiones legales y de cumplimiento de normas que algunos no habrían efectuado en primera instancia. En todo caso, la cifra es enorme y ratifica el interés, al menos de los candidatos, por participar. Sobre todo la variada expresión de aquellos que postulan a la constituyente que consta desde profesionales, artistas, modelos, ex deportistas, ex periodistas de TV, ex parlamentarios, ex autoridades, entre otros. Los partidos políticos han optado por buscar fórmulas sobre la base de personas conocidas en distintos ámbitos, dada la magnitud del número de candidatos y la confusión que se producirá entre los votantes, por ese abultado volumen.
Sin embargo, se pueden desprender algunas conclusiones de esta inscripción, como su efecto en los resultados finales, sobre todo en los constituyentes que resulten elegidos, quienes redactarán la nueva carta fundamental. La centroderecha logró presentar una sola lista, incluyendo a republicanos, lo que en el actual sistema electoral les dará una ventaja por el arrastre que producen las listas más votadas. Esto fue lo que permitió, por ejemplo, obtener una gran cantidad de diputados al FA, llamados del 1%, por la baja votación con que fueron elegidos. Las listas de la oposición son al menos 4, más una gran cantidad de independientes que dispersarán aún más los votos de esa coalición.
El principal efecto de aquello será que el oficialismo podrá elegir más asientos en la convención constitucional, sin que necesariamente tenga la mayoría de los votos, lo que ha causado escozor entre los que apoyaron este sistema electoral y que ahora se les vuelve en contra por no haber sido capaces de conformar listas unitarias. Porque la razón de su unión no se basa en principios doctrinarios, sino más bien su animadversión a la actual presidencia de la República, la que han intentado desestabilizar en los últimos meses en reiteradas oportunidades. Son las reglas aceptadas por todos los convocantes del llamado Acuerdo por la Paz del 14 noviembre de 2019 las que tendrán que honrar para preservar la democracia.
El otro misterio que aún no ha sido develado es qué ocurrirá con las autoridades que serán elegidas en noviembre, Presidente de la República y Parlamento, cuando aún no haya sido propuesta una nueva Constitución (lo que probablemente ocurrirá). Es decir, las máximas nuevas autoridades tendrán un marco institucional que podría ser removido y los programas institucionales perder validez. Esta situación es solo el reflejo de la irresponsabilidad del gobierno y Parlamento de lograr un acuerdo con un diseño de dudosa viabilidad y que añade una cuota no menor de incertidumbre a nuestro país. Veremos si en el futuro los gobernantes más los congresistas asumen la responsabilidad de lo que hicieron.
En el plano económico, los cálculos para el Imacec de diciembre, que serán publicados la primera semana de febrero, parecen confirmar que durante ese mes la economía volverá a tener una caída entre -1% y -2%, básicamente por la trayectoria del sector servicios, el cual es el más afectado por las medidas de restricción de actividad impulsado por las autoridades para combatir un empeoramiento de las condiciones de contagio de la pandemia en nuestro país.
La proyección de caída del PIB durante 2020 es cercana al 6,5%. Las proyecciones más optimistas se acercan a un crecimiento del 5% durante 2021. Lo mismo ocurre con la inversión, que agregando la caída cercana al 15% durante 2020, tendría una recuperación de solo 8% durante este año. Ambas cifras de 2021 favorecidas por la baja base de comparación del año anterior, y empeoradas por la incertidumbre que se acumula por muchos meses a causa de la inestabilidad política. Es decir, la economía no recuperará los niveles de actividad que tenía antes del llamado estallido social, lo que deteriorará significativamente la recuperación del empleo de calidad. (El Líbero)
Alejandro Alarcón
