«Debe existir siempre autonomía de funciones. Lo que a un poder del Estado le está permitido, no le está permitido al otro (…) Cuando se cuestiona el contenido de la sentencia, se está influyendo, sobre todo por la posibilidad de que se haga de forma sostenida, en el funcionamiento del sistema».
De esta forma, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se refirió por primera vez a la acusación constitucional presentada por algunos diputados de oposición en contra de tres ministros del máximo tribunal, luego de que estos fallaran a favor de entregar libertad condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad.
El sustento jurídico de la acción parlamentaria está siendo revisado por la comisión de la Cámara de Diputados para determinar si se visa o no el libelo.
Ante esto, Brito insistió en que «estamos frente a un problema de autonomía. Una situación que sencillamente dificulta el desarrollo de las instituciones públicas y entes públicos», y agregó que con dicha acción lo que «resulta afectado es la garantía de los ciudadanos a un tribunal completamente autónomo».
Por lo que sostuvo: «Confiamos ciertamente en que esta acusación, en definitiva, no prospere (…). No puede operar bien un sistema en el que todos los órganos del Estado se están atribuyendo tener el criterio final y veraz sobre lo que está en discusión».
ACUERDOS INTERNACIONALES
Consultado si es que considera que con el fallo de los supremos cuestionados, Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller, se respetaron acuerdos internacionales, Brito señaló que «ciertamente el derecho internacional entrega una serie de criterios». Pero, continuó, «son fundamentalmente criterios vinculados a la ponderación de la decisión que se va a optar, de tal suerte que ahí hay mucho que trabajar ciertamente, pero es una cuestión de ponderación».
«Las normas ahí no nos están ayudando mucho porque no nos están entregando reglas, pero sí criterios para resolver estas cuestiones (…). No es una cuestión personal de quien esté o no en la sala, eso es una cuestión del trabajo que debe hacerse por jueces y los ministros al momento de resolver«, recalcó.
TERCERA INSTANCIA Y CUESTIÓN JURÍDICA
Respecto a si cree que con este tipo de acusaciones por parte de la Cámara, esta última se transforma en una suerte de tercera instancia judicial, el líder de la Corte Suprema comentó que «si esto se reitera, la expresión segunda instancia, tercera instancia, es bastante decidora».
«Entiendo por dónde va, es una frase fuerte. Indudablemente yo confío que en este juego de posiciones dentro de los órganos del Estado, esto pueda ser resuelto. Yo confío en que eso no vaya a ocurrir, una tercera instancia. Pero sí es importante que cada uno de los órganos del Estado funcione dentro de las esferas de sus atribuciones», añadió.
Seguido de eso, Brito aclaró que «el tema de los derechos humanos es una cuestión que cruza toda nuestra sociedad. No es fácil para las víctimas entender el otorgamiento de beneficios en esta materia, eso no es fácil«. «Ahora, de lo que estamos hablando es una cuestión de orden jurídico, pero lo otro yo creo que tiene muchísimo valor también. Nosotros no representamos lo que significa la expectativa de la sanción, de tal suerte que entendemos lo que significa entender que la sanción en definitiva no será aplicada, pero esa no es una cuestión jurídica», concluyó. (Emol)
