La gratuidad universal en educación superior quedó relegada a un futuro imaginario, y en su lugar centró el beneficio en los estudiantes que pertenecen a las familias más vulnerables, lo que muestra realismo y prudencia. Sin embargo, el proyecto de reforma de la educación superior propone medidas que sólo tienen sentido para el funcionamiento en ese régimen de muy largo plazo, introduciendo dificultades y riesgos innecesarios en los plazos realistas, o si se quiere, en la larga transición y que son contrarios incluso con los propósitos declarados del proyecto, particularmente en inclusión.
Así, el proyecto establece que la elegibilidad institucional para la gratuidad requiere que ésta se someta a la fijación de aranceles. Sabemos que la fijación de aportes por alumno es equivalente a la fijación de aranceles con gratuidad universal. Sin embargo, someter a que en “la transición” la institución deba cobrar a todos sus alumnos aranceles fijados es innecesario y arriesga a que muchas, particularmente las que más necesitan dar pasos para una integración social, se marginen definitivamente del proceso.
Instituciones que hoy participan de la gratuidad experimentan déficit por cada alumno beneficiario, pues el aporte no cubre el arancel. Aún así, algunas participan y están interesadas en incorporarse a la gratuidad pues la inclusión es un criterio de calidad crecientemente reconocido, pero requieren que el déficit sea acotado, restringido. Sin embargo, si ese déficit se incrementara porque debe aplicarse un arancel (deficitario) a todos los alumnos, que de hecho no son objetivo de la política, crece la probabilidad que instituciones se marginen de la gratuidad y con ello se produzcan menores grados de inclusión.
La consecuencia de la exclusión de instituciones de la gratuidad genera un efecto segregador en dichas instituciones, pero también en las que participan de la gratuidad. Las que la suscriban recibirán más alumnos beneficiarios, pero en el conjunto, también contribuyen a una mayor segregación global. No es justo, y más claro, es inconsistente con el propio objetivo declarado por el gobierno y suscrito por amplios sectores, promover políticas que sabemos, concentrarán a los alumnos vulnerables en unas instituciones y los no vulnerables en las otras.
Abordar el riesgo de exclusión y segregación del sistema podría partir por no hacer nada. De hecho, las instituciones más selectivas, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, y otras nuevas, han dado pasos importantes para aumentar la inclusión en los últimos 10 años. Pero incluso dentro del marco del proyecto sí se pueden introducir cambios virtuosos, que parten por aceptar que no es necesario fijar aranceles para los alumnos no beneficiarios, máximo cuando hay herramientas a la mano, y un proyecto de ley en el Congreso, que acota el alza de aranceles para los todos los alumnos, sin necesidad de recurrir a su fijación. Complementariamente, si los aportes por gratuidad son insuficientes,permitir que las instituciones definan los cupos por gratuidad, en la línea de los inicios de la implementación del CAE, resolverá el problema de exclusión y reflejará cuán profundamente trabajan las instituciones en una senda de inclusión. (La Tercera)
Ricardo Paredes
