El ex comandante en jefe del Ejército, general (R) Juan Miguel Fuente-Alba, afirmó que es “inocente” de las acusaciones de enriquecimiento ilícito y que lo probará en los tribunales.
En una declaración pública, la primera desde que se destapó el caso, el oficial en retiro aseguró que “se ha abierto una investigación en mi contra a partir de un cúmulo de informaciones falsas”.
“Señalo categóricamente que soy inocente. Jamás he hecho mal uso de los recursos fiscales”, añadió.
“Mi patrimonio es fruto de 44 años de servicio, del trabajo de mi familia y lo he obtenido legítimamente. Así lo demostraré ante los tribunales de justicia del país y en todas las instancias que correspondan”, concluyó Fuente-Alba.
Fuente-Alba es investigado por la Fiscalía Centro Norte por un eventual enriquecimiento ilícito. Según versiones de prensa, acumuló un patrimonio superior a los 3.000 millones de pesos.
DECLARACIÓN DEL EJÉRCITO
El Ejército emitió una declaración pública de 7 puntos en la que responde a las “informaciones dadas a conocer a la opinión pública y que hacen alusión a diferentes personas que ocuparon cargos dentro de la Institución”, en referencia al ex comandante en jefe, general (R) Juan Fuente-Alba.
En la nota, la entidad castrense afirma que bajo ninguna circunstancia ampara situaciones que puedan ser constitutivas de delitos y que las denuncias serán investigadas, sin importar quiénes sean los presuntos autores.
La declaración señala textualmente:
1. El Ejército de Chile es una institución fundamental de la República, con cerca de 206 años de existencia, en la cual han servido, a través de su historia, miles de compatriotas con la certeza de contribuir a la defensa y al desarrollo del país.
2. Tal es el caso de quienes hoy sirven en la Institución, desde Putre a la Antártica chilena y en operaciones de paz en el extranjero, desarrollando con su presencia, soberanía, cooperación y ayuda a quienes lo han requerido.
3. Ellos, al igual que la mayoría de los ciudadanos del país, son personas honestas e inspiradas en sentimientos de servicio público, cuyo juramento de compromiso a la patria les lleva, incluso, a ofrendar sus vidas si fuera necesario. Por tal razón, no resulta justo, bajo ningún punto de vista, buscar una asociatividad con el total de sus integrantes o pensar que puede ser un proceder generalizado, cuando algunos de ellos están siendo investigados por la justicia por acciones que obedecen a comportamientos estrictamente personales, los que, de comprobarse, se apartarían absolutamente de los códigos de conducta que sustentan nuestra ética profesional.
4. Es por ello que se afirma, enérgicamente, que bajo ninguna circunstancia se amparan situaciones que puedan ser constitutivas de delitos. Sin embargo, la Institución es respetuosa del derecho de presunción de inocencia de las personas involucradas y reitera que son los Tribunales de Justicia los responsables de investigar y esclarecer los hechos que se pongan en su conocimiento y, consecuentemente, adoptar las medidas que corresponda.
5. El Ejército de Chile, además, manifiesta su preocupación por la acción encubierta de presuntos integrantes de la Institución, quienes han declarado conocer antecedentes que podrían constituir faltas o delitos. Si resultan ser miembros activos, tienen la obligación legal de poner los antecedentes en conocimiento de la justicia. Este tipo de conductas daña gravemente la disciplina militar, atributo esencial y fundamental para el desarrollo de cualquier actividad militar, consagrado en las leyes y reglamentos vigentes.
6. De existir denuncias al interior de la Institución, ellas serán investigadas y aclaradas con la debida responsabilidad y prontitud, sin importar quiénes sean sus presuntos autores, ya que es el Ejército el más interesado en que se esclarezca cualquier situación irregular.
7. Finalmente, el Comandante en Jefe, General de Ejército Humberto Oviedo Arriagada, máxima autoridad institucional, ha colaborado permanentemente con la justicia –como corresponde en un estado de derecho– y cada vez que ha sido requerido, ha remitido oportunamente los antecedentes solicitados a los organismos competentes y está empeñado en reforzar una abierta cultura de transparencia, evidenciada en una serie de iniciativas que dan cuenta de ello, como también en erradicar definitivamente este tipo de situaciones, que dañan la confianza de las personas con una institución fundamental de la República y que es de todos los chilenos.
REPORTE DE CASINO
Esta mañana sesionó la comisión investigadora por fraude en el Ejército, encabezada por el diputado DC Jaime Pilowsky, quien indicó que hoy el asesor legal de Casino Monticello aseguró que informó, mediante reportes a la Unidad de Análisis Financiero, de 15 transacciones en efectivo entre el 2011 y 2014, relacionados con personal del Ejército.
«El cabo Cruz apostó en el casino 2.400 millones de pesos, su pareja también apostó y juntos, el monto llegaba a 2.700 millones entre los dos», precisó el parlamentario, quien agregó que «nuestra pregunta hoy era el mecanismo de control del recinto para la entrega de información a las unidades competentes».
Tras esta situación, Pilowsky precisó que «vamos a citar a la Unidad de Análisis Financiero, porque acá hay una contradicccion, el casino dice que sí hizo reportar estas operaciones en efectivo, pero la Unidad de Análisis Financiero tiene carácter de secreto en algunos puntos, pero acá se ha dado una información que queremos contrarrestar».
En cuanto al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, indicó que «es el único que no asistido a la comisión, y queremos darle una nueva oportunidad (…) él mismo ha dicho que está dispuesto a entregar todos los antecedentes a los organismos pertinentes y quiero decirle que esta comisión es un organismo pertinente y espero que el 16 de mayo asista a dar cuenta no solamente del abultado patrimonio siendo funcionario público».
Por otro lado, indicó que ayer la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados votó en general un proyecto de ley que pretende publicar la Ley Reservada del Cobre, «porque creemos que no hay ninguna norma que ponga en riesgo la seguridad de la Nación».
REUNIÓN DEL ALTO MANDO
Fue a las 16.00 de ayer que el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, reunió a su alto mando en el edificio Ejército Bicentenario. Frente a ellos estaban cerca de tres mil hombres, que a través de una videoconferencia, serían parte de una conversación con el general para conocer la posición sobre las investigaciones que las afectan actualmente como el fraude relacionado con la Ley Reservada del Cobre, que asciende a más de $ 5 mil millones, y las causas, de la Fiscalía Centro Norte y el ministro en visita Omar Astudillo, vinculadas a un eventual patrimonio injustificado de la ex máxima autoridad de la institución entre 2010 y 2014, el general (r) Juan Miguel Fuente-Alba.
Según antecedentes del proceso, poseería más de $ 1.000 millones en bienes, principalmente inmuebles y vehículos. Su sueldo al terminar su mandato era de $ 3.564.168.
Oficiales y suboficiales mayores escucharon el mensaje, a nivel nacional, y también lo hicieron quienes cumplen funciones en la misión militar en EE.UU. “Esta videoconferencia es una oportunidad para compartir con ustedes situaciones que afectan al Ejército, generando posibles cuestionamientos”, comenzó diciendo Oviedo, en la cita que duró cerca de una hora.
La situación en que está Fuente-Alba no había sido abordada públicamente por el general Oviedo, quien finalizada la reunión dijo a sus subalternos que “nosotros no estamos por esconder nada, pero tampoco nos corresponde juzgar a personas a priori”.
Según quienes tuvieron acceso a la cita, el comandante en jefe fue enfático en reforzar la confianza, la proactividad, y la necesidad de ejercer el mando buscando atributos de liderazgo ante las situaciones que han afectado a la institución. Luego de las consultas, incluso una de ellas desde Estados Unidos, trascendió que cerró su intervención llamando a los mandos a continuar trabajando para mantener un Ejército operacional.
TRANSPARENCIA
El Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas entregar el texto de la Ley Reservada del Cobre, tras acoger parcialmente la petición de una persona que solicitó copia íntegra del documento que está bajo secreto. El gobierno había denegado el acceso al cuerpo legal, argumentando que divulgar la información requerida podría afectar la seguridad nacional.
Sin embargo, el solicitante interpuso un amparo ante el Consejo para la Transparencia, el cual encontró respuesta el 29 de marzo de parte del Consejo. El organismo resolvió que esta norma “es pública, salvo el artículo 3° inciso primero, el que debe mantenerse en reserva pues su publicidad afectaría la seguridad de la Nación”.
Según la resolución, la subsecretaría deberá “hacer entrega al reclamante de copia del texto completo de la Ley Reservada del Cobre, en su versión publicada en edición restringida del Diario Oficial, debiendo reservar única y exclusivamente el artículo 3° de dicha ley, como asimismo, entregar sus modificaciones posteriores”.
Actualmente esta legislación es secreta, y sólo puede ser revisada de manera presencial en una oficina de la Cámara, pero no se puede sacar desde el lugar donde esta guardada.
Según explicó el presidente del Consejo de la Trasparencia, José Luis Santa María, “la vigencia de normas que revisten el carácter de reservadas representa un debilitamiento del principio democrático en que se basa nuestra institucionalidad y, en ese sentido, la decisión de este consejo está alineada con su rol de promover y garantizar una cultura de la transparencia y de contribuir a disminuir los espacios de opacidad que aún persisten, manteniendo en reserva excepcionalmente sólo aquello que daña o afecta la seguridad de la nación”.
La Subsecretaría tendrá que hacer entrega del documento en un plazo que no supere los cinco días hábiles, contados desde que la resolución quede ejecutoriada. En ese sentido, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, señaló que el gobierno no apelará a esta determinación y se acogerá a lo resulto por Trasparencia.
“Hemos decidido no apelar para los efectos de que esa ley sea conocida por todos los chilenos y podamos, de alguna manera, tener tranquilidad de que lo que se está haciendo en el ámbito de la Defensa va encaminado a lo que es nuestro sector, que es asegurar a los chilenos paz, tranquilidad, y que nuestra soberanía esté realmente protegida”, sostuvo Gómez.
LA UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) se refirió a la afirmación entregada por el Casino Monticello, que en el marco de la comisión investigadora por fraude en el Ejército, indicó que le reportó al UAF 15 movimientos de efectivos del Ejército entre 2011 y 2014.
A través de una declaración pública, la UAF señaló que analiza todos los reportes de Operaciones Sospechosas que recibe, “a objeto de cumplir su única misión legal de detectar indicios de lavado de activos”.
La Unidad de Análisis Financiero también señaló que su director asistió a mediados de abril a la comisión, y que en sesión secreta expuso antecedentes de los que la unidad disponía, así como todos los procedimientos que llevaron adelante. Junto con esto, respondió “todas las preguntas formuladas por los parlamentarios presentes, sin omitir información alguna”.
Esta mañana y tras concluir la comisión investigadora, el diputado DC Jaime Pilowsky, quien encabeza esta instancia, señaló que se citará a la Unidad de Análisis Financiero, ya que a su entender hay una contradicción debido a que el casino sí habría reportado las operaciones sospechosas llevadas adelante por personal del Ejército.
“Acá se ha dado una información que queremos contrarrestar», señaló el DC.
QUERELLA
Una querella criminal por delitos de fraude al fisco y tributarios, presentó el proveedor del Ejército, Patricio Reyes, en contra del vendedor de armas Virgilio Cartoni, por supuestas anomalías en una millonaria licitación por más de US$ 11 millones, referida a la compra de uniformes de combate.
El libelo, que ya fue admitido a tramitación, recayó en el Séptimo Juzgado Juzgado de Garantía de Santiago y enviado a la Fiscalía Centro Norte.
El libelo que publica The Clinic Online apunta a que la empresa de Cartoni, Comercializadora, Exportadora e Importador CyM S.A., habría evitado pagar impuestos por más de $1.000 millones, gracias a la “complicidad” de funcionarios castrenses, quienes habrían modificado dolosamente las bases del concurso para favorecer a la firma. Esto habría derivado en que los militares habrían pagado un sobreprecio superior a los $ 302 millones.
Por estos hechos, además, Reyes presentó otra querella, esta vez en la justicia militar, en contra el general (r) Antonio Cordero Kehr, otrora jefe del Comando de Apoyo de la Fuerza, quien firmó las licitación y autorizó, según el escrito, las modificaciones a la misma.
Paralelamente, el querellante ingresó una denuncia en el Servicio de Impuestos Internos (SII) para que la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC) indague las actividades tributarias de Cartoni.
En materia administrativa, Reyes también recurrió a la Contraloría, con el fin de que indague eventuales anomalías en la licitación y contratos que supusieron la compra a Cartoni.
La historia, según Reyes se inició en julio 2011cuando el CAF adjudicó a CyM la licitación ya mencionada. Eso, bajo el mando de Fuente-Alba en el Ejército.
De forma ilegal, según acusa, la firma de Cartoni había usado la Zona Franca de Iquique -“sin ser usuario de ésta”- y facturado a través de un tercero “extraño a la licitación”. Se trata de Servicios de Abastecimientos y Mantención LTDA (SAM), también proveedor del Estado Mayor Conjunto. Esta última, pertenece a Jorge Neira, que también está incluido en esta querella por supuestos ilícitos impositivos.
“Así queda claro que el Ejército, contraviniendo no sólo las bases de la propuesta, sino además toda lógica, al internar los elementos haciendo uso de la prerrogativa de extensión de Zona Franca, evitó que el vendedor pagara los montos correspondientes al IVA”, señala el libelo.
Y sigue: “En resumen, la suma dejada de percibir por el fisco, pero pagada por el Ejército a (…) CyM, ascendió a $1.098 millones”.
En la presentación, el abogado Jaime Romaní, patrocinante de Reyes, solicitó una serie de diligencias. Entre ellas que la Bridec de la PDI realice peritajes a la contabilidad de Cartoni y de SAM. También que la Tesorería del Ejército revele los documentos asociados a los pagos a CyM.
Además que cite a Cordero Kehr, ex jefe del CAF, para que declare sobre los hechos denunciados. Junto a él, a una serie de coroneles y generales que habrían participado en la licitación y aprobación de los pagos.
Romaní fue consultado por este diario respecto a la presentación de los libelos tanto en el tribunal de garantía como en la justicia militar. Al respecto, indicó que no emitiría comentarios, atendido a que las causas están en etapa de investigación.
El Ejército,indicó ayer que el tema se encuentra radicado en la justicia, por lo que no haría comentarios. (La Tercera-La Nación-Pulso-The Clinic)
