Poco menos de 200 páginas suman, en total, los cuatro informes que recogen las conclusiones de los encuentros locales del proceso constituyente, documentos que la semana pasada recibió el Gobierno.
El trabajo lo realizó el Centro de Estudios de la Argumentación y el Razonamiento (CEAR), de la Universidad Diego Portales, y es de carácter cualitativo: recoge los comentarios de los 8 mil encuentros que se celebraron entre abril y junio de este año, registrados en actas.
El estudio detalla opiniones en cada uno de los 28 temas que fueron los priorizados por los participantes en cuatro ítems: valores, deberes, derechos e instituciones.
Entre los primeros, destacan justicia y democracia; en deberes, respeto de los derechos humanos y protección de la naturaleza; en la categoría de derechos, educación y salud; y en instituciones, se señala plebiscitos y Congreso como prioritarios.
Los informes, que fueron encargados por el propio Ejecutivo, serán el insumo principal para las Bases Ciudadanas que deberá redactar el Consejo de Observadores, texto que, a su vez, sería el soporte fundamental para el proyecto de ley que comprometió la Presidenta Michelle Bachelet de reforma constitucional.
METODOLOGÍA
Los técnicos que elaboraron el estudio, al que tuvo acceso «El Mercurio», señalaron que la investigación es de utilidad para tener en consideración los principales conceptos del debate en cada tema, no así para sacar conclusiones taxativas respecto de las preferencias de la gente en temas específicos sobre derechos, valores, deberes e instituciones.
Claudio Fuentes Bravo, filósofo a cargo de CEAR, asegura que «no se puede concluir, por ejemplo, cuántos grupos prefirieron un sistema gratuito de educación y cuántos pagado, porque esto no es una encuesta. Sí se puede saber cuáles son los tópicos que más le preocupan a la gente a la hora de generar política respecto de un tema».
En ese sentido, afirma que «identificamos a grandes rasgos cuáles son las ideas fuerza, tendencias y el apoyo cuantitativo que hay para determinados conceptos. Es muy delicado generar una interpretación de estos datos. Lo que teníamos que hacer, dado que este es un trabajo sin color político y sin sesgo en la información, era ser meramente descriptivos para facilitar futuros trabajos interpretativos que pueda haber».
Carlos Calvo, quien también integra el equipo de la UDP, añade que el documento «presenta las principales mayorías de palabras agrupadas según si son objeto, acciones o atributos, pero no realiza suma de expresiones afines porque la labor que se nos encomendó es predominantemente descriptiva».
Los analistas tardaron poco menos de tres meses en ejecutar su trabajo, plazo límite que el Gobierno estableció para el desarrollo de la investigación. En septiembre, algunos integrantes del Consejo de Observadores criticaron el poco tiempo que se destinaría a la elaboración de este informe.
Así, un grupo de integrantes del consejo encargó un estudio paralelo a expertos de la Universidad de Chile. Aunque dicho trabajo aún no concluye, académicos que han tenido acceso a esa información señalan que algunos de los resultados diferirían del informe solicitado por el Gobierno. Además, aseguran que definieron una metodología distinta para estudiar los comentarios de cada acta.
DERECHO A LA EDUCACIÓN Y A LA VIDA
En las ideas fuerzas del informe se describe la educación «como un derecho social y humano, fundamental. Se vincula principalmente con las aspiraciones de una educación de calidad, gratuita, pública y universal. Se valora por la posibilidad que brinda para generar, desarrollar o permitir el desarrollo del país, la sociedad en igualdad de derechos y de oportunidades. Se propone fundamentalmente la necesidad de que haya una educación de calidad, gratuita y pública. También se menciona la aspiración de una educación digna, laica integral y sin lucro».
En cerca de 1.488 actas se registra el concepto de «gratuidad» o «gratis», así como educación «pública» aparece en alrededor de 464 actas. Sin embargo, consultados los técnicos del estudio, a partir de dichas cifras no se puede concluir de manera certera que esa cantidad de encuentros locales prefiere un sistema gratuito o público, pues, aunque en la mayoría de los casos se pudo haber expresado de ese modo, en otros, el término pudo haberse empleado para indicar lo contrario, es decir, la idea de que la educación no sea gratis ni pública. Dichas distinciones no están especificadas en el informe, para ninguno de los temas tratados.
También se aborda el derecho a la vida, el que es concebido como «un principio inalienable y universal». «Esta vida se concibe fundamentalmente como ‘digna’. Significando vida digna en algunos casos, derecho al aborto y en otros la protección del derecho desde la concepción. También se comunica la pretensión, vinculada con el concepto de derecho a la vida, de que haya respeto por la integridad física y psíquica de las personas, así como el de una muerte digna», agrega.
Los autores del estudio indican que solo se podría concluir que hay quienes conciben el aborto como parte del debate constitucional. La investigación destaca que un 3% de las actas que hacen alguna propuesta sobre el derecho a la vida menciona el «derecho al aborto» y un 1% incorpora las palabras «protección del derecho desde la concepción».
PLEBISCITOS
«Se describe como un mecanismo de participación ciudadana, fundamental para la democracia. Se le asocian conceptos como el ser vinculantes, el de democracia directa y el de iniciativa popular», señala el texto.
Más del 20% de quienes fundamentaron su opción emplearon la palabra «vinculantes». Asimismo, menos del 10% del grupo que anotó comentarios levantó el concepto de «democracia directa». En ninguno de los dos casos se puede concluir si cada una de esas menciones fue a modo de aprobación de plebiscitos vinculantes o del sistema de democracia directa.
CONGRESO
«Se concibe mayoritariamente como una institución representativa u órgano representante del pueblo. Se valora por la posibilidad que brinda para poder legislar o hacer leyes, resaltando la relevancia de la ciudadanía o pueblo. Se propone que debe haber un Congreso o Parlamento representativo que mayoritariamente es preferido unicameral, y en menor medida, bicameral», se lee en el documento.
Tres mil novecientos doce grupos establecieron propuestas sobre este tema en sus actas. De ellos, un 30% mencionó la palabra «unicameral» y un 5%, «bicameral», principalmente aprobando dichos sistemas. El informe no lo puede señalar de modo taxativo, según explican sus autores.
RÉGIMEN DE GOBIERNO
Un 17% de entre las 2.002 actas que registran propuestas mencionó «sistema presidencial»; un 14%, «semipresidencial» y un 3%, «parlamentario». «Se propone la definición del régimen de gobierno como presidencial, y en menor medida, semipresidencial o parlamentario, resaltando la pretensión de un equilibrio de poderes respecto del régimen actual», sostiene el estudio. (El Mercurio)
