La coincidencia no podría haber sido más grande. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano conformado solo por oficialistas, apenas había anunciado una ley para combatir el odio en internet, interpretada por críticos como un intento de restringir la libertad de expresión en la red e influir aún más sobre la opinión publicada en las redes sociales, cuando pocos días más tarde la ONG Freedom House publicó su informe anual «Libertad en Internet 2017», en donde califica la situación en Venezuela como «no libre».
Comparado con el año anterior, de los siete países latinoamericanos examinados en el informe, solo Venezuela retrocedió, pasando de un «parcialmente libre» al nivel más bajo en donde ya se encuentra desde hace tiempo Cuba.
PROBLEMA REAL, MEDIDA SOSPECHOSA
Melanio Escobar, periodista y fundador de la ONG Redes Ayuda
Melanio Escobar, periodista venezolano, activista de internet y fundador de la ONG Redes Ayuda, califica la Ley contra el odio, aprobada por la ANC, como una medida «fascista» disfrazada con la «retórica de la reivindicación y protección de otros». «La ANC aprobó algo que ellos llaman Ley, pero que, así como la instancia es ilegal, de igual forma está mal llamada ‘Ley contra el odio’. Es una forma de mantener la opinión pública, la crítica y la denuncia no solamente controlada, sino criminalizada, donde las sentencias pueden llegar a ser hasta de 20 años de prisión. El tema es preocupante, quién y cómo se define: ¿qué es odio?, ¿quién lo fomenta?, ¿cómo se calculan las sentencias?, ¿quién las impone?».
EL DICTADOR DIGITAL
Café internet en Caracas. El treinta por ciento de los 27 millones de venezolanos tiene acceso a la web, según las estadísticas oficiales.
El nervosismo del gobierno venezolano crece. Las redes sociales son espacios en los que circula la información de manera relativamente libre en comparación con los medios tradicionales. Parece que el gobierno de Nicolás Maduro intentaría aplicar las medidas que ofrece la caja de herramientas de dictaduras en todo el mundo: «El gobierno venezolano utiliza bots y salas llenas de trolls dedicados a monitorear el contenido que se discute en las redes sociales para poder intervenir inmediatamente. Además utiliza ataques DDos [ataque de denegación de servicio] y la usurpación de identidad», cuenta Melanio Escobar.
La última medida sería cortar el acceso a los servicios por completo. Algo que Venezuela ya intentó por ejemplo en febrero de 2014, una medida extrema y a la larga ineficaz, como ya se demostró en Turquía o Egipto durante la revolución de 2011.
LA SOCIEDAD CIVIL SE DEFIENDE
Ante el amplio abanico de estrategias que puede emplear un estado autoritario, las posibilidades de la sociedad civil parecen limitadas. Sin embargo, Melanio Escobar se muestra optimista: «La sociedad civil en general con cada bloqueo y con cada traba consigue nuevas formas de comunicarse y de expresarse. Al mismo tiempo las ONG han ido denunciando y desglosando esta ley y los otros tipos de ataques del estado. Se están haciendo talleres para proteger a los activistas y ciudadanos en el tema de la seguridad digital y poco a poco se va sembrando la semilla de la conciencia digital.»
Pero el mayor peligro de esta ley se encuentra en el fomento de la autocensura, según Melanio Escobar «Lastimosamente esta ley va a lograr su cometido en gran manera, porque muchas personas ya actualmente están limitando sus expresiones, comentarios, críticas u opiniones por miedo a una represalia». (Por Gabriel González, DW)
