En medio de la revisión que realiza la Contraloría General de la República de las bases de licitación del Transantiago, el gobierno hizo ajustes a las exigencias que se harán a las empresas.
El ministerio de Transportes informó hoy a la Comisión de Transportes del Senado que envió una serie de ajustes a los contenidos de la convocatoria en miras a adjudicar zonas geográficas de operación, establecer una nueva forma de pago a las compañías y renovar el parque de buses. Los cambios –considerados por la cartera como “de forma”- fueron acordados con Hacienda en las últimas semanas.
Paola Tapia, ministra de Transportes, dijo que el ente de control pidió aclarar algunos puntos, por lo que le entregó nueva información. Así, se iniciará la expropiación de los terminales de buses para las empresas algunos de los cuales se ubican en Puente Alto y Maipú. La lista de los recintos se publicará en el Diario Oficial. “Hemos priorizado los terrenos que tienen relevancia para el sistema. La idea es adquirirlos y, si no existe acuerdo en el precio, se seguirá adelante con los procesos respectivos”, afirmó Tapia.
Otro cambio se relaciona con algunos aspectos del esquema de pago a las concesionarias. Las firmas participantes presentan ofertas de tarifas al Estado de acuerdo a la zona de operación a la que postulen. Ahora, el gobierno hizo ajustes a esos montos –al alza y la baja- por cada sector.
Transportes también incorporó que la autoridad tenga la potestad de terminar con los contratos de las empresas en el caso de que haya incumplimientos consecutivos. Hoy, el ministerio puede evaluar el fin de una concesión sólo en el caso de que una compañía acumule multas por 20.000 Unidades de Fomento.
Algunos parlamentarios de Chile Vamos fueron críticos del estado en que se encuentra la licitación, pues ésta aún no tiene fecha de inicio. El senador y miembro de la comisión, Andrés Allamand (RN), afirmó que “el escenario actual era el previsible: Es muy improbable que se puedan cumplir los plazos legales de la licitación y todo indica que para evitar el colapso del sistema deberán extenderse los contratos de algunos de los peores operadores, con un alto costo para el Estado”.
En tanto, el senador y presidente de la Comisión de Transportes, Juan Pablo Letelier (PS), dijo que “las bases ingresaron a la Contraloría, pero ésta no se ha pronunciado. No hay que adelantar opiniones”. Sin embargo, el legislador agregó que “hay inquietud por parte de los parlamentarios respecto a un calendario de la licitación. Postergar el proceso es caro para el país”.
El gobierno, en tanto, depende de la revisión del organismo fiscalizador de los documentos para dar inicio a la convocatoria. (La Tercera)
