El pasado martes 3 de marzo, Carabineros, con una nueva estrategia policial, logró la detención de 44 personas de la denominada ‘primera línea’ en Plaza Italia.
Un día después, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó dejar en libertad a 43 de los aprehendidos, lo que generó la molestia del gobierno, quienes a través de distintos ministros, pidieron a la justicia dar “señales claras” y anunciaron que apelarían a dicha resolución.
Pero además, frente a esta situación, el ministerio del Interior presentó hoy una querella por desórdenes públicos, en el marco de la Ley Antibarricadas, en contra de estas 44 personas integrantes de la denominada ‘primera línea’.
En la acción judicial se da cuenta que “el día 3 de marzo de 2020, aproximadamente a las 18:45 horas, en la calle Doctor Corvalán, esquina calle Carabineros de Chile, Comuna de Santiago, los imputados procedieron de forma concertada a realizar acciones destinadas a alterar el orden público, en cuyo contexto procedieron a bloquear en forma total el flujo de vehículos en el lugar, interrumpiendo completamente la libre circulación de personas y/o vehículos en la vía pública, mediante la instalación de objetos levantados con dicho propósito a modo de barricadas”.
La querella, aparte de los 44 sujetos, también apunta “contra quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores, por el delito de desórdenes públicos previsto en los artículos 268 septies y 269 del código penal, y de todos aquellos ilícitos que se determinen durante el transcurso de la investigación, a fin de que se aplique a los responsables el máximo rigor que contempla la ley penal en la materia”.
MINISTRO BLUMEL
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, reiteró su crítica al Poder Judicial, luego de que el miércoles el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dejara en libertad a 43 de 44 sujetos de la “primera línea” detenidos por desórdenes.
Ese mismo día Blumel escribió en su cuenta de Twitter: “El esfuerzo policial por detener a estos violentistas y proteger a los vecinos debe ir acompañado de sanciones rigurosas». Similar a lo señalado por la vocera de gobierno, Karla Rubilar, quien expresó que “no compartimos la decisión que tomó el juzgado”.
Hoy el gobierno anunció que se querella por Ley Antibarricadas contra estos 44 individuos.
En ese marco, Blumel señaló: “No quiero entrar a polemizar, porque el orden público en lo que respecta a Carabineros y las policías depende fundamentalmente del gobierno, pero también el resguardo del orden público requiere de la colaboración de todos los poderes y de todos los actores estatales, como por ejemplo del Ministerio Público, el poder judicial”.
“Por supuesto que el fallo no nos gustó, nos parece que la acción policial, con un esfuerzo importante que se hizo, que por primera vez se ve un despliegue distinto con una estrategia mucho más eficaz, que permitió tomar detenido a más de 40 violentistas debe ir acompañada de acciones más rigurosas por parte de la justicia. Y por ejercimos nuestras facultades como Ministerio del Interior y Seguridad Pública para que se revierta esta decisión”, añadió.
“Tenemos bastantes delitos que son muy graves y que tiene recibir, no solo sanciones más mayores, sino medidas cautelares más gravosas para evitar que esto se repita”, complementó.
ABBOTT: «VEAMOS LOS RESULTADOS»
El fiscal nacional, Jorge Abbott, entró a la polémica que surgió esta semana a raíz de la formalización de 44 personas detenidas la tarde del martes en los alrededores de Plaza Baquedano.
La máxima autoridad del ente persecutor recalcó, que a diferencia de los intervinientes -como lo es el Ministerio del Interior-, los fiscales «tienen la obligación» de actuar bajo el principio de objetividad, y que será la Corte de Apelaciones de Santiago la que definirá «si teníamos o no la razón».
El grupo fue formalizado por el delito de desórdenes públicos y lo discutido y resuelto en el Centro de Justicia de Santiago en torno a la situación de los 28 mayores de edad reveló roces por las posturas manifestadas.
Desde el Ministerio de Interior se argumentó que los sujetos, a quienes tildaron como miembros de la «primera línea», debían quedar en prisión preventiva debido a «una alta pena probable» y que los imputados se coordinaron para cometer ilícitos. En tanto, fiscalía y defensoría descartaron la reclusión bajo el mismo argumento, aunque desde otro enfoque: que la posible sanción no amerita dicha medida cautelar. Añadieron que la mayoría no cuenta con antecedentes penales.
El tribunal se inclinó por lo segundo y decretó, para 27 casos, firma cada dos meses. Desde la cartera manifestaron su rechazo, anunciando la apelación. «Las personas que fueron detenidas son personas que están cometiendo delitos y son delitos muy graves (…) y por lo tanto en eso nosotros vamos a ser muy inflexibles», señaló hoy el ministro Gonzalo Blumel, indicando además que se debió formalizar por otro delito.
DEFENSA DE ABBOTT
Abordando el tema, y coincidiendo con los dichos que dio ayer el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, Abbott partió señalando que «la existencia de la primera línea en sí misma, y eso tiene que comprenderlo la ciudadanía, no constituye un delito«.
«Son los hechos que comenten las personas, que eventualmente integran la denominada primera línea, lo que puede ser eventualmente constitutivo de delito. Y nosotros actuamos respecto de esos hechos en particular», acotó.
En esa línea, manifestó que como Ministerio Público «tenemos una obligación que no tienen los demás intervinientes, que es el principio de objetividad, nosotros no podemos olvidar ese principio».
El fiscal nacional explicó que los hechos que se llevan a tribunales se califican jurídicamente «desde un punto de vista absolutamente objetivo», debiendo actuar «con mucha prudencia».
Así también, aseguró respetar la función que desempeña quienes están a cargo del orden publico, al igual que sus expectativas y las de la ciudadanía en torno a estos casos, pero que «el problema es que mucha de estas acciones tienen una penalidad que no justifican la prisión preventiva».
«Es paradojal, porque por una parte se nos critica que tenemos en prisión preventiva a miles de personas producto de manifestaciones sociales, por otro lado se nos critica porque no pedimos prisiones preventivas respecto más personas», acotó.
Reconoció que como institución «podemos cometer errores» y que ante ello los intervinientes podrán llegar hasta tribunales superiores de justicia para discutir la situación.
«La forma de resolver estos conflictos, la mirada distinta entre el Ministerio Público y quienes actúan como querellantes, está precisamente están en los instrumentos que el proceso le entrega a los intervinientes. ¿Cuáles son? Los recursos que se pueden interponer. Veamos el resultado de los recursos para ver si efectivamente teníamos o no razón en en los planteamientos que hemos hecho», zanjó. (La Tercera-Emol)
