A días de que concluya el actual mandato, el Ejecutivo activó con «discusión inmediata» la tramitación de una reforma política clave en el Senado, buscando despachar el proyecto antes del próximo gobierno. La iniciativa, promovida por los ministros Álvaro Elizalde y Macarena Lobos, tiene como objetivo «promover la gobernabilidad», frenar la creación de nuevos partidos y controlar el fenómeno del «discolaje» (legisladores que abandonan sus bancadas).
El proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Gobierno y se espera que se vote en la sala del Senado el próximo martes. El ministro Elizalde detectó un apoyo transversal que abarca desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, incluyendo a partidos tradicionales como RN, UDI y DC.
LEY ANTIDÍSCOLOS II Y PODER A JEFES DE BANCADA
Aunque los senadores rechazaron la idea inicial de prohibir a un legislador cambiarse de comité, la reforma sí entrega un mayor poder legal al jefe de bancada.
Esta potestad le permitiría al jefe de comité coordinar la distribución de cupos en comisiones, resolver quién intervendrá en la sala y, en la práctica, «castigar» a los parlamentarios rebeldes, llenando un vacío reglamentario que hoy afecta al Congreso.
FINANCIAMIENTO Y RESTRICCIÓN DE PARTIDOS
La reforma introduce medidas financieras y estructurales que impactan directamente a las colectividades más pequeñas o emergentes:
Corte de Financiamiento: Se busca cortar el trasvasije de financiamiento público hacia colectividades que reciben legisladores «díscolos» de otras tiendas, práctica que ha beneficiado a partidos como Demócratas, Amarillos y el Partido Social Cristiano.
Partidos Regionales: Se elimina la figura de los partidos regionalistas (que podían constituirse con tres regiones contiguas). El requisito mínimo de constitución sube a ocho regiones.
Aumento de Afiliados: Se eleva el porcentaje de afiliados por región exigido para crear un partido, cuadriplicando la cantidad de firmas necesarias y dificultando la formación de nuevas tiendas.
Esta reforma es complementaria a otra iniciativa constitucional que busca fijar un umbral para la representación en la Cámara y establecer la cesación del cargo (quitar el escaño) a los parlamentarios que renuncien a su partido o bancada, una medida que goza de un amplio apoyo transversal en el Congreso. (NP-Gemini-La Tercera)
