Mañana miércoles tras entregar el balance sanitario, los ojos se concentrarán en el nuevo paquete fiscal que lanzará cerca del mediodía en La Moneda y con el cual se busca hacer frente al impacto que está generando en la economía local la expansión del Covid-19.
Este nuevo incentivo para apuntalar la actividad se suma al anunciado el pasado 19 de marzo y que involucró unos US$ 11.750 millones.
De acuerdo a fuentes de Gobierno el paquete tendrá un foco especial en trabajadores independientes y el apoyo a empresas en peligro de quiebra.
Se espera que los independientes puedan acceder también al denominado «bono Covid-19» de $ 50 mil por carga familiar, el cual se destina hoy solo a los trabajadores informales y más vulnerables.
A esto se le agregarán capitalizaciones de los fondos de garantía estatales (Fogape y Fogain), permitiendo que compañías de mayor tamaño en peligro de quiebra puedan acceder al mercado crediticio usando al Fisco como una suerte de aval.
Parte del plan se financiará con reasignaciones y un plan de austeridad fiscal.
LAS MEDIDAS
Según fuentes del Ejecutivo, el anuncio tendrá como eje el apoyo a los trabajadores independientes, quienes podrán acceder también al denominado «bono Covid-19» de $ 50 mil por carga familiar. Dicha bonificación se destina hoy solo a los trabajadores informales y más vulnerables.
A esto se le agregarán capitalizaciones de los fondos de garantía estatales (Fogape y Fogain), permitiendo que compañías de mayor tamaño en peligro de quiebra puedan acceder al mercado crediticio usando al Fisco como una suerte de aval.
Sin embargo, desde que el gobierno presentó el paquete económico para enfrentar la emergencia sanitaria el 19 de marzo pasado, diversos actores tanto políticos como académicos han entrado al debate y han planteado otras medidas.
PLANTEAMIENTOS DE OPOSICIÓN
Hoy 11 partidos de la oposición -DC, PS, PR y partidos del Frente Amplio, entre otros- propusieron una serie de medidas.
Una de ellas plantea resguardar los ingresos de las familias a través de una Renta Básica de Emergencia, Seguro Familiar u otro instrumento, para todos quienes se queden sin ingresos, hasta el final de la emergencia.
También proponen la postergación de pagos y prohibición de corte de los servicios básicos mientras dure la emergencia sanitaria y de cuotas de créditos hipotecarios, estudiantiles u otras, sin intereses, contraídas con bancos e instituciones financieras, casas comerciales; ,y proteger a las PYME, empleos y economía, «evitando una recesión más profunda y duradera», a través de un proyecto de ley de apoyo estatal a las empresas en período de crisis, que debería ser ingresado al Congreso con urgencia.
Por último, los representantes de los partidos de oposición, plantean cuidar los empleos, prohibiendo el despido de trabajadores «y de ser necesario, salvando empresas estratégicas o de importancia para el país de la quiebra, evitando efectos negativos en el resto de la población mediante inyección de recursos a cambio de adquisición por parte del Estado de participación en el mayor valor de dichas empresas rescatadas».
PROPUESTA DE EVOPOLI; DUPLICAR PAQUETE ANTERIOR
Desde el oficialismo, el think tank de Evópoli, Horizontal, propuso a fines de marzo que el actual paquete fiscal de US$ 11.750 millones aumente al doble, alcanzando los US$ 22.510 millones.
El centro de pensamiento del partido del ministro Briones plantea bajar temporalmente la tasa del IVA, desde el actual 19% a 10%, hasta diciembre 2020. Al año siguiente, establece un incremento permanente que ubique la tasa en 20%. La medida costaría cerca de US$ 1.524 millones al Fisco.
Por otra parte, se propone aumentar el Bono Covid-19 para los trabajadores informales en 20% y extenderlo por cuatro meses, con un costó adicional de US$ 646 millones.
PROPUESTA DE ECONOMISTAS
La semana pasada, diversos actores del mundo economista también dieron a conocer su visión sobre cómo enfrentar la situación actual.
El expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, sugirió en una columna en El Mercurio subsidios adicionales a los trabajadores informales e independientes, pero dice que más importante es «complementar las medidas del Banco Central y de la CMF con garantías del Estado para que el crédito fluya a las empresas solventes, que enfrentan acuciosos problemas de liquidez en el corto plazo y enfrentarán problemas de acceso al crédito cuando la epidemia se controle y se pueda iniciar la recuperación».
Asimismo, los economistas Roberto Zahler, Osvaldo Rosales, Ricardo Ffrench-Davis, Carlos Ominami y Andras Uthoff, entre otros, propusieron una renta básica temporal. Un pago monetario del Estado que beneficiaría a todas las familias inscritas en el Registro Social de Hogares, que ya cubre al 74% de la población, salvo aquellas en que al menos uno de sus miembros cuente con un trabajo formal.
También plantean que exista un «verdadero» subsidio para los trabajadores que no pueden desempeñar sus labores a causa de la pandemia. Precisan que el gobierno ha comprometido aportar US$ 2 mil millones al Fondo de Cesantía para aquellos casos en que se decide mantener el contrato sin pago de remuneración, pero al mismo tiempo ha definido que en primera instancia sean los fondos de las cuentas individuales los que se usen para subsidiar esta situación de vigencia de contratos sin remuneración.
En cuanto a salud estiman que es «indispensable» postergar las compras de armamento y utilizar los recursos disponibles en el Fondo Estratégico.
VISIÓN DE EX MINISTROS DE HACIENDA
En conversación con El Mercurio, el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, si bien destacó el plan fiscal lanzado por la administración Piñera para capear la crisis, que implica recursos por el 4,7% del PIB, cree que es necesario potenciar mecanismos de garantía estatal como el Fogape. Esto, con el fin de ponerlo también a disposición de las grandes empresas y no solo de las PYME, porque cree que el crecimiento y la recuperación serán más lentas que lo pronosticado por el ente emisor.
En tanto, el exjefe de las finanzas públicas del gobierno de Bachelet II, Rodrigo Valdés manifestó que el gobierno «debería desplegar un gran fondo de garantías para créditos nuevos, incluyendo empresas grandes».
En ese sentido, advirtió que «tomar o no medidas a tiempo no afectará mucho la contracción económica a corto plazo. Es un efecto que tendremos que pagar. Sin embargo, las medidas que se acuerden serán fundamentales para contener el virus y cuidar la economía para que funcione cuando hayamos salido de esta situación».
PROPUESTA DE LA OPOSICIÓN
Una señal de unidad dio ayer la oposición en pos de minimizar los efectos de la expansión del Covid-19 en la economía y el empleo. Temprano en la mañana liberaron un texto suscrito por once partidos y tras el cual confluyen incluso la DC, el PC y partidos del Frente Amplio.
Todo esto, ad portas de que hoy el Gobierno dé a conocer un segundo plan de apoyo fiscal ante el complejo escenario, con foco en apoyo a empresas en problemas vía fondos de garantías estatales y la ampliación de bonos a trabajadores independientes.
La misiva, firmada por los timoneles del PR, PS, PPD, RD, Convergencia Social, Comunes, Partido Liberal, PC, Federación Regionalista Verde Social, Partido Progresista y la DC, implica fuertes «concesiones» ideológicas, pero también resalta la gravedad de la situación. De hecho, sostienen que la propuesta puede «salvar vidas, otorgar protección para las familias de Chile y cuidar la economía».
El planteamiento considera un mecanismo para resguardar los ingresos de las familias, postergar pagos y prohibir corte de servicios básicos mientras dure la emergencia sanitaria y proteger a las PYME, empleos y economía, «evitando una recesión más profunda y duradera», a través de un proyecto de ley de apoyo estatal a las empresas en período de crisis.
Así, sugieren prohibir el despido de trabajadores «y de ser necesario, salvando empresas estratégicas o de importancia para el país de la quiebra, evitando efectos negativos en el resto de la población mediante inyección de recursos a cambio de adquisición por parte del Estado de participación en el mayor valor de dichas empresas rescatadas».
NO FUE FÁCIL
En los partidos admiten que no fue fácil lograr esta confluencia, que no llegó de un día para otro. Ello, a pesar de que las propuestas individuales de los partidos daban cuenta de un consenso en orden a que el plan del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, era insuficiente.
Pero el elemento que encendió las alarmas entre los dirigentes opositores fue percatarse de que las empresas no estaban teniendo acceso al crédito, lo que inevitablemente podría conducir a una crisis social de difícil manejo, al poner en riesgo el empleo y la subsistencia de los trabajadores. A eso se sumaba la desprotección que ya tienen los trabajadores informales y la mayoría de los independientes.
A ello se sumó el hecho de que un grupo significativo de economistas alertó acerca de la necesidad de generar un nuevo paquete de medidas, complementario al ya anunciado.
Todos estos elementos reactivaron el chat de los presidentes de partidos que suscribieron el acuerdo para una nueva Constitución, que a estas alturas había devenido en un espacio para compartir la preocupación por la crisis sanitaria. El PS aprovechó esta instancia para reiterar la necesidad de trabajar en conjunto.
DUPLA BORIC-JACKSON
En esta etapa el PS volvió a invitar al PC a sumarse y jugaron un rol especial los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson para hacer un puente con el Frente Amplio y el PC.
Boric logró convencer a los comunistas de la importancia de que toda la oposición sumara esfuerzos en el desafío de elaborar una propuesta conjunta; y también se dio a la tarea de contactar a los exministros Luis Felipe Céspedes y Rodrigo Valdés para conocer sus opiniones. A ello se unieron las propuestas de economistas de la DC y el PS.
A partir de estas y otras conversaciones se llegó al consenso de la importancia de salvar la cadena productiva y, con ello, proteger empleos.
La disposición fue avanzar en un diseño similar al norteamericano, que consiste en que el Estado compre un porcentaje de las empresas y superada la emergencia las venda a sus dueños originales a precio de mercado.
De este modo, y tras múltiples conversaciones entre los dirigentes a través de llamadas telefónicas y videoconferencias, se redactó un borrador de este lunes.
En paralelo, la oposición generó un diálogo con los ministros Briones y Gonzalo Blumel, quienes han actuado como interlocutores con la oposición, Este proceso dejó especialmente conforme al PS. Su timonel Álvaro Elizalde valora que la oposición haya sido capaz de confluir en un acuerdo para que «el costo de los efectos de la pandemia sobre la economía no lo terminen pagando los trabajadores». (DF)
