La disolución del gremio que los agrupa y multas por 569 millones de pesos, solicitó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de 111 médicos cirujanos de la Región de Valparaíso, a quienes acusa de colusión y de fijar aranceles para procedimientos de su especialidad desde 1985.
El requerimiento de la FNE por colusión al TDLC está dirigido específicamente contra la Asociación Gremial de Cirujanos de la V Región.
En su presentación, el organismo acusa a los profesionales de «actuar de forma conjunta en el mercado de servicios profesionales otorgados por médicos especialistas en cirugía y sus respectivas subespecialidades, que son demandados por usuarios del sistema privado de salud en la V Región de Chile, mediante la fijación e implementación de precios de venta de las prestaciones médicas de consulta y procedimientos quirúrgicos de su especialidad«.
Se agrega que «los médicos especialistas han acordado, al menos desde 1985, actuar de manera colectiva en el mercado relevante, mediante la fijación de los aranceles que cobran por sus servicios médicos, suplantando a la competencia como mecanismo de determinación de precios».
Los 111 cirujanos requeridos son aquéllos que han realizado una cantidad relevante de prestaciones al precio colusivo. Además, algunos de ellos, en su calidad de directivos de la asociación gremial, han tenido un rol activo en la adopción de los acuerdos de aranceles, en la negociación de éstos con las Isapres y en el monitoreo y sanción de los desvíos.
Dado el elevado número de profesionales requeridos, la FNE solicitó al Tribunal que concediera la notificación mediante avisos a publicarse en un diario nacional y otro regional, además del Diario Oficial, lo que fue concedido por el TDLC.
Esta es la primera vez que operaría el mecanismo de notificación por avisos en materia de libre competencia. «Consideramos muy grave la conducta de estos médicos, que al menos desde 1985 han usado a su asociación gremial para fijar de manera concertada los valores de sus consultas y procedimientos quirúrgicos, entorpeciendo la libre competencia en uno de los mercados más sensibles para la sociedad, como es la salud», señaló el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal.
Ésta es la tercera vez que la Fiscalía pide al TDLC la disolución de una asociación gremial debido al rol que éstas han ejercido en acuerdos colusorios.
A la fecha, se ha acogido esta solicitud en el llamado Caso Pollos, donde la Corte Suprema sentenció que la Asociación de Productores Avícolas (APA) debía disolverse por haber coordinado el funcionamiento del cartel de productores y le ordenó, además, pagar una multa a beneficio fiscal.
El segundo gremio disuelto fue la Asociación Gremial de Ginecólogos Obstetras de la Provincia del Ñuble, caso en el cual el máximo tribunal sentenció que el gremio intervino directamente y de manera principal en los actos contrarios a la libre competencia demostrados en el juicio. (Emol)
