Desde que explotó la crisis de la Iglesia Católica -por los casos de abuso sexual, de conciencia y encubrimiento-, el obispo emérito de Chillán, Carlos Pellegrín, ha sido cuestionado por su rol al mando de la Diócesis de San Bartolomé de Chillán.
Y uno de los momentos más complejos para Pellegrín ocurrió en agosto de 2018, cuando la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, reveló que el Ministerio Público estaba investigando al prelado por una denuncia por presunto abuso sexual.
A más de dos años de iniciada esa indagatoria, la fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo del obispo, lo cual fue acogido por el Juzgado de Garantía de Chillán. Quienes conocen el trabajo de la fiscalía en esta indagatoria aseguran que la decisión de cerrar la investigación se debe a que, pese a las diligencias realizadas, nunca se pudo ubicar a las presuntas víctimas. La denuncia recibida por el Ministerio Público fue de un denunciante que escuchó a otras personas decir que habían sido víctimas de Pellegrín. Por lo tanto, el sobreseimiento en realidad fue sobre hechos indeterminados. Este hecho judicial fue comunicado por el propio prelado, en una carta que les envió a los obispos de Chile.
Luego de que la solicitud del Ministerio Público quedara firme y ejecutoriada, Pellegrín escribió a sus “queridos hermanos en el episcopado”. La misiva tuvo como objetivo principal contar al resto de los sacerdotes el fin de la causa en su contra. “Les escribo para informarles que el pasado 25 de enero, el Ministerio Público decidió el sobreseimiento definitivo y total de la causa que se había presentado en mi contra en agosto del 2018. El pasado viernes 5 de febrero, el Juzgado de Garantía de Chillán oficializó y ejecutorió la resolución de sobreseimiento, dando por cerrado un proceso que se extendió por dos años y cinco meses. La absoluta inexistencia de los hechos denunciados, incluyendo a una supuesta víctima, ha llevado a la fiscalía a declarar la ausencia de delito y el correspondiente sobreseimiento definitivo y total”, dice el documento al que accedió La Tercera PM.
El obispo, además, agregó que “desde el primer momento he estado a disposición de colaborar absolutamente con la investigación, pero nunca fui ni siquiera citado por la fiscalía. Un abogado penalista me representó durante el proceso y le estoy muy agradecido por su trabajo. Aunque la causa fue larga, cosa muy común en estos tiempos, hoy puedo agradecer al Señor por el feliz desenlace de un cierre definitivo y total de la causa”.
La exautoridad de Chillán también afirmó que “han sido años complejos y duros, pero también de maduración y consolidación de la fe, vividos con la absoluta certeza de mi inocencia y la confianza en la acción de la justicia”. En esa línea, valoró el actuar del Poder Judicial y de la fiscalía en su caso: “La experiencia vivida, más allá de centrarse en los que la protagonizamos, nos recuerda que todos, no importando nuestro lugar en la sociedad, frente a una denuncia debemos responder ante la ley y ser tratados de la misma manera, protegidos por la presunción de inocencia y colaborando con la justicia hasta encontrar la verdad. El sistema de justicia en Chile, pudiendo mejorar en muchos aspectos, especialmente en la celeridad con que atiende las causas, es confiable y cumple con profesionalismo y dedicación su misión en el Estado”.
Esta no es la primera vez que Pellegrín se vio en calidad de imputado para ojos de la fiscalía. El obispo emérito fue investigado en 2012 por una denuncia de presunto abuso en el Colegio Verbo Divino, donde fue rector. La investigación la llevó el exfiscal Carlos Gajardo, quien no pudo comprobar la veracidad de la denuncia y la justicia lo sobreseyó de forma definitiva en 2012.
La médica Silvana Bórquez es una de las denunciantes por abusos cometidos en esta diócesis. El victimario que acusa no es Pellegrín, pero Bórquez asegura que tienen una querella en curso presentada en contra de “todos quienes resulten responsables en el encubrimiento” de los abusos del exsacerdote Jorge Baeza, los cuales fueron cometidos antes de la llegada de Pellegrin a la diócesis. Pese a ello, la denunciante afirma que esa acción judicial, eventualmente, podría tocar al sobreseído obispo.
Además, Bórquez apunta a lo difícil que es para las víctimas acercarse a la justicia: “Que sea sobreseído si no hay una víctima que se atreva de nuevo a hablar es por el amedrentamiento que hay en Chillán. Las personas con las que se debería buscar información no se atreven a hablar. Esta decisión de la fiscalía no es una reparación para nosotros y tampoco da garantías de justicia y de no repetición”. (La Tercera)
