El concepto «la voluntad del hechor para cometer el delito», fue la base del argumento entregado por el abogado Julián López, para solicitar el sobreseimiento definitivo de las esposas de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, imputadas por delitos tributarios en el marco del caso Penta.
Tanto María de la Luz Chadwick Hurtado como Veronica Méndez Ureta fueron formalizadas por la confección y emisión de boletas falsas por unos $450 millones por parte de la fiscalía regional metropolitana Oriente, cuyos fiscales nos solicitaron medidas cautelares porque, según dijeron, «siempre acudieron a los actos del procedimiento».
En la misma audiencia el abogado defensor solicitó el sobreseimiento de ambas mujeres argumentando que ella nunca emitieron las boletas. Para su argumentación, el profesional presentó una serie de testimonios de la misma carpeta de investigación, en las que los interrogados coincidieron en que los talonarios estaban en manos de las secretarias de Délano y Lavín, las que además las confeccionaban y las firmaban.
Durante su alocución, López presentó los testimonios de las mismas secretarias Claudia San Martín y Mylene Delancon, las que revelaron que la emisión se hacía desde que llegaron a las empresas Penta, pero que nunca vieron a Méndez y Chadwick.
En el mismo tenor, presentó las declaraciones de Délano y Lavín, quienes señalaron que la práctica ilegal comenzó en el año 1996, a sugerencia de Hugo Bravo, ex gerente de Penta, pero que sus mujeres nunca emitieron las boletas.
Tras el término de su argumentación, los fiscales Manuel Guerra y Pablo Norambuena pidieron un receso antes de iniciar su alocución, en la que contestarán los argumentos del abogado ante el Octavo Tribunal de Garantía de Santiago.
FISCALÍA: ELLAS SABÍAN
Sin emitir declaraciones abandonaron el Octavo Juzgado de Garantía los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, junto a sus esposas, María de la Luz Chadwick y Verónica Méndez, respectivamente.
Esto tras el receso decretado por el juez Roberto Gaona, quien resolverá esta tarde si accede a la solicitud de la defensa de ambas mujeres de sobreseerlas en el caso.
El abogado defensor Julián López argumentó que sus defendidas no habían cometido el delito de emisión de boletas fraudulentas y delito tributario, porque ellas no eran las que confeccionaban los documentos, sino que eran las secretarias de sus cónyuges.
Pero el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, y el persecutor Pablo Norambuena, afirmaron que sí tenían participación. ¿Por qué? A su juicio ambas no podían menos que saber lo que estaba ocurriendo con sus boletas, pues entregaron un poder para su timbraje.
Asimismo, pagaron impuestos derivados del uso de éstas, lo que se suma al hecho de que viven, hasta el día de hoy con sus esposos, quienes eran los que ordenaban la emisión de las boletas.
En este sentido, los persecutores también enfrentaron el argumento de López de que tanto Méndez como Chadwick eran sólo «dueñas de casa», revelando que la primera se presentó como traductora y la segunda como empresaria cuando acudieron a la citación de la fiscalía, en la que no declararon.
También detallaron una serie de participaciones de ambas en varias empresas del ámbito agrícola, así como de inversión. «Ellas entregaron un poder. Sabían de la situación o a lo menos la aceptaron y tuvieron una actitud indiferente ante esto. Dejaron de emitir boletas en 2014, cuando la investigación ya se había iniciado», señaló el fiscal Norambuena.
Tras lo anterior, tomó la palabra el abogado del Servicio de Impuestos Internos, Benjamín Ríos, el que reveló que entre el 70 y 90% de los ingresos declarados entre los años 2009 y 2014 por ambas mujeres son por boletas de honorarios falsas.
Ellas declararon entre 70 y 90 millones por año. «Nos parece que el argumento de la defensa de que jamás tuvieron participación es sin duda falaz, porque hay indicios claros de que ambas imputadas facilitaron los medios para que se cometa el delito. Se debe rechazar esta solicitud de sobreseimiento. No nos parece que esté totalmente clara la inocencia de las imputadas», dijo el abogado del SII.
Réplica del defensor Respecto de los argumentos de la Fiscalía, en cuanto a que ellas pagaban impuestos, el abogado López respondió que esas declaraciones no eran hechas por ellas, sino que desde la misma empresa Penta.
Acerca de las boletas anuladas en el año 2014, cuando la investigación ya se había iniciado, el profesional insistió en que fueron anuladas por las personas que las elaboraban, es decir, las secretarias de Délano y Lavín.
«Nosotros decimos que ellas no tienen participación en los delitos. (…) Aquí lo que importa es si existió o no conocimiento en la emisión de boletas y ellas no lo tenían», insistió el abogado. López también argumento que hay otras siete esposas de implicados en el caso Penta que están en la misma situación que sus defendidas, pero que contra ellas no se ha abierto ninguna causa penal, a lo que el fiscal Guerra respondió que eso se debía a que los montos no son iguales a los de ellas y porque han colaborado con la investigación. Lo anterior, porque en su comparecencia a la fiscalía, ambas guardaron silencio. Respecto del otorgamiento de los poderes, el abogado esgrimió que los delitos fueron cometidos entre los años 2008 y 2013, pero que el último timbraje, por ejemplo, de María de la Luz Chadwick fue en el año 2006. «¿Entonces cómo podría satisfacerse una conducta de 2008 con un timbraje de 2006?, se preguntó el defensor que insistió en que éstas no tenían idea qué se hacía tanto con sus boletas como los montos que se obtenían con ellas».
A esta hora hay un receso, al término del cual se conocerá la decisión del juez Gaona respecto de la solicitud de sobreseimiento de ambas mujeres. (Emol)
(Emol)
