Un virtual plebiscito. Tal era la perspectiva que ofrecían las décimo cuartas elecciones generales de la democracia. Con carácter anticipado, se trataba de la convocatoria a las terceras elecciones legislativas en tres años y medio en un país que venía mostrando, desde fines de 2015, el desgaste de sus dos grandes partidos, así como una inestabilidad política crónica.
Más allá de los programas de los cinco principales partidos, de los que se desprendían dos patrones de gestión situados a la izquierda y la derecha, la orientación inicial de la contienda parecía resumirse en una idea: la de si queremos los españoles seguir viviendo juntos (o no) en un mismo territorio. Pero una manifestación convocada por la que llaman las “tres derechas” (PP, Ciudadanos y Vox), en contra de las cesiones al independentismo, le entregó al presidente Pedro Sánchez la coartada perfecta. Cambió el eje de la disputa, pasando desde la identidad nacional y la política territorial al del temor al auge de la extrema derecha. Sorpresivamente, el líder que había “podemizado” a su partido vino a ocupar el espacio del centro.
Así las cosas, y cuando todavía falta el desenlace de comicios europeos, autonómicos y municipales el 26M, España enfrenta una disyuntiva inmediata: la de formar gobierno. Los números favorecen a un Sánchez que aspiraría a un ejecutivo monocolor, aunque también serían posibles varias coaliciones y mayorías parlamentarias.
Durante cuarenta años, quienes gobernaron España se inclinaron más a conceder al chantaje de los separatismos catalán y vasco, que a desarrollar una cultura de pactos, algo que en Europa es la norma. Aunque se habla de cambio de ciclo político, lo concreto es que se constata una división en dos, con una derecha fragmentada y una mayor capacidad de rentabilización electoral de la izquierda.
Que se anticipe una mayor estabilidad relativa no supone salir del laberinto. La voluntad constitucionalista de Sánchez se pondrá a prueba con la petición de indulto para quienes intentaron el referéndum unilateral en Cataluña. Lo más seguro es que se dedique a gestionar el separatismo, la “conllevancia” con el problema de la que habló Ortega y Gasset, más que a intentar desactivarlo. Tampoco impulsará lo que no hicieron sus predecesores, quizás dándolo por hecho: la promoción de la idea de que es más lo que nos une a los españoles que lo que nos separa.
