Un extranjero le lanzó una granada a la carabinera que intentó controlarlo el miércoles. Una banda peruana, la Jauría de Trujillo, extorsiona a familias de inmigrantes que viven en la comuna de Santiago. Venezolanos y colombianos secuestran a empresario en Rancagua, mientras cuatro venezolanos utilizan el mismo procedimiento, el viernes pasado, para pedir rescate por un joven en Iquique. El lunes último, un hombre es asesinado por cuatro extranjeros en un asalto a la parcela de su hermano en Pomaire. La Fiscalía Regional de Tarapacá describió en 186 páginas la variedad de delitos cometidos por 12 miembros de la banda Tren de Aragua al formalizar, la semana pasada, por primera vez a una organización del crimen organizado transnacional.
Estamos, francamente, liquidados. No caben en una columna las últimas fechorías de extranjeros que prestan plata “gota a gota”, cobran “vacunas” en sus territorios, asaltan, matan, descuartizan y secuestran. No son excepciones, son una plaga que asola todo nuestro territorio. Acumulan prontuarios y no cesan.
Aunque el gobierno oculta las cifras de la encuesta más completa de delincuencia (la ENUSC, que no hizo el año pasado y la de éste está pendiente publicarla) sabemos cómo se ha desbordado a límites impensados el delito. El año pasado ya éramos el tercer país con más secuestros en la región, después de Ecuador y Perú, empatando con Guatemala (1,7 por cada 100 mil habitantes). ¿Cómo estaremos este año cuando ya en 2022 sumaban 500 y en 2022 ascendieron a 800, según el Ministerio Público?
La ministra del Interior, Carolina Tohá, que se ha especializado en frases poco criteriosas, aseguró el jueves que “no hay medidas mágicas” en materia de seguridad. Una obviedad para apaciguar los ánimos, luego de convocar a una cumbre tras el atentado con armamento de guerra a la carabinera. En abril el Gobierno convocó a otra cumbre en La Moneda, después de la cual accedió a impulsar la agenda de seguridad del Senado, luego del asesinato del tercer carabinero en 20 días. Entonces, como ahora, parlamentarios oficialistas pidieron decretar estado de emergencia en las comunas más afectadas por los ilícitos, algo que no gusta nada a sus socios del Frente Amplio y el PC.
Y, ¿qué ha pasado desde abril? Que los extranjeros delinquiendo en nuestras calles se expanden con más brío, como un reguero de pólvora. Cómo no, si el Presidente Boric anunció en su primera Cuenta Pública en junio que harían empadronamiento biométrico a los más de 140 mil extranjeros que estimaban irregulares en Chile, desde 2018 en adelante. En julio ya se habían inscrito para el trámite ¡190 mil! En vez de llamarles la atención la demanda, prolongaron el trámite hasta diciembre.
A cambio de identificarse, reciben la zanahoria de que si obtienen un contrato de trabajo y no tienen antecedentes penales, son regularizados en forma individual.
No sabemos si entre esos 190 mil están contabilizados los 800 mil venezolanos que el Presidente Boric contó que hay en Chile en la reunión de la APEC en EE.UU. Pero sí tenemos certeza de que ninguno de los que ha entrado a delinquir a nuestro país va a concurrir al trámite de identificarse.
El martes, Perú publicó un decreto endureciendo las medidas para expulsar a los extranjeros irregulares o que alteran el orden interno en un máximo de 24 horas. Eso aumentará la presión en nuestra frontera norte, sobre todo en Colchane, donde hay bandas criminales operando con los clandestinos y distribuyéndolos en buses por todo el país. Pero esta administración, “buenista” con la inmigración desregulada, sólo accedió a desplegar en las fronteras a las FF.AA. atadas de manos, porque no tienen atribuciones para reconducir ni expulsar. Y para agravar la situación, dictó un decreto que prohíbe reconducir a Bolivia a los extranjeros no bolivianos que ingresan por pasos no autorizados. El llamado a entrar por ahí ha sido escuchado, sobre todo, por los “patos malos”.
Es por eso que el flujo de ilegales no afloja y con ellos, los miembros de bandas internacionales de crimen organizado que se apoderan de nuestra paz. Más cuando el Gobierno tampoco expulsa a los ilegales. Las administrativas están en su mínimo histórico. Sólo se concretaron 218 deportaciones durante todo 2022 y hasta el 15 de septiembre de este año. Una gota en un mar, cuando la PDI reportó 88 mil ingresos clandestinos por denuncias y auto denuncias entre 2022 y agosto pasado. Y siguen subiendo…
Esta es la realidad que vemos todos, salvo el Gobierno, que en piloto automático nos conduce veloz a la destrucción del Estado de derecho. El Presidente está ausente de este problema (y de todos los demás, que son muchos). Abocado a disfrutar de los Panamericanos, más preocupado de hacer cumbre en el cerro San Cristóbal el martes, que de la declinación del país. Y dedicado a viajar. Esta semana voló a la APEC en San Francisco, en su quinto viaje al santuario del neoliberalismo en sus menos de dos años de mandato. A fines de mes partirá a Dubai, a una reunión de la COP, y la próxima semana viajará a la Antártica. Repetirá este destino, seguramente, porque en el viaje anterior en junio tuvo que adelantar su regreso por la urgencia de las lluvias en el sur.
No nos ilusionemos. Nada cambia. Todo empeora. Tendremos que aprender a sobrevivir mientras dure este Gobierno. (El Líbero)
Pilar Molina
