Como en años anteriores, seguramente más de 340 mil personas se matricularán en alguna institución de educación superior, incluyendo centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades. La realidad es que más del 70% de la educación superior no utiliza el sistema único de admisión de la PSU, y en más del 60% de los casos lo hacen sin exigencias de PSU rendida.
Como sociedad, se presta muy escasa atención a lo que ocurre en los segmentos más inclusivos de la educación superior, precisamente aquella que sirve a la gran mayoría del país.
Por ejemplo, en medio de uno de los mayores debates sobre gratuidad en educación superior, llama la atención la escasa repercusión del anuncio del Presidente Obama de establecer en Estados Unidos un sistema de gratuidad para los Community Colleges (carreras de dos años), cubriendo tanto los programas de formación profesional como los que articulan a las carreras universitarias.
Cabe recordar que en 2008 el Consejo Asesor Presidencial en Educación Superior propuso avanzar en un sistema de financiamiento universal para los dos primeros años de la educación superior, lo que lamentablemente no ha sido considerado. En contraste, nuestro Congreso validó una ley de presupuesto en que las becas para universidades tradicionales se reajustan de acuerdo con los aranceles de referencia (por lo general con alzas superiores a la inflación), mientras que las becas para el resto del sistema se mantuvieron una vez más cubriendo solo una fracción de los aranceles de referencia, y sin experimentar reajuste alguno.
También dentro del segmento universitario se perciben tendencias en la dirección de reforzar el elitismo del sistema. Por ejemplo, recientemente el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación señaló que, a su juicio, «las universidades que no investigan son institutos profesionales».
Efectivamente, las universidades más selectivas normalmente muestran una mayor intensidad en su investigación. Sin embargo, el costo de la investigación termina siendo subsidiado por la docencia, sin que exista evidencia internacional clara acerca de la contribución de dicha investigación a la calidad de la formación de carreras de pregrado.
Siguiendo la legislación vigente, la propia Comisión Nacional de Acreditación ha acreditado la calidad de universidades que se declaran fundamentalmente docentes. Exigir que para llamarse universidades las instituciones deban realizar investigación no solo ignora que solo una minoría de universidades en el mundo son universidades de investigación, sino que también representaría una amenaza directa a la existencia de oferta académica de calidad y accesible para un parte significativa de los estudiantes del país.
Hace ya tiempo que la educación superior dejó de servir solo a la élite de la sociedad. La atención mediática y las políticas públicas, lamentablemente, todavía no parecen dar cuenta de ello.
