Mi querido compañero Felipe Tomic, de la Generación 69 de la Escuela de Ingeniería de la U, dice en su carta “Azul que te quiero azul” que las cosas siempre se pueden arreglar en el último minuto del partido. El profesor Carlos Peña en su columna “El peligro de lo amarillo” nos señala, correctamente, que debemos proponer ideas alternativas, no meramente quedarnos en la crítica. Vamos entonces a lo concreto.
El Pleno de la Convención ya aprobó, y por tanto quedará indeclinablemente en el texto de la propuesta constitucional, el siguiente párrafo textual: “Artículo 5.- De la Autonomía de las entidades territoriales. Las regiones autónomas, comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses en los términos establecidos por la presente Constitución y la ley”.
En concreto, no solo una región, sino también una comuna de esa misma región, y un territorio indígena que ocupa parte de esa misma región y comuna, pueden gozar de autonomía en el mismo metro cuadrado de terreno y para los mismos habitantes, con reglas diferentes. Si mi querido amigo Felipe nos explica razonablemente de qué manera esa contradicción insólita se puede resolver, puede contar con que los amarillos defenderemos su idea.
Por su parte, tanto las regiones como las comunas autónomas y las autonomías indígenas podrían, en este escenario, y aunque no emitan títulos de deuda (felizmente eliminados este jueves) incurrir en déficits presupuestarios gigantescos, a gastar sin transar, sabiendo que al final la cuenta la pagará el fisco. Ya todos conocemos las malas prácticas comunales en cerca de la mitad de los municipios de Chile. Le pregunto a Felipe, ¿cómo le hacemos?
Para intentar satisfacer al profesor Peña, y ayudar a mi amigo Felipe, mi propuesta personal —no conversada con otros colegas de mi primaveral color— sería agregar unos pequeños “detalles” al texto final de la Constitución:
1. No podrán coexistir autonomías diferentes sobre un mismo espacio geográfico. Cualquier controversia en este aspecto será resuelta por el Congreso.
2. Aunque las autonomías lo sean en el terreno financiero, sus cuentas deberán ser transparentadas plenamente al Ministerio de Hacienda, difundidas públicamente y sujetas a auditorías externas independientes. Cualquier déficit presupuestario implicará el cese inmediato de los aportes del gobierno central, y sus responsables administrativos serán objeto de juicios de cuenta por la Contraloría y cesados en el cargo. (El Mercurio)
Mario Waissbluth
