El martes, cuando el ministro de la Segpres Gonzalo Blumel y el jefe de la división de Relaciones Política e Instituciones, Max Pavez, se alistaban para comenzar a debatir sobre la modernización del Tribunal Constitucional en la comisión de Constitución de la Cámara, recibieron el mensaje del socialismo: el diputado del Partido Socialista, Marcelo Díaz, alzó la mano e hizo ver que existía un acuerdo de la oposición para vetar el ingreso de subsecretarios y asesores de Gobierno.
En medio de la tensión que se generó, el presidente de la instancia, Matías Walker (DC), intentó darle un “respiro” al ambiente y le consultó al secretario de la comisión la posibilidad -según el reglamento- de que Pavez permaneciera en el lugar. Ante lo que recibió una respuesta favorable, pero se debía mantener en silencio mientras se desarrollaba la discusión. El debate en torno a la opción de que el asesor de Blumel permaneciera en la sesión se extendió por casi una hora y fue Díaz uno de los que se mostró más molesto con el Ejecutivo. Y ya cuando entraron en materia, el diputado se retiró de la comisión.
Este fue uno de los casos en que la colectividad que preside Álvaro Elizalde mostró su rechazo a los dichos de la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez. El día anterior la ministra había apuntado a que el partido aclarara los presuntos vínculos con el narcotráfico. Esto, en medio medio de las declaraciones cruzadas por el anuncio de una acusación constitucional -impulsada por el PS- contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos.
«¿Qué relación tiene el Partido Socialista con el narcotráfico? (…) ¿Por qué no han dado una explicación coherente, por qué no han tenido reacciones firmes?», planteó la ministra.
Sus palabras fueron duramente criticadas por dirigentes del PS. Pero hace 2 meses, fueron las propias voces socialistas las que pidieron aclarar la situación tras una reportaje de Canal 13 donde se revelaba un padrón abultado en la comuna de San Ramón y eventuales vínculos con narcotraficantes.
De hecho, el primero en salir a cuestionar a su partido fue el diputado Díaz. «Yo creo que está abultado, no es un padrón real. Si tú sacas San Ramón del total de las votaciones del PS hay una media y San Ramón está por sobre la media. Lo que yo creo es que algunos se acostumbraron a contar con esos votos”, dijo el diputado en el reportaje.
Por su parte el secretario general de la colectividad, Andrés Santander, admitió una “cantidad importante de militantes” en la comuna encabezada por Miguel Ángel Aguilera. “Esto no es una realidad nueva, la zona sur de Santiago siempre ha sido una zona donde el Partido Socialista ha tenido una gran presencia desde el retorno de la democracia”, sostuvo.
Durante el periodo de elección interna, Díaz se convirtió en uno de los principales detractores a la gestión de la mesa de Elizalde. “Yo no puedo sino decir que allí (en San Ramón) hay clientelismo y ese clientelismo es reclutar a la gente para que fiche en el partido a cambio de alguna prebenda y a mí me parece que eso es un verdadero tumor que lesiona muy gravemente a la vida de los partidos, porque no es una realidad que exista en todo el país”, expresó el diputado el 18 de junio.
Y seis días después agregó: “Si uno no reconoce la crisis, si cree que está todo bien, que es un montaje comunicacional, no se llega al tema de fondo. Acá hay una señal, un signo. El PS no es un partido tomado por el narcotráfico, pero tiene un problema ahí. Lo sabíamos y no se hizo lo que debíamos hacer”.
Pero no fue el único en alzar la voz. Incluso, el diputado Juan Luis Castro fue más allá y apuntó a la posibilidad de una “extinción” del PS en caso de que no se anulara la elección en San Ramón. “Hay militantes que están asqueados, consternados, y dispuestos a dejar las filas si no se reconoce, de una vez por todas, la magnitud de esta crisis por parte de la cúpula de la dirección del Partido”. Y agregó: «Hay señales evidentes de narcotráfico no solo en San Ramón, sino también en otros lugares», señaló el 19 de junio. Ese mismo día el Tribunal Supremo del partido decidió anular los votos de San Ramón y otras 19 comunas.
Las críticas, incluso, continuaron de mano del ex ministro del Interior Germán Correa, quien respaldó la lista de la disidencia, encabezada por la diputada Maya Fernández. “Hay que enfrentar el problema más general que da origen a estas penetraciones de individuos indeseables en la militancia del partido, que es el clientelismo que se ha desarrollado como fenómeno estos últimos veinte tantos años. Pero ese clientelismo ha adquirido un nuevo carácter, ahora con la penetración de personajes vinculados al narcotráfico y a la delincuencia dentro de los rangos partidarios”.
Además, por esos días, Óscar Landerretche, Gloria de la Fuente, Francisco Díaz, Máximo Pacheco, Carlos Montes y Gabriel de la Fuente, firmaron una misiva titulada “Carta al socialismo. Una invitación a firmar” junto a más de 50 destacados militantes, donde hacían un llamado a “extirpar el cáncer que abre la puerta a la corrupción y el crimen organizado”.
Se lee en la carta abierta que «somos un partido de luchadores sociales, de militantes comprometidos y no aceptamos que se imponga la política del padrón electoral, donde lo que se persigue es sumar votos para una elección a cualquier costo descuidando la formación política, los estándares éticos y la integridad de la conciencia de nuestros militantes”.
«Manifestamos nuestra profunda preocupación, pero también nuestra indignación por los hechos dados a conocer en los últimos días sobre la existencia de redes clientelares corruptas, que ha llegado a abarcar a individuos vinculados al narcotráfico», continúa la misiva.
Ante la vinculación de algunos militantes de San Ramón con el narcotráfico, la bancada de diputados tampoco quedó indiferente y a través de una declaración pública le solicitaron a la mesa que presentara una denuncia ante el Ministerio Público. El objetivo es que la Fiscalía “inicie una investigación conducente a esclarecer los hechos denunciados, a determinar las responsabilidades y perseguir la aplicación de las sanciones que corresponda según la ley, en particular aquellos hechos vinculados con el narcotráfico”.
A la masiva reacción socialista se sumó también el analista del partido, Ernesto Águila, quien integró la lista de Fernández para las internas. “En el caso de San Ramón, el PS no ha mirado al techo, aunque ha faltado una actitud más clara y activa en relación a una revisión y control del padrón”, señaló a El Mostrador. Y agregó que “es fundamental poner una muralla china entre el narcotráfico y el sistema de partidos. Esa infiltración es un riesgo real y que cruza la política aquí y en muchos países. En eso hay que actuar con anticipación y de manera drástica. Ser y parecer”.
Así, 18 diputados que forman la bancada y una decena de militantes destacados que impulsaron una carta abierta -en la que pusieron su rúbrica un centenar de figuras-, muestra que más de 30 personalidades del PS pidieron, en su momento, aclarar los vínculos que hoy Cecilia Pérez ha vuelto a poner en la palestra.(El Líbero)
