La presidenta Bachelet necesita definir cómo desea terminar su mandato. Y, por lo tanto, en qué condiciones le gustaría que quedara el país cuando abandone La Moneda en marzo de 2018. De la visión que tenga al respecto y de las opciones que tome dependerá el juicio definitivo de los chilenos sobre su gestión, que hoy es crudamente desfavorable. Si opta por priorizar los intereses de los partidos o grupos cercanos, y pierde de vista el sentir del resto de la población, sólo puede esperar la decadencia sin vuelta. Si cree que será evaluada por el porcentaje de cumplimiento del programa, debería entender que puede cumplir el 100% del mismo sin que ello represente un progreso tangible para Chile. Será juzgada no por las buenas intenciones, sino por los resultados concretos.
Lo más conveniente sería que le ofreciera al país un pacto de gobernabilidad con vistas a establecer amplios consensos para asegurar la estabilidad institucional, estimular el crecimiento económico, focalizar el gasto social en las carencias más agudas y concordar una agenda legislativa que no enrede más las cosas y contribuya a despejar los factores de incertidumbre.
El ministro Mario Fernández también tiene que optar. Si se conforma con ser un funcionario disciplinado, que se limita a cumplir instrucciones, con poca conciencia de la precaria base de apoyo del gobierno, su gestión pasará sin pena ni gloria. En cambio, podría ayudar de verdad a la Presidenta si aporta su experiencia para articular una línea de acción realista, con los pies en la tierra. En particular, debe prestar atención al orden público y liderar el esfuerzo de las instituciones policiales orientado a impedir el vandalismo en calles, liceos y universidades. Ha llegado la hora de poner coto a la anarquía en los centros de enseñanza y garantizar efectivamente el derecho a estudiar.
La Presidenta tiene el deber de usar sus facultades para proteger nuestra convivencia democrática que, por cierto, no está blindada. Es muy grave que los ciudadanos sientan que las autoridades no resguardan su derecho a vivir y trabajar en paz, o que son indulgentes con quienes destruyen la propiedad pública y privada, y hasta queman iglesias. Tiene razón el exsenador socialista Camilo Escalona al afirmar que en La Araucanía hay terrorismo. Pues bien, hay que enfrentar ese reto.
Respecto de la Constitución, se requiere dejar atrás las consignas y encauzar institucionalmente un debate en el que ha abundado la confusión. Hay sectores del oficialismo que parecen creer que el Estado de Derecho resiste cualquier cosa, lo que revela enorme liviandad. El gobierno tiene que defender con firmeza las normas constitucionales que nos protegen a todos, y cuyos eventuales cambios no pueden hacerse a la diabla.
En suma, la Mandataria necesita visualizar cómo saldrá del gobierno. Eso implica no perder el tiempo discutiendo leyes “interpretables”, que al final no dejan nada provechoso. Será mejor si ella expresa una clara voluntad de gobernar para todos los chilenos. (La Tercera)
