Luego de que este viernes el Gobierno entregara una oferta de 2,9% de reajuste salarial a los trabajadores del sector público, tras la solicitud hecha por sus representantes de un 7,5%, dirigentes sindicales salieron a rechazar a sus portavoces, el coordinador Carlos Insunza y la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, acusándolos de «fraudulentos» y de tener «poca legitimidad».
«Venimos a decirle al Gobierno que se equivoca sentando a la mesa de negociación a aquellos dirigentes que han enlodado la representación de las y los trabajadores de Chile en una elección fraudulenta y que no son los dirigentes de la CUT quienes queremos que nos representen», dijo la directora de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Jimena Aguirre, quien informó la creación de la Mesa Alternativa del Sector Público.
Lo anterior debido a que la Mesa del Sector Público, donde hay representantes de 15 organizaciones de trabajadores fiscales, está dirigida por Bárbara Figueroa, quien, según la nueva mesa alternativa, «fue fraudulentamente elegida en los últimos comicios de la entidad».
«Los dirigentes de la CUT hoy están en graves cuestionamientos por parte de los trabajadores de Chile. No estamos disponibles para que esa clase de dirigente nos represente», enfatizó Aguirre afuera del Ministerio de Hacienda y agregó que «es necesaria la autonomía sindical en quienes nos vayan a representar, que no tengan militancia política en partidos de la Nueva Mayoría (NM)».
Asegurando que se trata de «cientos de miles» de trabajadores que no están siendo representados en la actual mesa de negociación «porque no tenemos representación en militancia de partidos de la NM», la dirigenta aseguró que el pasado 25 de agosto le enviaron una carta a la Presidenta Michelle Bcahelet manifestando su necesidad de ser escuchados.
Sin embargo, según Aguirre, la Mandataria respondió a los trabajadores de la actual mesa alternativa que las conversaciones eran sólo con la mesa oficial.
Por otra parte, los dirigentes de trabajadores honorarios, de servicios subcontratados del Estado, de municipalidades, de la salud, cementerios, entre otros que formas parte de la nueva mesa, recordaron su llamado al paro nacional para el próximo 4 de noviembre.
Respecto a la opinión de Raúl de la Puente, presidente de la ANEF, Orietta Fuenzalida, directora de la asociación, aclaró que «este es un movimiento autónomo y dentro de la libertad sindical no necesitamos permiso del presidente para actuar en consecuencia».
Además, indicó que la opinión del dirigente «no es compatible, es contraria, a lo que estamos desarrollando nosotros como sindicalismo».
CRÍTICAS A LA PROPUESTA DE GOBIERNO
En cuanto a la oferta del Gobierno de un reajuste del 2,9%, la directora de la ANEF recalcó que se trata de «una cifra insuficiente». «El ministro de Hacienda nos quiere convencer de la falacia que es imposible distribuir el crecimiento que se mantiene en cifras azules, a quienes contribuyeron a generarlo», afirmó.
«No hemos pedido cifras. Nosotros esperamos a que el Gobierno nos escuche, aquí hay temas mucho más estructurales y que son de fondo al guarismo de todos los años, estamos hablando de la precarización del empleo», dijo Aguirre y aseguró que hay trabajadores públicos que hace años no reciben un reajuste salarial, por lo que «estamos planteando temas de fondo y exigimos ser escuchados». (Emol)
