Pánico extendido por el coronavirus, todos los viajes suspendidos y los supermercados desabastecidos de artículos de limpieza, es lo que reporta desde EE.UU. el economista chileno Sebastián Edwards. En lo que respecta a él, su realidad hoy, como académico de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), son las cátedras a distancia: “Acabo de dictar una clase en la que estaba solo en el salón, mirando una cámara… Los 72 estudiantes estaban en línea en sus casas, y participaban a través del internet”, relata. Pero si bien su evaluación sobre los efectos económicos a nivel mundial de esta pandemia es severa, “puede ser más grave que el 2008”, en el caso de Chile su visión es que lo esencial sigue siendo la crisis sin resolver que estalló en octubre y, derivada de ella, la violencia que no cesa. Un cuadro, admite, que lo tiene “muy pesimista” y con una “enorme tristeza”.
¿Chile está frente a una tormenta perfecta, con una crisis interna y ahora con un mundo golpeado por el coronavirus?
-Es una combinación horrible. Es muy probable que la situación de la gran mayoría de los chilenos continúe empeorando. Más desempleo, más bancarrotas y menores ingresos. Si a eso se le suman las dificultades en el transporte -estaciones de Metro que se cierran constantemente-, tenemos que en Chile la clase media se encamina a una situación calamitosa.
¿Podemos ser de los más golpeados en el mundo por nuestro grado de apertura comercial?
-No. Ni cerca de los más golpeados. Por una serie de razones, nosotros no somos parte de sofisticadas “cadenas de suministro internacional”, como muchos países de Asia y como México. Estos están siendo golpeados en forma mucho más fuerte. Su actividad depende, en gran parte, de recibir productos desde otros países y agregarles algo de valor, para después pasarlos a otro país en la cadena. Todo ese proceso se trancó, con costos enormes para los que participan en él.
En Chile ya se habla de un crecimiento nulo este año. ¿Comparte eso o ve incluso una recesión?
-Si las cosas siguen como durante las dos primeras semanas de marzo, no me sorprendería un crecimiento negativo este año. Todo se está trancando.
¿Será necesario un paquete fiscal de reactivación?
-Lo correcto es una combinación de política fiscal y monetaria. Lo más importante es flexibilidad y estar muy alerta. El jueves se congelaron los mercados de crédito internacional, y si la situación continúa así, es muy difícil financiar afuera un nuevo programa fiscal. Ello implica que hay que depender del mercado interno, lo que no será fácil. Por tanto, la política monetaria va a tener que ser más ágil.
¿Eso significa que ve una pronta baja de tasas en Chile?
-El Banco Central debe bajar la tasa, sin ninguna duda. Y proveer liquidez en forma generosa. Una rebaja inmediata de 50 puntos básicos, quizás de 75.
¿Y no está en una encrucijada dada el alza del dólar y una mayor inflación?
-Es una crisis muy seria y hay que tomar medidas profundas y significativas. Hay que aceptar que el dólar seguirá subiendo y que la inflación se empinará a niveles que no hemos visto por mucho tiempo. Pero esto no es solo una consecuencia del coronavirus y la crisis mundial. Una parte muy importante del pastelito ha sido cocinada en casa.
¿Cuánto más puede escalar el dólar: a $900 o incluso a $1.000?
-Es imposible saber. Y no es solo por el coronavirus -que creo puede estar bajo control en unos tres meses-, también por la violencia interna constante y sin control. Culpar a la pandemia de todo lo que pasa es muy conveniente para los políticos, pero no es correcto. Todo esto puede llevar al dólar a la vecindad de los $900, e incluso a coquetear con los $1000.
Llevamos 5 meses de crisis social, ¿estamos mejor o peor que en diciembre?
-Estamos peor, sin ninguna duda. El avance legislativo ha sido insólitamente lento, las discusiones sobre el fondo de las reformas y la nueva Constitución continúan siendo superficiales, el diálogo brilla por su ausencia y marzo se perfila como uno de los meses más violentos en la historia de la República.
En una carta a El Mercurio usted dijo que si no se restablecía el orden público, nada impediría el camino de Chile al calvario. ¿Cuál es ese calvario?
-El calvario es la destrucción institucional, política y económica del país. También cultural. La violencia está al centro de todo esto. La violencia es destrucción, funas, intimidación, amenazas, abusos, confección de escudos y de molotov. Impedir que el Metro funcione adecuadamente es violencia al máximo. Y esta violencia no amaina por una combinación de dos factores: un gobierno enormemente incompetente y una oposición irresponsable y oportunista.
¿Qué errores ha cometido el gobierno de Sebastián Piñera?
-Muchos, que han sido documentados por analistas agudos como Carlos Peña y René Cortázar. Pero hay un error fundamental que no ha sido discutido lo suficiente. Ni Piñera ni sus asesores entendieron que el triunfo electoral del 2017 se debió a que una cantidad enorme de gente les “prestó los votos”. Fueron votos de rechazo a Guillier, no votos a favor del programa piñerista. Pero el préstamo era de corto plazo y condicional. No eran votos para que el ministro Felipe Larraín se empecinara en su reforma tributaria; eran votos prestados para ver si el gobierno de “los expertos en gestión” podía solucionar los problemas de la gente. El concepto de “votos prestados” lo usó Boris Johnson en el discurso de agradecimiento de su propia victoria en Gran Bretaña. Dijo que como tenía muchos votos prestados de los laboristas, era su obligación cuidarlos.
¿Y a qué se refiere con lo de una oposición irresponsable y oportunista?
-No cabe dudas que hay una irresponsabilidad mayúscula, acompañada de una mezquindad suicida. ¿Dónde están las propuestas concretas -pero de verdad- sobre cómo enfrentar la violencia? Lo mínimo es una ley “anticapuchas” en las manifestaciones violentas. Pero nadie se atreve a decirlo por cobardía, por temor a las funas. Esas leyes existen en Canadá, Noruega, Francia, España, Suecia y Holanda, entre muchos otros. ¿Por qué no en Chile? ¿Por qué no en un país que se cae a pedazos? En un país normal, con políticos normales y valientes, se aprobaría una ley anticapuchas en materia de días. Pero me temo que Chile ha dejado de ser un país normal; o, quizás, nunca lo fue.
A poco más de un mes del plebiscito, ¿cómo ve el proceso?
-Me parece que ambos sectores están activos, lo que es positivo. Por el lado negativo, creo que hay poca sustancia en los debates.
¿Puede el coronavirus y/o el nivel de violencia, atentar contra el plebiscito?
-Desde luego. Un recrudecimiento de la tasa de contagios puede tener efectos nefastos sobre el acto electoral. Me parece que sería muy problemático, pero quizás por razones de salud pública haya que postergarlo. No obstante, la violencia es lo que más me preocupa. Y no solo por posibles ataques a locales de votación. ¿Qué pasa si el 26 de abril se repite lo de todos los días y hay muchas estaciones del Metro cerradas, por lo que mucha gente no puede llegar a su lugar de votación? ¿Sería el plebiscito legítimo y válido? En EE.UU., el caso sería litigado en las cortes, y es probable que, si un grupo sustancial de personas se ve impedido de llegar a votar, la votación sería declarada nula.
Arturo Cifuentes dice que con “el plebiscito de abril Chile va a dar un salto al vacío, sin paracaídas”. En cambio, José De Gregorio plantea que “un cambio constitucional es lo que necesitamos hacer para dar el salto al desarrollo”. ¿Con qué se queda?
-Ambos tienen razón. Hace muchos años que Chile necesita una nueva Constitución; una Carta Magna discutida y aprobada democráticamente. La mayoría de los ciudadanos considera que la actual Constitución es ilegítima, y eso contribuye a la fragilidad de nuestro sistema político, a nuestras divisiones y a nuestra falta de visión compartida sobre el futuro. Lo ideal hubiera sido desarrollar ese proceso constituyente en paz y tranquilidad, con armonía y diálogo profundo. Pero hoy estamos lanzando este proceso en medio de la incertidumbre, la violencia, el miedo, el odio y las amenazas. Existe el riesgo real que, dadas las circunstancias, terminemos con una Constitución peor que la actual.
