No hay duda alguna que en la educación salen a flote todas nuestras sensibilidades. Varios lo han dicho antes, la educación se ha convertido en el campo de nuestras batallas ideológicas, en vez de construir los caminos para un mejor desarrollo y entregar oportunidades para todos. Así, nos hemos movido en una serie de políticas erráticas, que no quedan bien definidas y no atienden a la realidad y problemas de fondo, debiendo ir corrigiéndolas a pulso a medida que comienzan a conocerse sus dificultades.
Más bien, los cambios que se han realizado en el sistema en general han sido motivados por las demandas de grupos que velan por sus propios intereses, es decir, ha faltado un consenso que permita que todos los actores se sienten a hablar sobre educación y se establezcan prioridades sobre esta misma. Por ejemplo, nadie cuestiona que es necesario dar mayor equidad al sistema de educación superior y que su financiamiento juega un rol relevante en ello, pero al mismo tiempo requerimos solucionar la cobertura de los niveles parvularios donde se juega el desarrollo futuro de esos niños, la calidad de la educación pública y la formación de nuestros profesores.
La falta de un proyecto o relato común no hace más que enfrentar a la educación: profesores, versus estudiantes versus apoderados. Prueba de esto es que actualmente toda la atención esté centrada en el Instituto Nacional (IN) producto de protestas y episodios violentos ocurridos tanto dentro como fuera del establecimiento, cuando al mismo tiempo se discute en el Congreso la Estrategia Nacional de la Educación Pública, que más allá de un par de opiniones ha estado completamente fuera del debate público.
El ejemplo no es casual. El diagnóstico compartido es que hemos olvidado a la educación pública, al punto que las familias han preferido abandonar ésta para optar por mejores opciones para sus hijos que al menos les garanticen una continuidad en el aprendizaje. Las causas de esta migración son muchas: una educación segregada, con problemas tanto desde lo administrativo como lo pedagógico. Faltas de liderazgo de los directivos que no cuentan con las herramientas para instalar mejoras en sus escuelas, a veces incluso debido a trabas burocráticas. Sostenedores que no conocen las realidades de sus establecimientos y no se involucran en su vida cotidiana. Problemas que han afectado la calidad de la educación, lo que en números se ve reflejado en los resultados del SIMCE, en los puntajes PSU y en el acceso de estos estudiantes a la educación superior.
Sin embargo, este tipo de conflictos o dificultades que se viven al interior de los liceos no están plasmados -en su mayoría- en las demandas de los estudiantes del Instituto Nacional. El petitorio responde más bien a una elite muy alejada de la realidad de sus otros compañeros de colegios públicos. A esto se suma que la falta de un proyecto compartido por la comunidad lo tiene enfrentado y sumido en la violencia. Cuestión muchas veces avalada no sólo por algunos padres sino también por la opinión social.
La mera posibilidad de cierre de este emblemático liceo -más allá de que uno puede estar de acuerdo o no- ha hecho más ruido que hoy más de 60 mil alumnos asistan a uno de los colegios que fue clasificado en la categoría de desempeño insuficiente. Tanto es el protagonismo que genera el IN que incluso algunos han propuesto que se debiera acelerar el traspaso de éste a los servicios locales de educación que crea la Ley de Educación Pública, de manera que ya no sea el Municipio de Santiago el sostenedor. Lo anterior implicaría una vez más jugar con la educación, debido a que esta idea no sólo supone que el problema del instituto radica en el alcalde Felipe Alessandri, sino que además desconoce que una medida de tal envergadura no puede ser tomada a la ligera.
Es hora de que los cambios en educación no se construyan a través de demandas aisladas ni medidas parches que responden solo a un caso en particular. Es urgente sentarnos a conversar en base a un proyecto común.
Magdalena Vergara/La Tercera
