El país ha sido testigo del nuevo y tal vez más relevante acto republicano de los últimos 40 años con la convocatoria e instalación oficial de la Convención Constitucional recientemente elegida y que, compuesta por 155 representantes de nuestra amplia diversidad nacional, tiene la misión de discutir y redactar, en el plazo máximo de un año, una carta fundamental que definirá y limitará los poderes de un Estado rediseñado, respecto de la sociedad civil que aquella regirá.
La solemne ceremonia -que no estuvo exenta de tensiones a raíz de desórdenes ocasionados por grupos que se enfrentaron a Carabineros en el entorno de la sede del ex Congreso Nacional en Santiago, donde se reunían los convencionales- fue encabezada por funcionarios del Tribunal Electoral que llevaron a cabo con la sobriedad, dignidad y solemnidad requerida, el acto de juramento o aceptación de los cargos y la elección de la presidencia de la Convención, puesto en el que fue elegida, en segunda votación, la representante del pueblo mapuche, Elisa Loncón, con 96 sufragios.
Esta primera elección, realizada con un atraso de una hora y media respecto del programa original debido a suspensión del acto tras alegatos de convencionales de izquierda sobre la situación que se vivía en el exterior de la Convención, mostró la diversidad de minorías que componen el conjunto de convencionales electos, pues, en su escrutinio, ninguno de los constituyentes que aparecieron con preferencias para dirigirla consiguió alcanzar la mayoría absoluta de 78 sufragios necesarios para llegar a la presidencia.
Solo en el segundo intento, la elección decantó en favor de la vencedora parcial del primero, al tiempo que los candidatos que habían conseguido segundas, terceras y cuartas preferencias, como Harry Jürgensen, de la lista de Chile Vamos, y Patricia Politzer, de Independientes No Neutrales, mostraron solo leves bajas respecto de sus resultados anteriores, con la excepción de Isabel Godoy, representante del pueblo coya, cuyos sufragios se transfirieron en su mayoría a Loncón, quien, finalmente, consiguió las 96 preferencias provenientes en su mayoría del FA, Lista del Pueblo y el PC, cifra que, empero, no alcanzó a los dos tercios (103) y que reitera las dificultades que se han advertido para el proceso de acuerdos a que deberán llegar en la redacción de la nueva constitución.
La diversidad de elegidos que presenta la convención integrada por 37 convencionales de Chile Vamos, 28 de la Lista Apruebo Dignidad (FA y PC), 27 que provienen de la Lista del Pueblo, 25 de la Lista del Apruebo (Unidad Constituyente), 11 Independientes No Neutrales, 10 independientes y 17 electos en escaños reservados para los pueblos originarios, muestra la profunda huella cultural que han dejado en el país una democracia abierta y liberal que, por décadas, ha posibilitado a sus ciudadanos un entorno de libertades económicas, sociales y políticas que se reflejan en la pluralidad citada.
Este conjunto de minorías es resultado de una evidente profundización y especificidad propia de la mayor conciencia que posibilitan la libertad y la democracia respecto de intereses y creencias individuales y grupales que, vistas en acción, parecen muy difícil de categorizar exclusivamente dentro de los marcos ideológicos del siglo XX. La afirmación se puede constatar en la transversalidad de traspasos de preferencias ocurridos entre la primera y segunda votación convencional para la presidencia, así como en la necesidad de triplicar las votaciones en el caso de la elección de vicepresidente, cargo que requirió de esos tres comicios para dar finalmente una mayoría absoluta de 82 votos para el independiente, cupo FA-Convergencia Social, Jaime Bassa, tras movimientos de sufragios que incluyeron hasta trasvasijes desde la lista de independientes Evópoli y que, finalmente, consiguieron colocar en la conducción de la mesa a la fórmula de aspirantes que había promovido el FA.
Es decir, la Convención está compuesta por tal multiplicidad de sectores sociales, de género, ideológicos, culturales y económicos con ideas propias, que, junto con el hecho de que ninguno cuenta con el argumento de ostentar una mayoría absoluta o suficiente para imponer determinadas normas y principios que pudieran afectar los intereses de las otras minorías, tienen, además, las naturales divergencias individuales respecto de temas particulares que, no obstante converger en un acuerdo que superó en 18 votos la mayoría absoluta de 78 para el caso de la presidencia, no alcanzó a esos dos tercios que otorgan mayoría y aprobación en el caso del articulado de la carta magna y, menos aún, en el caso de la vicepresidencia.
En los hechos, en esta primera sesión convencional se asistió, en la elección de la mesa, más bien a una suerte de “competencia y colaboración” trabada entre una centroizquierda e izquierda institucional -con sus acuerdos y divergencias- y otra izquierda emergente vinculada a movimientos sociales, de género, independientes y pueblos originarios, al tiempo que la derecha se instaló como segunda o tercera fuerza, según el caso, manteniendo sus votaciones por los candidatos que se convinieron, sin oscilar en sus preferencias, a excepción del caso del independiente Evópoli que aportó a la votación de Bassa en su tercera vuelta.
La especial configuración, tan diversa y plural, de la Convención augura, pues, un proceso de discusión constitucional que, para efectos de su eficiencia y eficacia, deberá transitar el largo camino del convencimiento individual y grupal mutuo y un tipo de trabajosa negociación racional y de punto medio que pareciera impedir la imposición de normas que se aparten radicalmente de la actual estructura de derechos y deberes, así como de la división de poderes institucionales vigentes.
Por consiguiente, se debería esperar de ella un tipo de avance a través de una fina ruta de definición de instituciones republicanas, principios y valores, derechos y deberes, que tendrán que ser inscritos en la nueva carta con niveles de abstracción y generalidad que conciten esa citada mayoría de dos tercios, al tiempo que, evitando la sobreabundancia de detalles, dejar en manos del nuevo Congreso que se elegirá en noviembre próximo, la elaboración de las nuevas leyes que materializarán dichos preceptos. Son dichas leyes orgánicas las llamadas a aterrizar de modo coherente y consistente, los derechos, deberes, valores, principios e instituciones que la nueva constitución debe asegurar y proteger. No sea que, de no cumplir con las expectativas ciudadanas, probadamente libertarias y democráticas a estas alturas, la nueva carta terminara por no ser ratificada en el plebiscito de salida dispuesto por la reforma constitucional producto del acuerdo del 15 de noviembre y, en tal caso, extender la vigencia de la actual.
Pese a todo esto, en las próximas horas y días, una vez que se constituya formal y administrativamente la Convención, las primeras tareas propuestas por la mesa han apuntado a la redacción de una declaración pública corporativa en la que solicitarán una amnistía para los llamados “presos políticos de la revuelta” y del “Wallmapu”, varios de cuyos procesos se encuentran aún vigentes ante el poder judicial y que, por consiguiente, su eventual indulto importa una indebida injerencia en los asuntos de otros poderes del Estado. Por lo demás, se trata de una propuesta que además de no tener unanimidad interna, o al menos de dos tercios, se verá antes, siquiera, de definir su propio reglamento de funcionamiento, así como las respectivas comisiones que debería conformar la Convención.
Asimismo, y obviando las normas descritas en la reforma constitucional que hizo posible la Convención inaugurada ayer, se ha propuesto, también como acción urgente, ampliar la mesa de sus actuales dos, a siete directivos, probablemente con el propósito de generar fórmulas de rotación en la presidencia y vicepresidencia que, por lo demás, fue preanunciada por Loncon. Se trata de otro cambio que, eventualmente, implica o reformar nuevamente la Constitución actual para otorgarle a los cargos las atribuciones correspondientes; o instalar la modificación como una norma puramente protocolar interna, aunque sin las atribuciones jurídicas necesarias y que, con seguridad, provocará agrias discusiones con otras minorías que pudieran advertir la amenaza de aislamiento antes de iniciar las conversaciones relativas a su propósito original, provocando tensiones innecesarias.
Es de esperar que, dada la complejidad de los temas propios a tratar, los previsiblemente dificultosos acuerdos entre las variadas minorías representadas y el escaso tiempo que los convencionales tienen legalmente para cumplir con su propósito, la mesa y los propios constituyentes vayan alineándose más rápidamente en torno a los objetivos de su misión, de manera de evitar que la eventual imposibilidad de cumplir con sus tareas producto de ajetreos ajenos a su misión, obliguen a una nueva reforma constitucional por parte del nuevo parlamento para alargar sus plazos de operación, extendiendo, además, las incertidumbres que naturalmente provocan para la serie de derechos y libertades vigentes, una aún más prolongada indefinición respecto de las nuevas normas y reglas que regirán los destinos de los ciudadanos del país en los próximos años. (NP)
