¿Por qué las personas, por lo general, se portan bien (“buenismo”), incluso en ausencia de un poder de coacción o de autoridad que lo asegure? La respuesta simple sería “por educación o civismo”.
Pero aquel civismo o educación cívica no emergió de la nada, sino que nos ha sido impuesto a la largo de esa “Educación” (del sustantivo latino educatio, onis, derivado de educare, ‘criar’, ‘alimentar’, formada mediante el prefijo ex– ‘fuera’ y el verbo ducere ‘guiar’, ‘conducir’, originado en el indoeuropeo deuk). De otro modo, nuestra conducta habitual sería más parecida a la de la supervivencia animal en la selva, cuya muestra más palmaria son las guerras civiles o internacionales de las que somos testigos, aun en el siglo XXI, cuando los acuerdos se rompen.
Es decir, somos “buenos” porque alguien nos ha conducido y, por tanto, ha tenido “poder” para hacerlo. Padres, profesores, amigos o parientes admirados, medios de comunicación, dirigentes sociales o políticos, curas y/o pastores forman parte de ese proceso, del que ellos tampoco han escapado, pues, a su turno, también han sido conducidos según “normas” sociales instaladas por centurias, tornándose casi materiales, solidificadas en estructuras institucionales especialmente creadas al efecto.
Es decir, se podría afirmar que “el buenismo” es un circuito virtuoso, a la vez religioso, cristiano, cívico, laico e institucional, el cual, a su turno, solo se quiebra con anomalías de aquellos díscolos que, de pronto, cuestionan al guía y las metas, pero que, en definitiva, impulsan el progreso y el cambio.
El dilema es qué cambio, porque no todo cambio es sinónimo de progreso.
En efecto, hay cierta coincidencia, cada vez más extensa, en que el futuro estará montado en las energías limpias, profundizando su ya generalizado uso en la producción de electricidad destinada a accionar los bienes y servicios de lo inmobiliario, hacia la eléctromovilidad, a medida que autos, buses, camiones y aviones dejen de usar combustibles fósiles -en fase de agotamiento-, probadamente dañinos para un medioambiente sustentable.
El problema no resuelto aún -pero en ciernes de serlo, a pasos agigantados- es cómo acumular la energía limpia del sol, el viento, mareas, geotérmica y similares en “envases” de largo aliento que viabilicen el desplazamiento de los vehículos por espacios y tiempos adecuados para reemplazar con éxito -por costo y usos- a los combustibles tradicionales.
La esperanza chilena ha estado puesta en el litio y las baterías de ese metal alcalino, las que, hasta ahora, parecen mostrar interesante potencial para tal propósito, en la medida que el territorio contiene la principal reserva mundial del mineral, seguida por China, que es menos de la mitad, y Argentina y Australia, que combinadas apenas superan a China. Queda, empero, por ver, su competencia con otros elementos como el hidrógeno y modelos experimentales que cumplirían igual objetivo a partir del más abundante bien sobre la tierra: el agua.
De allí que el precio del litio se haya triplicado en los últimos años, no obstante sus alzas de producción, el que unido al cobre -de uso intensivo en vehículos y electrificación- y el sol del Norte del país, conforman una triada esplendorosa para hacer de Chile un exportador mundial imbatible de insumos para la eléctromovilidad que viene.
El principal depósito de litio nacional está en el Salar de Atacama y la mayor empresa nacional es SQM, que prevé producir 180 mil toneladas en 2021, transformándose en la más grande productora mundial. No es casualidad, entonces, que un grupo transversal de 23 senadores solicitaran al Presidente Piñera la creación de la Empresa Nacional del Litio con el propósito de explorar y explotar dicho mineral mediante acuerdos públicos / privados en que se reserve al Estado el rol de controlador de todos los proyectos mineros productivos en los salares de Chile, manteniendo así su carácter de no concesible, incorporándole valor y asegurando su sustentabilidad mediante acuerdos con los pueblos originarios pertinentes.
Sin embargo, los senadores han advertido que “a pesar de los acuerdos renovados por CORFO con SQM y con Albemarle para la explotación del litio en el Salar de Atacama, se aprecia que la relación entre dichas empresas con el Estado, su contraparte a través CORFO, es de gran desconfianza, lo que, más temprano que tarde, conducirá a una crisis mayor, agravada por un conflicto casi irreconciliable entre ellas, a raíz de los planes de cumplimiento presentados por SQM a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA)”.
Como se sabe, el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) ratificó un acuerdo de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) con la empresa china Tianqi, lo que le permite adquirir el 24% de SQM. Pero Tianqi tiene un acuerdo de distribución con la norteamericana Albemarle -el principal productor mundial- para repartirse el mercado global, en donde Tianqi se asegura China, Hong Kong y Taipei chino y Albemarle, el resto del mundo.
Es decir, tal como ha denunciado el senador de Evopoli, Felipe Kast, Tianqi, Albemarle y SQM deberían competir, pero las dos primeras tienen un acuerdo para no hacerlo, mientras las dos últimas son las únicas concesionarias de las reservas de litio en el Salar de Atacama. Entonces, si Tianqi se hace del 24% de SQM, a pesar de la intervención de la FNE y del TDLC -la que se puede entender como una sentencia que protege una eventual monopolización del mercado interno- habría argumentos para dudar de la operación, pues “una empresa que se colude para repartirse el mercado mundial será el segundo mayor accionista de SQM”, al tiempo que Tianqi y Albemarle, y ahora Tianqi dentro de SQM, pueden llegar a controlar el 70% de la oferta mundial, y -potencialmente- tener el poder de subir artificialmente el valor del litio (la estrategia OPEP),disminuir su demanda, afectar, de paso, la del cobre, pues los vehículos electromóviles requieren cuatro veces más metal rojo que los tradicionales y, en fin, dañar los intereses estratégicos de Chile
El problema sobreviniente es, pues, si en estas materias -como en otras- y ante la petición de los senadores a Piñera respecto del litio, Chile optará por “competir” internacionalmente como mero productor -como lo hace con el cobre-, a través de una empresa estatal, enfrentando el desafío de añadirle valor mediante la producción de baterías acumuladoras de energía solar del Norte, pero para lo cual requiere de tecnologías propiedad de los líderes de ese segmento, lo que lo obligará, finalmente, a operar como Estado “liberal-comunista”, al conformar inevitables alianzas público-privadas para esta mega operación, pues no tiene la tecnología ni el poder de modificar estructuras económico-científicas mundiales que resolverían el problema de fondo de competitividad sin otra intervención que la del mercado como quieren puristas pseudo liberales.
Como el propio Presidente señalara en reciente entrevista, “la libre competencia da justificación económica y moral a la economía social de mercado; le permite ser eficiente y también beneficiar a los consumidores y mejorar su vida. Esos dos pilares se quiebran cuando hay monopolios”. Pero a nivel de las grandes corporaciones globales, muchas de las cuales tienen un valor patrimonial superior a varios países, no quedan más herramientas que los Estados y su limitada, pero legítima, capacidad de control de esos mega capitales, para que, en asociaciones público-privadas, se hagan inversiones útiles y rentables para ciudadanos y consumidores del mundo. No basta, pues, con buenos discursos, buenas intenciones o ideologías. Aparte del compromiso y voluntad política, gestionar un Estado implica capacidad de diseñar instrumentos que den resultados efectivos.
A quienes critican estos eventuales acuerdos público-privados -que incluyen desde ONG ciudadanas, hasta asociaciones empresariales-, ese “liberal-comunismo” que busca conseguir tanto resultados sociales como económicos, sin cambiar las estructuras de poder que posibilitan el modo de operación lícito de las mega empresas internacionales, debiera llamarles la atención que cuando la pobreza y desigualdad se han estancado o crecido, ha sido durante gobiernos que supuestamente protegen la independencia y producción nacional, pero terminan hundiéndolas junto al bienestar de sus pueblos.
Si las empresas privadas chilenas y extranjeras de todo tamaño -así como cualquier otro grupo de ciudadanos dispuestos a resolver privadamente insuficiencias públicas- desean colaborar para conseguir un país más estable, seguro y mejor para todos, bienvenidos en su pragmatismo, sin importar motes ideológico-comunicacionales que, como “liberal-comunismo”, de Zizek, o la justicia social de derecha de Sorman, buscan resignificar sus verdaderos mensajes.
Insistir en propuestas decimonónicas de un Estado a cargo de todo -incluida la Empresa Nacional del Litio-, pero incapaz de solucionar los problemas sociales y, a la vez, impedir a las personas colaborar es, probadamente, un peor negocio que un Estado comprometido con su aporte normativo y desburocratizador para que, bajo su conducción política, convoque a ciudadanos y empresarios de buena voluntad a complementar ese esfuerzo con su capacidad de gestión y recursos.
No se trata de gobernar para los empresarios, sino ayudar a crear más riqueza y bienestar, facilitando la solidaridad privada y ciudadana como una respuesta inmediata a quienes caen en el camino, aun cuando ello no sea más que un “buenismo” que no amenaza las estructuras de poder actuales. El simple progreso ya se encargará de aquello.
Pero para conseguirlo, como dijo Piñera, más que imponer y asustar al capital -que como se sabe ataca huyendo- hay que convencer, motivar y convocar, esforzándonos políticamente en alcanzar un tipo de unidad nacional que, más allá de quien detenta ciertos poderes, convenga en la necesidad de apoyar el desarrollo de los más pobres y la clase media vulnerable, aunque bajando, de una vez por todas, la lanza de Parcifal, que pertenece a otros siglos de necesidades, atrasos y sufrimientos y que la modernización capitalista chilena ya debiera haber dejado atrás. (NP)
