Editorial NP: La DC, el PS y la nueva arquitectura política nacional

Editorial NP: La DC, el PS y la nueva arquitectura política nacional

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La semana de Fiestas Patrias no pasó sin las inevitables alusiones a la situación política. Una de ellas fue la polémica que abrieron declaraciones del senador PS, Carlos Montes, quien, con obvio realismo político, afirmó que veía muy difícil una victoria electoral de la oposición sin la DC.

En efecto, en Chile coexisten sistemas electorales distintos correspondientes a elecciones diferentes respecto de las cuales la DC y sus aliados mantienen posiciones diversas. Para las gobernaciones se elige un solo cargo, vale decir, 16 gobernadores, en comicios que son unipersonales. Esta elección se realiza a través de una segunda vuelta restringida, pues solo tiene lugar si quien obtiene la primera mayoría no alcanza el 40% más uno de los votos. Dicho sistema hace, pues, imperativa la división política en dos coaliciones, por lo que, lo más probable es que, tanto los partidos del oficialismo, como los de oposición, negocien en ellas por un candidato único, dado que el peligro matemático de la división interna es la entrega de las 16 gobernaciones al rival político. Es decir, en estos comicios los incentivos están puestos hacia la unidad.

En concejales, empero, los 2.500 representantes son elegidos mediante un sistema opuesto al anterior, de representación proporcional, donde el porcentaje de votos que se obtiene debe ser similar al número de cargos que se elijan. Si el binominal era un sistema que obligaba a la más amplia unidad, la representación proporcional tiene un resultado contrario, pues reduce los costos de seguir “camino propio” y hace relativamente irrelevante construir grandes pactos.

De allí que, con cierta certeza, en este caso los partidos buscarán alianzas que perfilen sus programas e identidades con mayor nitidez y es la razón por la cual las colectividades miden sus fuerzas ideológico-partidistas sobre la base de estos comicios. En esta área, la DC ha reafirmado su perspectiva política distinta a las del PC y/o del Frente Amplio (FA), y cierta cercanía con las posturas socialdemócratas del PS -lo que le ha facilitado a este último el avance de la llamada Convergencia Progresista, junto al PPD y al PRSD- razón por la que tiene en espera sus definiciones en este campo.

Pero, además, en esta elección, los partidos de oposición no caben en una lista única. La DC ha declarado tener unos 1.200 candidatos competitivos, misma cifra que exhiben el PS y PPD, mientras el PRSD reclama 1.500 cupos y los 10 partidos del FA piden, a lo menos, otros 1.500. Se suman a aquellos alrededor de 800 del PC y al menos 500 de partidos menores, lo que resulta en unos 8.000 candidatos para una lista en la que no caben más de 2.500. Esta realidad apunta, pues, al menos a tres o cuatro listas de oposición y a dos o tres en Chile Vamos. En este caso, en consecuencia, los incentivos van en la dirección de una mayor identidad política y, por tanto, hacia la dispersión y el interés propio.

En los alcaldes, en tanto, aunque mayoritarias y en función de un solo cargo, se trata también de elecciones distintas, pues éstas no consideran segunda vuelta, sino que es electo quien obtiene un voto más. Es sabido que, en esta área, las negociaciones partidarias son dificultosas debido al peso de los liderazgos personales y el fuerte predominio de las demandas locales por sobre las simpatías políticas nacionales. Asimismo, dados los números electorales, por más amplia que sea una coalición, aquella no tiene posibilidad de triunfar en más de 200 municipios. Entonces, la ingeniería política apunta aquí a cómo conseguir que, en el caso de la oposición, 17 partidos quepan en una lista de 200 candidatos viables, de modo que la DC pueda, al menos, reelegir a sus actuales 40 alcaldes.

Un escenario como el citado, por consiguiente, obliga a las colectividades afines de la oposición y el Gobierno o, a arreglos puntuales con sus asociados sobre la base de sondeos o encuestas en busca del candidato mejor posicionado; o a realizar primarias que faciliten la selección de los respectivos candidatos a las 346 alcaldías del país. Como se ve, en estos comicios las “zanahorias” apuntan a las negociaciones, aunque, por cierto, es previsible que sean muy complejas y con la posibilidad real de que emerjan, como consecuencia de aquello, al menos, tres listas de oposición y dos del oficialismo.

Las elecciones anteriores son habitualmente utilizadas por los partidos para realizar los cálculos que se deducen de las adhesiones observadas en el conjunto de aquellas para definir las respectivas parrillas de sus candidaturas parlamentarias, cuyo sistema electoral proporcional inclusivo (Sistema D’Hondt) -que sustituyó al binominal- estableció el aumento de los congresistas, además de una mayor participación femenina y disminución de barreras para la creación de nuevos partidos. En las próximas elecciones de 2020 se elegirán 50 Senadoras o Senadores, donde cada región corresponde a una Circunscripción Senatorial; y 155 Diputadas o Diputados en 28 distritos.

Siendo el Sistema D’Hondt un método matemático para asignación de escaños que permite obtener el número de cargos electos asignados a las candidaturas en proporción a los votos conseguidos, el incentivo para las colectividades está puesto en sus posibilidades en el margen, dado el aumento de las opciones para la inclusión de minorías, contribuyendo con ello a una mayor diversidad de candidaturas y partidos con representación en el parlamento.

Sin embargo, estas elecciones se realizan en conjunto con las Presidenciales, donde el sistema es mayoritario, en el que el candidato debe conseguir el 50% de los votos más uno, en primera o segunda vuelta, factor que complejiza la política de alianzas en los conglomerados posibles, pues las candidaturas parlamentarias suelen vincular sus estrategias de campaña con la figura presidencial que estiman más segura o con la que sus ideas se identifican más genuinamente.

Con anterioridad, la oposición de centro izquierda no logró unir en torno a su candidato presidencial a las nuevas fuerzas del Frente Amplio (FA) quienes intentaron su camino con una aspirante propia. En segunda vuelta, la victoria perteneció a Chile Vamos, pues muchos de quienes votaron por Guillier en primera, prefirieron la opción de centro derecha, dada la izquierdización de este último con miras a conseguir los votos del FA que resultó tercero. Una señal más que evidente para la DC, en el sentido que sus bases electorales no estuvieron por la radicalización.

En el cuadro actual, con una oposición que se ha mantenido dividida en los mismos tres grandes sectores: centro (DC- liberales progresistas y socialcristianos ex DC); centro-izquierda laica (PS-PPD-PRSD) e izquierda (PC-Frente Amplio), las perspectivas son similares, en la medida que, no obstante la realización de primarias internas en cada partido, se perfilan al menos tres candidatos principales, contra uno o dos de la centro derecha y derecha, sector que, por lo demás, ha asegurado que concurrirá con un solo aspirante a La Moneda tras unas primarias a las que ha invitado a todas las colectividades pertinentes. Y aunque en primera vuelta estos fueran con dos candidatos, en el balotaje, la unidad en torno al primero es más que previsible, con pocas deserciones.

De ser así, Montes tiene razón. Las probabilidades de la oposición con un candidato presidencial PS o PPD como líder de una coalición de centro izquierda, son limitadas, aunque, con un presidenciable DC o filo DC pudieran mejorar sustantivamente, poniendo presión hacia la centro derecha y obligando a la izquierda PC-FA, en una previsible segunda vuelta, a optar por dicho candidato o el de centro derecha, situación de estimularía una extensa abstención de ese sector en el balotaje y una iterada mayoría para el actual oficialismo en los distintos escenarios.

Así, en el evento que se produjera una alianza PS-PPD-PRSD-PC y FA y el candidato de esa Izquierda Unida fuera quien lograra la primera mayoría relativa en primera vuelta, la DC y sus bases -junto con revivir al fantasma de la UP- se enfrentarían a una situación muy parecida a la de la anterior elección presidencial en segunda y con similares resultados. Una situación parecida se produciría con la DC y sus seguidores en el escenario en el que un eventual presidenciable PC-FA consiguiera la primera mayoría relativa.

Es decir, como dijera el senador Montes, para el PS, PPD o PRSD será muy difícil conseguir un nuevo Presidente de la República sin la DC, pero más difícil aún lo es con la DC, puesto que, sin un DC, aliado o independiente sancionado por ella como presidenciable de una eventual coalición de centro izquierda -lo que en todo caso es imposible si la selección de aquel se realiza mediante primarias de aquel conglomerado- una negociación ex ante para una alianza en las presidenciales es muy difícil.

Lo que estos intereses puramente electorales no develan es el embrollo que resulta, tanto para la izquierda socialdemócrata, como para la más radical PC-FA, una opción estratégica como la descrita, en la medida que una candidatura presidencial DC -más allá de las reformas de las que ha sido y es partidaria- tiende a consolidar un sistema que no consigue seducir a la izquierda y parte de la centro izquierda y que, de alguna forma, es lo que ha impedido materializar propuestas unitarias más ingenuas como las de sectores del PPD -y disidentes de la propia DC- que buscan reunir en torno a un proyecto opositor desde la DC hasta el FA.

Porque, no obstante la legítima lucha política de la oposición por conseguir más o menos influencia en centros de poder como gobernaciones, municipios o el Congreso -que no La Moneda- para seguir compitiendo, políticas públicas como las relativas a reforma o nueva Constitución, la libertad de enseñanza, de trabajo, previsional o en sistemas de salud; las certezas para los derechos de propiedad y la estabilidad institucional que asegure la autonomía del Banco Central o del Tribunal Constitucional; la amplia libertad religiosa y de emprendimiento actual, las libertades de expresión, opinión e información, la seguridad pública y el financiamiento de policías y FF.AA., el control del gasto fiscal, las políticas sociales y/o medio ambientales, en fin, el modelo democrático liberal, son las que seguirán constituyendo los “lomos de toro” para acuerdos político-partidistas que, más allá de la ingeniería electoral, hacen muy difícil mantener la arquitectura política que emergió en los 90 y que recomendó a las directivas DC terminar por elegir el camino de recuperar su centro e identidad socialcristiana y libertaria, más cercana a las democracias occidentales que a los neo-autoritarismos de izquierda. (NP)

 

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