Una de las críticas ciudadanas más persistentes ha sido el tradicional alegato en contra de la ineficiencia e ineficacia de diversas instituciones del Estado en la resolución de problemas claves para el bienestar y convivencia nacional. Entre otras muchas, la creciente inseguridad ciudadana producto de una delincuencia impune, la degradación de las conductas sociales en amplios sectores de la Araucanía, los horribles abusos contra menores en organizaciones cuyo objetivo es su protección, la mala calidad de la educación o la salud pública y, en fin, la idea de que, no obstante que los contribuyentes aportan diariamente con su obligación tributaria (IVA) para el buen desempeño del Estado, éste no retribuye con servicios equivalentes al aporte que, como se sabe, resulta en el equivalente para cada quien de casi tres meses de trabajo al año.
A lo largo de las décadas en los que el tema de la modernización del Estado chileno ha permanecido en la palestra, especialistas y dirigentes políticos y sociales han coincidido en que éste requiere, desde hace tiempo, una compleja reingeniería estructural que lo ponga al día no solo para mejorar el uso de los recursos que recoge y racionalizar su gasto habitual, sino que terminar con un malgasto de los casi 450 programas sociales que operan instituciones del Estado, buena parte de los cuales no pasa las evaluaciones de calidad en sus resultados, pese a lo cual, en cada Presupuesto nacional anual los recursos se vuelven a dirigir inercial y automáticamente hacia aquellos, sin que se puedan realizar reasignaciones o mejoras a dichos programas. Para qué referirse a la carga de funcionarios públicos, área en la que mientras en algunas instituciones se observan plantas excesivas, con altos porcentajes de empleados a contrata o a boleta, en otras la falta de personal es evidente.
El actual Gobierno inició en enero pasado un plan para mejorar esa eficiencia y transparencia del gasto público. La idea ha sido evaluar cada programa desde la perspectiva de cuánto de él llega realmente al tipo de ciudadano que el plan quiere beneficiar y mejorar su propósito y/o reenfocarlo, en caso de ser necesario. Cálculos oficiales ubican en el orden de los US$ 4.500 millones el ahorro anual que una tarea de esta naturaleza permitiría al Estado.
Es bien sabido, empero, que la llegada de la pandemia ha desviado toda la atención y recursos del Estado hacia la lucha contra los efectos de esta calamidad pública, razón por la que el programa ha ralentizado su ritmo, aunque, por cierto, las circunstancias ofrecen un escenario en el que las debilidades y fortalezas del Estado han emergido con claridad y permiten reafirmar la necesidad de la citada racionalización y puesta al día.
Así y todo, las instituciones que conforman la estructura estatal tienen una gigantesca oportunidad una vez que los problemas derivados de la enfermedad vayan cediendo y que en el país se reanude la actividad económica, social y política y, en este último caso, se lleve a cabo el plebiscito y posterior discusión que decidirá la puesta en marcha o no de una Convención Constituyente mixta o total que redactará una nueva carta fundamental para reemplazar a la de 2005, suscrita por el ex Presidente Ricardo Lagos.
Es durante la discusión de esa eventual nueva constitución en la que quienes creen en la necesidad de la citada modernización del Estado podrán presentar los datos bases que demanda dicha racionalización. Estos van desde los principios y filosofía de las instituciones más relevantes de nuestra democracia, hasta los procedimientos y protocolos jurídico burocráticos derivados, incluidos los de aquellos servicios y orgánicas dependientes que tienen contacto directo con la ciudadanía, que le otorgan su apoyo subsidiario o social, pero cuya mecánica, el tiempo ha transformado en inercias que suscitan un gasto fiscal sin más utilidad que el pago de una burocracia enquistada en el aparato estatal merced a negociaciones y acuerdos partidistas de larga data.
En la tarea de puesta al día del Estado también ha estado presente y activo el propio Congreso Nacional a través de un protocolo de acuerdo firmado a inicios de año entre el Ministerio de Hacienda, el Senado y la Cámara de Diputados. El convenio establece la creación de un equipo técnico en el Congreso, que analice y evalúe las políticas públicas implementadas para aumentar la calidad de los desembolsos que hace el Estado y que son aprobados por el Parlamento.
Esta colaboración entre Ejecutivo y Legislativo es una muestra de la madurez política alcanzada a pesar de todo y que debe ser aprovechada con ocasión de la eventual discusión constituyente, en especial si se trata de una Convención mixta que recoja la experiencia legislativa y jurídica que han ido acumulando los parlamentarios en el ejercicio de su cargo, al tiempo que reciba de convencionales ciudadanos elegidos al efecto esas nuevas energías y miradas no gubernamentales que operan en la complejidad de las nuevas sociedades del siglo XXI.
Y es que, lo que con mayor intensidad debería guiar la próxima conversación social en torno a un nuevo acuerdo cívico que conduzca las actualmente dañadas relaciones de poder en el país sea el redibujar un Estado cuyo inmenso poder no termine avasallando la voluntad de las personas que habitan en el territorio que aquel determina. Las monarquías absolutas europeas y luego ciertos socialismos reales enseñaron duramente lo que significa descuidar los rangos y/o límites con el que el Estado debe ser concebido si no se quiere perder toda libertad. Una vez que las instituciones asumen su personalidad jurídica y despliegan su comportamiento amparadas en el conjunto de normas y protocolos que el constituyente les asignó, esos poderes difícilmente pueden ser revocados o disminuidos y, au contraire, lo más corriente es que quienes los integran y operan sean tentados a incrementarlos.
En las circunstancias actuales, configurar un Estado con la estructura y tamaño adecuados a las exigencias que surgen en períodos de crisis es la verdadera y más profunda cuestión involucrada en la eventual redacción de una nueva carta o en las modificaciones a la actual a que los chilenos están convocados en los próximos meses. De allí que no debería olvidarse que esta crisis también pasará y vendrá un momento de inflexión en el que la normalidad productiva se podrá retomar apoyada sobre los cambios que la pandemia dejará como herencia en materia hábitos, cultura y las nuevas fuerzas productivas digitales de la información y comunicaciones, con todos sus efectos sobre la reorganización productiva y económica de los países.
En estas áreas, nuevamente, dado el sustantivo poder de las más grandes corporaciones tecnológicas del mundo, así como el desarrollo y competencia que en esas innovaciones han surgido en naciones en las que el Estado tiene enorme papel en la producción y economía, los emprendedores y empresarios nacionales, así como la ciudadanía en general, estarán muy luego enfrentados a la disyuntiva de decisiones estratégicas que o validen un Estado más grande y presente en la economía o que aquel abra espacios de libertad a sus ciudadanos capaces de implementar sus propias innovaciones en estas y otras áreas.
La estructura del aparato económico chileno tendrá un sacudón transformador al requerir menos mano de obra en una serie de sectores tradicionales y más mano de obra capaz de digitalizar, mecanizar y automatizar las diversas áreas de producción económica de bienes y servicios que el país ha desarrollado en estos últimos 40 años, no obstante ser sectores primarios y con aún poca integración de valor. Al mismo tiempo, se deberá iniciar la aventura de nuevos sectores productivos y de servicios derivados de esa estructura de la información y comunicaciones que la pandemia obligó a intensificar y extender.
Una Constitución que mantenga liberadas las fuerzas creativas de jóvenes emprendedores que ya han mostrado gran ingenio y capacidad para colocar exitosos productos en los mercados mundiales y que defina un Estado normativa y financieramente colaborador, más que reemplazante, de las actividades legales de sus ciudadanos, es clave para mantener el ritmo de crecimiento que el país había tenido y que ha perdido en los últimos años.
Un Estado que ahoga a sus ciudadanos pujantes con normativas burocráticas excesivas para sus negocios y que abren espacios a la emergencia de funcionarios corruptos que “facilitan” permisos o actividades; un Estado que los esquilma con tributos justicialistas antes que éstos hayan conseguido generar el capital que les permita continuar creciendo en tamaño y empleos; un Estado que no garantiza el derecho humano al trabajo, a emprender y a la propiedad de los resultados de esas acciones, es la principal barrera actual al progreso de los países, pero que tantas veces es enarbolado por razones de justicia, conformándose en el empedrado que lleva a todos al infierno.
Modernizar el Estado aprovechando la discusión que sobre una nueva carta fundamental o la modificación de la presente se comienza a producir en el país, es una oportunidad única para validar esa esperada puesta al día a fondo en un área inerte cuyas dificultades de cambio son de tal entidad que, no obstante las múltiples promesas de los siete gobiernos surgidos en democracia, no se ha podido llevar a cabo debido a los enormes poderes y recursos que ese cambio amenaza. (NP)
