El aleve asesinato del cabo segundo de Carabineros, Eugenio Naim Caniumil, de apenas 24 años, ha puesto el tema de la violencia política y delictual en la Araucanía en un punto clímax desde que las muchas víctimas de esa violencia -civiles y de fuerzas de orden- han venido alertando sobre la progresiva escalada de un enfrenamiento de décadas entre un Estado que aparece incapaz de hacer regir sus términos y un movimiento subversivo que alega derechos ancestrales no respetados y que explicarían su conducta sediciosa.
Como muestra de esa incapacidad estatal, así como de la agudización de hostilidades de ese sector social, la llamada Coordinadora Arauco Malleco (CAM) ha responsabilizado al propio Estado por la muerte del carabinero, que a mayor abundamiento es de ascendencia mapuche, al tiempo que ha rechazado como vía de negociaciones y solución. el proceso constituyente acordado por los principales partidos democráticos del país, reivindicando la lucha armada a través de la cual reconocen una decena de atentados en la macrozona sur contra bienes y patrimonio de campesinos, emprendedores y empresas del área.
En una misa en honor a Naim, el Presidente de la República ha asegurado que el crimen no quedará impune y que “los cobardes asesinos van a ser encontrados, juzgados y condenados”, una advertencia que, dicha desde un Estado que no ha logrado contener la materialización persistente de centenares de ataques y atentados contra las personas y la propiedad pública y privada, suenan a flatus vocis que tienden a exacerbar aún más los ánimos de quienes sufren ya por décadas las consecuencias de la pérdida del poder disciplinador del Estado en esas regiones.
La aspiración territorial nacionalista mapuche que se blande como bandera y espada contra lo que la propia CAM y otras organizaciones subversivas de izquierda extrema con que operan de consuno llaman “violencia colonial”, se ubica impúdicamente por sobre una legislación resultado del acuerdo casi bicentenario del Parlamento de Tapihue, suscrito a solo siete años de la Independencia de Chile y que transformó en ciudadanos chilenos a todos los mapuche habitantes al sur del Bio Bio, debidamente representados por el lonko Francisco Mariluan, autorizado por todos los caciques, “en unirse en opinión y derechos a la gran familia chilena” en un “Estado (que) se compone desde el despoblado de Atacama hasta los últimos límites de la provincia de Chiloé”, último enclave en poder de la Monarquía española en el territorio, tras el fin de la Patria Nueva en 1823.
Si bien la aparición del francés Orellie Antoine en 1861, proclamado «Rey de la Araucanía» por ciertos lonkos, dio argumentos para una ocupación militar chilena del área mapuche preservada por el parlamento de Tapihue, distintos grupos mapuche, costinos, pehuenches, abajinos y arribanos, tomaron diversas posiciones para proteger sus intereses, tal como, por lo demás, lo hicieron durante la Colonia, donde alternativamente brindaron sus fuerzas a chilenos y españoles. Del mismo modo, durante las revoluciones de 1851 y 1859 encabezadas por dirigentes de la ciudad de Concepción en contra del abandono de las autoridades centrales, los caciques adoptaron posturas a favor y en contra de los criollos penquistas y/o de la autoridad central.
En un entorno de obvia debilidad del Estado chileno para sostener el orden legal y político en el área, finalmente, tras décadas de enfrentamientos con sectores mapuche que no lograban definir la situación, en 1881 el ejército chileno finalizó su campaña simbolizada en la ocupación y reconstrucción de Villarrica -más allá del Ragko Mapu- en 1883, fecha a contar de la cual se unificó el territorio, reinstalándose la promesa de nacionalidad chilena para todos los mapuches habitantes al sur del Bio Bio y, por consiguiente, validando el Nº 3 del Parlamento que señalaba que “Todos los que existen entre ambas líneas serán tratados como a ciudadanos chilenos con goce de todas las prerrogativas, gracias y privilegios que les corresponden”.
La prolongada tradición de vínculos conflictivos entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche se ha visto reforzada por su históricamente limitada capacidad de dar respuestas que honren aquellas “prerrogativas, gracias y privilegios que les corresponden”, suscitando, cada cierto tiempo, la emergencia de grupos descontentos que exigen ser tratados con igualdad de condiciones que los demás ciudadanos chilenos. Desde luego, baste para ello recordar que varias de esas zonas han seguido ocupando la poco virtuosa posición de ser de las más pobres del país.
Así y todo, nada justifica el uso de la violencia como método de acción política, no obstante todas las cortapisas de gobernanza y administración que los Gobiernos tienen hoy en materia legal y derechos, tanto desde el nivel nacional, como del internacional, y que facilitan acciones de fuerza impune, para poder recurrir al rigor legítimo que caracteriza la fuerza del Estado con propósitos de orden social y protección de los derechos de quienes sufren las consecuencias de la violencia subversiva.
Justificar esa violencia como respuesta a “una guerra” en la que el Estado “se ha puesto del lado de los intereses del gran capital, generando un conflicto de baja intensidad para militarizar y dar rienda suelta a la represión selectiva e indiscriminada a nuestra expresiones de lucha”, ubica, sin embargo, su rebelión fuera del ámbito de la nacionalidad o de lo étnico, posicionándola como una lucha de la clases, consigna muy parecida a la de otras guerrillas de América latina cuyo fracaso y deriva hacia lo delictual y el narcotráfico ha sido notoria y notable en los países en los que ha operado.
Más desalentador es aún la amenaza contenida en el comunicado en el que señalan “tajantes al sostener que tanto las muertes bilaterales pasadas y futuras son y serán responsabilidad del Estado criminal y de sus distintos gobiernos de turno; en este caso, por la acción de carabineros que siempre ha actuado como guardia pretoriana del capital”, desconociendo así su papel como fuerza pública destinada a resguardar el orden, seguridad y legalidad vigente y ubicando al Estado, sus instituciones, los partidos democráticos sin excepción, como el enemigo de «clase» y «nacional-étnico».
En dicho marco ideológico, es consistente, pues, que la CAM afirme que “la actual aspiración plurinacional y participación ‘indígena’ en el proceso constituyente configuran la expresión contemporánea de una lógica colonial de sometimiento con la cual se intenta poner una camisa de fuerza (…) a la autonomía mapuche, ya que estas se encuentran subyugadas al mismo mecanismo partidario chileno que ha protegido al gran capital de manera histórica”, una postura que, adicionalmente, coincide con la de los sectores políticos chilenos más extremos. Se trata, como se ve, de un difícil dilema para una resolución dialogada de las diferencias.
Es más, para la organización “el proceso constituyente no garantiza una transformación de tipo estructural que resuelva los problemas de fondo y la violencia colonial a la que estamos sometidos” y hacen un llamado “al pueblo mapuche a no caer en este voladero de luces, ya que la autonomía se consigue mediante la lucha territorial, no desde arriba, y sin mendigarle cuotas de poder ni agacharle la cabeza a nadie”, clara advocación a continuar utilizando la violencia como forma de lucha de quienes, por lo demás, no desean perfeccionar la democracia, ni el Estado, sino construir uno distintos, bajo su égida y poder.
La condición de insuficiente presencia del Estado no es un tema nuevo. Hay amplias extensiones territoriales en el país -que trabajos realizados por las FF.AA. denominan de “fronteras interiores”-, que evidencian esa incapacidad de imponer presencia civilizatoria y nacional que se ha venido observando desde el siglo antepasado en esas áreas.
La política y los políticos tienen en esta materia nota roja, la que, ingratamente, hoy genera las tristes consecuencias en comento y que, de ser instrumentalizadas por poderes delictuales con enorme capacidad financiera como el narcotráfico, pudieran suscitar un escenario que, desde hace un par de décadas se viene advirtiendo, pero que la política santiaguina no ha sabido acoger y responder con eficiencia y eficacia, alentando la misma rebeldía sureña vivida en 1851-1859, y que se ha hecho expresa con el reciente congelamiento de vínculos de parlamentarios del Bio Bio con el Gobierno. (NP)
