Cuando era niño, Pascal Brice tuvo su primer contacto con chilenos. En Nantes, ciudad donde nació en 1966, compartió “con exiliados chilenos que huyeron del golpe de Estado del general Pinochet. El exilio es la partida para otro lugar, el desarraigo, el anhelo de volver a casa”, recordó en la revista Pellegrin. En la publicación, comenta también, que fue en 2012 cuando el entonces ministro del Interior, Manuel Valls -del gobierno del socialista Francois Hollande– le ofreció el cargo que hoy ocupa como director general de la Oficina de Protección a los Refugiados y Apátridas (Ofpra).
El diario francés Les Échos lo perfiló cuando en 2013 asumió su puesto. En la publicación se señala que sus padres, muy comprometidos con los sucesos del 68, lo llevaron desde muy pequeño a las protestas de la época. Y describen sobre Brice: “Más tarde, él va ‘donde suceden las cosas’. En Chiapas, donde se encuentra con el Subcomandante Marcos, en Siria, en Derry, mucho antes de los acuerdos de paz entre las dos Irlanda, en la Nicaragua sandinista…”.
Lo describen como un “apasionado por la historia”. Graduado del Instituto de Estudios Políticos de París y de la Escuela Nacional de Administración (ENA), señalan que “su primera pasantía en la ENA, Pascal Brice la hace en Chile. El país de Allende, ‘el sueño’ para este hombre de izquierda comprometido”.
Por 10 años trabajó en la administración central “en oficinas de ministros de izquierda” como Hubert Védrine y Pierre Moscovici, además de ser asesor en temas internacionales de la campaña presidencial de Francois Hollande.
Y es la oficina que dirige Pascal Brice este político francés la que decidió otorgarle asilo político a Ricardo Palma Salamanca, condenado en Chile por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards. Pena que cumplía en la cárcel de máxima seguridad desde donde huyó en helicóptero, en 1996.
La decisión del organismo molestó personalmente al mismo Presidente Sebastián Piñera quien decidió, en una medida catalogada desde Cancillería como “excepcional” enviarle una carta a su par francés Emmanuel Macron. Esto, además de la nota diplomática que la ministra de RR.EE. (s), Carolina Valdivia, le entregó al embajador galo, Roland Dubertrand.
Pero desde el Ejecutivo no ven con muchas esperanzas que la decisión se revoque. Saben que con el asilo, el proceso de extradición se complica más. Junto con ello, más que Macron, desde RR.EE. ven que es la Ofpra la que tiene “mayor control” en el caso. Porque si bien su consejo es diverso y en su mayoría designado por el gobierno, se comenta que “el problema es que la burocracia francesa es de izquierda”.
A esto se suma lo que el abogado de la familia del senador, Luis Hermosilla, ha planteado en más de una ocasión: la “doctrina Miterrand”, política que tiene Francia de entregar asilos y evitar las extradiciones. El caso emblemático fue cuando el país galo protegió a los activistas de extrema izquierda que asesinaron al Primer Ministro italiano y líder de la Democracia Cristiana de ese país, Aldo Moro. Esto, a pesar de que Hermosilla cree que el gobierno ha hecho todo lo que está a su alcance.
Ayer, consultado por Reuters, Pascal Brice señaló que el organismo que dirige “resuelve de acuerdo a los criterios del derecho al asilo y lo hace con total independencia”.
LA OFPRA
La Junta Directiva de Ofpra está compuesta por 17 miembros con voz deliberante: dos diputados nombrados por la Asamblea Nacional; dos senadores nombrados por el Senado; dos representantes de Francia en el Parlamento Europeo nombrados por decreto; diez representantes del Estado; y un representante del personal de la Oficina, elegido por los agentes de Ofpra.
Si bien es diversa en su composición, es el director de la entidad quien marca los lineamientos de la organización.
Al fijarse en los miembros de la Ofpra que son seleccionados por el Congreso se encuentra que uno de los cargos está vacante y el otro corresponde al senador François-Noël Buffet, de Républicains. A sus 54 años, este abogado ha ocupado un puesto como senador desde el año 2004.
Por ese partido también interviene el diputado Eric Ciotti, nombrado por la Asamblea Nacional francesa, quien ha sido destacado por sus propuestas de leyes para mejorar la seguridad ciudadana y la lucha contra el terrorismo. En una escala más global hay otro representante de Républicains: el europarlamentario Renaud Muselier, quien además forma parte del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos).
La otra europarlamentaria es Sylvie Guillaume, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, quien se ha centrado en garantizar vías de acceso “segura y legales” para los inmigrantes y los demandantes de asilo.
Entre los miembros de la Junta Directiva, que no pertenecen a los diez representantes del Estado, está también Alice Thourot, una diputada y abogada electa por el partido La République en Marche, de Emmanuel Macron. (El Líbero-Le Parisien)
