En la discusión para una nueva Constitución está presente el perfeccionar el actual sistema presidencial o cambiarlo por uno semipresidencial o parlamentario, lo que supondría fortalecer el rol de la Cámara de Diputados y disminuir el papel del Senado, como sucede en los países que han optado por alguna de estas dos formas de Gobierno, o ir directamente a un parlamento unicameral.
Sin embargo, poco se ha debatido sobre por qué el actual sistema presidencial ha sido incapaz de resolver los conflictos entre la Presidencia y el Parlamento, en especial durante la última década, generando tensiones, conflictos y bastante ineficiencia en la gestión gubernamental.
Para mí, sus causas, entre otras, son principalmente dos: el sistema electoral y las fechas de las elecciones parlamentarias.
El retorno a distritos que eligen una pluralidad de diputados mediante un sistema proporcional con cifra repartidora genera, por sus tamaños, una mayor desconexión con los electores, más aún si algunos de ellos son electos con ínfima votación individual.
A ello se agrega que la fecha de su elección coincide con la primera vuelta de la elección presidencial, en que se presentan una pluralidad de postulantes y que cada uno se empeña en llevar su propia lista de candidatos al Parlamento, fomentando un multipartidismo y una exagerada fragmentación que impide la existencia de coaliciones estables.
Así, el Presidente electo en la segunda vuelta asume el cargo con una composición del Parlamento predeterminada, que no guarda necesariamente relación con su programa electoral y que afecta su gobernabilidad, con los conflictos y tensiones que hemos vivido durante estos últimos años.
Por tanto, es imperativo que si la opción es mantener y perfeccionar el sistema presidencial, que lo creo más en sintonía con nuestra tradición constitucional y más acorde con nuestro “ADN” como nación, deberían introducirse al menos los siguientes cambios: Establecer que los diputados —cualquiera sea su número— sean electos por distritos uninominales, compuestos todos por igual número de habitantes, según lo determine la respectiva ley orgánica. Por ejemplo, si se eligen 150 diputados, el país se debe organizar de norte a sur en distritos de más o menos 120 mil habitantes que elijan diputado al candidato más votado. Si ninguno obtiene más del 40% de los votos, se realizará una segunda vuelta entre las dos más altas mayorías relativas. Esto, además de evitar la fragmentación de los partidos políticos, tendría la ventaja de que los diputados estarían más cerca de sus electores, tanto por su tamaño como por la cantidad de población que representarían.
También debería establecerse en la Constitución que la renovación del Parlamento debería hacerse dos meses después de electo el nuevo Presidente, en primera o segunda vuelta, como en Francia, de manera que este pueda apelar a la ciudadanía pidiendo apoyo a los candidatos que respalden su programa de Gobierno y que aseguren la gobernabilidad durante su gestión.
Jaime Ravinet De La Fuente
