No podemos tener dentro de una empresa pública, que nos pertenece a todos los chilenos, a una persona que ha vulnerado los principios de probidad”, sentenció el diputado comunista Hugo Gutiérrez, al exigir la dimisión del ex diputado UDI, Cristián Leay, al directorio de TVN.
El parlamentario entregó una carta en la oficina de partes de la estación estatal, en la que formaliza su pedido al ejecutivo argumentando su vinculación con el caso Penta-SQM y su eventual influencia en la línea editorial para la cobertura del tema.
“Leay está acá por una responsabilidad política. Según dan cuentas serias informaciones, él, las organizaciones que dirige, o familiares suyos, han emitido boletas a estas dos empresas. Él no se hace digno ni tiene una conducta proba para el directorio de una empresa pública como lo es TVN”, enfatizó el legislador oficialista.
El parlamentario de la región de Tarapacá, señaló que es urgente que el directorio de la empresa tome medidas respecto de quien se ha entregado vasta información sobre dineros que habría recibido en forma irregular, tal como lo informó la propia SQM.
OTRAS MEDIDAS
Por su parte, el abogado Luis Cuello mantiene un conflicto en tribunales con TVN, pues el profesional, vinculado a temas sobre libertad de expresión, solicitó las actas del directorio comprendidas entre agosto de 2014 y abril de 2015 para verificar la posición de Leay cuando se abordaron los casos Penta y SQM.
Ante la negativa del directorio, Cuello continuó con las acciones y presentó un recurso de protección que en mayo fue declarado admisible por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones.
“Nosotros presentamos en abril una solicitud que buscaba un pronunciamiento de TVN por la situación de Cristián Leay. Igualmente, pedimos las actas de las sesiones donde se abordó el tratamiento informativo del caso Penta-SQM, con el objeto de verificar si Leay se inhabilitó o no de aquellos debates. Solicitud que fue rechazada por TVN. El rechazo es un acto ilegal, arbitrario, que atenta con la libertad de expresión en tanto que el acceso a información pública en poder del Estado, es un derecho fundamental”, puntualizó el jurista.
