Para los que no se enteraron, les quiero contar que abandoné mi columna para incursionar en la política activa, donde tuve un éxito más bien modesto. Cuando todo Chile esperaba una revolución copernicana gracias a mi participación, mi contribución dejó la tierra donde estaba, la política algo peor que cuando entré y la educación marginalmente mejorada, a pesar de los denodados esfuerzos de algunos por obstaculizar todo avance. Muchos me han preguntado por mi experiencia en la política y por eso quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones (por si a alguien le sirven).
Lo primero es que mi pasada por ella solo reafirmó mis creencias respecto de las limitaciones del Estado y los riesgos de la mala política. La gestión se encuentra divorciada de la política y todo lo bueno que se puede hacer en lo primero (y es mucho) es política y mediáticamente invisible, así es que a nadie le importa.
La falta de agilidad del aparato público frustra al más entusiasta servidor público. Resolver temas que en el sector privado son triviales, en el público son kafkianos. Y existen varias razones para ello, en particular que se trata de dinero público, esta restricción hace del Estado un organismo muy ineficaz para solucionar problemas (de ahí el éxito de los privados resolviendo problemas sociales, como los colegios subvencionados, la Teletón o el Hogar de Cristo). Hoy, el Estado chileno gasta más que lo que Uruguay produce en un año, pero presta malos servicios en sectores clave para la población. La falla del Estado es la cuna del descontento social y no lo solucionará la Constitución ni es culpa del neoliberalismo.
Es necesario modernizar la regulación laboral del Estado. No se puede premiar al que lo hace bien ni despedir al que lo hace mal. Ergo —salvo muchas y honrosas excepciones—, los funcionarios juegan al empate. Esto sí tiene solución y pasa por aplicar el Código del Trabajo al sector público (salvo a las FF.AA. y Carabineros). Un millón de chilenos trabajan para el Estado, en promedio producen poco y cuestan mucho. Es casi imposible despedirlos, están mejor pagados y trabajan menos que el resto (entre licencias médicas, días administrativos y vacaciones trabajan 10 meses y se les pagan 12). Eso no es laboralmente productivo, económicamente sustentable ni socialmente justo.
El Congreso merece capítulo aparte. Desde que un sistema proporcional reemplazó el binominal se acabó el orden, se dinamitó el control y hoy mandan las minorías. Cualquier proyecto puede terminar dependiendo de parlamentarios cuya juventud los tendría aprendiendo en el sector privado y acá los tiene dictando cátedra, o de otros que de florcita primaveral devinieron en maleza otoñal. Debe suprimirse la reelección para que no se olviden lo que es ganarse la vida a este lado y piensen en el país y no en las próximas elecciones. Así se preocuparían de hacer lo que funciona bien y no lo que suena bien. Lo que no debe cambiar son los límites constitucionales del Congreso en cuanto a materias de ley, restricciones al gasto y creación de impuestos.
Finalmente está el Presidente. Es un patriota comprometido con Chile. No es de derecha, como quisiéramos algunos, es un DC que sabe economía. Conoce el Estado como nadie, cuida las finanzas públicas como si fuera su propio patrimonio y nos protege a todos del expolio de la política y el populismo. Efectivamente, no cree en la fuerza y los que esperan que imponga orden mediante ella, pueden seguir esperando. Tuvo mala suerte, le tocó enfrentar la peor versión de la oposición: una diletante, sin liderazgo ni programa y un Chile muy dañado por la Nueva Mayoría.
Por estas y otras razones, urge hacer reformas. El Estado es el problema, no la solución. Yo prefiero que estas las hagan la imperfecta institucionalidad que conozco y no la “perfecta” Convención que no conozco. Y por eso voto Rechazo. (El Mercurio)
