Dos semanas lleva la discusión del Presupuesto 2017 en el Congreso y ya afloran los puntos que serán más debatidos por los parlamentarios, aquellos que les pueden quitar horas de sueño por estarse debatiendo hasta altas horas de la mañana. El financiamiento de la gratuidad de la educación superior, la trayectoria de endeudamiento, la menor inversión y seguridad ciudadana surgen como los más conflictivos.
El primero no es nada nuevo e incluso algunos creen que la historia de 2015 se repetirá y que el proyecto puede terminar en el Tribunal Constitucional (TC). Es que el Ejecutivo no cumplió su compromiso de contar con una ley permanente que definiera claramente cómo operará la gratuidad en la educación superior y volvió a incluir en una glosa los detalles del financiamiento.
En este proyecto se destinan $747.902 millones a la gratuidad en la educación superior, donde $518.994 se enfocan en las universidades regidos por una extensa glosa 2 que entre otras cosas establece que los beneficiados deben provenir de los hogares los cinco primeros deciles de menores ingresos de la población y matricularse en una universidad del Estado o en aquellas que, no siendo estatales, cumplan con exigencias, como el suscribir convenios de transferencia regulados (en el caso de las primeras). “Las no estatales y privadas podrán acceder al financiamiento siempre que al 23 de diciembre de 2016, se encuentren acreditadas por cuatro o más años, que sus controladores sean personas naturales o jurídicas sin fines de lucro; y, que se encuentren adscritas al Sistema Único de Admisión”, sostiene la glosa.
Para los Institutos Profesionales (IP) y los Centros de Formación Técnica (CFT) se destinan $228.907 millones a la gratuidad, con similares exigencias contenidas en la glosa 3.
“El gobierno insiste en poner la exigencia de que los establecimientos no podrán tener fines de lucro para acogerse a la gratuidad, cuando el fallo del TC fue clarísimo de que los requisitos sólo deben tener que ver con la situación económica de los estudiantes, que no se les puede pedir algo fuera de su alcance. La glosa viene igual, así que es probable que terminemos de nuevo en el Tribunal”, admitió el senador José García (RN).
Asimismo el diputado Alejandro Santana (RN) sostuvo que “el gran debate estará en educación porque se aumenta el número de beneficiarios a través de la misma glosa cuando el compromiso era la ley de gratuidad”.
El titular de la Comisión Mixta de Presupuestos, senador Andrés Zaldívar (DC) admitió que como este año se agregan los IP y los CFT habrá más discusión, “el gran tema es cómo vamos a aproximarnos a lo que se está discutiendo en la ley, e igual como el año anterior va a venir en una glosa. Aunque espero que este año no lleguemos al TC, no es bueno abusar de esta institución”.
Más pesimista fue el senador Carlos Montes (PS) al recalcar: “creo que por una u otra razón la oposición va a tratar de llegar al TC porque cree que tiene la mayoría asegurada. Ahí tendremos que mantener y tener bien preparados los argumentos porque el TC no puede equivocarse de nuevo”.
DEUDA PAÍS
Otro de los temas que, advierten los parlamentarios, cruzará la discusión será la partida de Tesoro Público en cuanto a los supuestos utilizados para proyectar el escenario de las finanzas públicas que avizora un escenario de mayor deuda para financiar los gastos comprometidos. “Al final el Gobierno tiene los votos, pero no podemos creer que es normal seguir gastando más de lo que nos permiten los ingresos, porque estamos comprometiendo recursos para el futuro”, manifestó el diputado Felipe de Mussy (UDI).
Cabe recordar que para el próximo año, el Ejecutivo está solicitando una autorización para endeudarse por US$11.500 millones, de los cuales US$ 9.000 millones se destinarán a emisiones de deuda en el mercado para financiar el déficit. Otros US$1.000 millones financiarán los bonos de reconocimiento, US$1.000 millones irán al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) -reemplazando el traspaso que hacía el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES)- y US$ 500 millones se utilizarán en operaciones con organismos multilaterales.
Por su parte el senador Juan Antonio Coloma (UDI) comentó que esta discusión va más allá de las lógicas partidarias: “acá tenemos que discutir sobre los criterios para asumir más deuda, y cuáles son los mejores mecanismos para realizar esta operación si se decide recurrir a los mercados internacionales”.
OTROS PUNTOS DE CONFLICTO
1. La caída de la inversión, sobre todo en hospitales
“La inversión pública disminuye un 3,7%, y con esto se corre el riesgo de que el próximo año se crezca menos que este año”, indicó el senador Carlos Montes, cuyo partido (PS) ha criticado esta decisión.
Sólo en Salud el presupuesto para inversión se redujo un 27,8%, totalizando $409.958 millones, lo que implica que el compromiso de construcción de 20 hospitales podría estar deshaciéndose. “El Gobierno cambió su prioridad, proyectaba 3 mil nuevas camas a 2018 y ahora habla de 1.800, falta financiamiento”, acotó el diputado Alejandro Santana (RN).
“Nos parece una mala señal postergar obras, se podría hacer un esfuerzo más grande en reducir gasto corriente y colocarlo en inversión”, acotó el diputado Fuad Chahin (DC).
2. Seguridad ciudadana y programas sociales
“Indiscutiblemente entre los temas más debatidos estará seguridad ciudadana, porque siempre se solicita precisión, siempre hay harto interés” dijo el presidente de la Comisión Mixta, senador Andrés Zaldívar (DC).
Efectivamente los parlamentarios ya están solicitando detalles de los programas destinados a este campo, admitió el diputado Alejandro Santana (RN): “Hay muchos que fueron mal evaluados como el Plan Frontera, entonces queremos saber los recursos asociados a este ítem, todos los fondos que se entregan al Ministerio del Interior”.
Por su parte, el diputado Felipe De Mussy (UDI) recalcó que tendrán especial ojo con el Ministerio de Desarrollo Social: “queremos ver si están recortando platas, como lo hicieron el año pasado, para el Ingreso Ético Familiar, por ejemplo. Y cómo se ha comportado el programa de compra de tierras de la Conadi”.
3. Buscarán limitar las reasignaciones entre partidas
El senador Juan Antonio Coloma (UDI) quiere introducir una innovación en este Presupuesto y agregarle unos artículos al texto central del proyecto. Pretende limitar la asignación de recursos a partidas que no han sido debatidas en el Congreso, a propósito del traspaso que se realizó este año de $1.000 millones al proceso Constituyente desde recursos aprobados para Seguridad Ciudadana.
“La Dirección de Presupuestos tiene amplias facultades para reasignar lo que desde el punto político se considere prioridad. Yo entiendo la flexibilidad presupuestaria, pero no creo que deba haber espacio para que se incorporen gastos en partidas que no existen. Voy a presentar las indicaciones correspondientes, que espero sean aprobadas por todos”, concluyó.
4. Fuerte recorte a programa de capacitación Más Capaz
Otro tema que los parlamentarios han comentado es el fuerte recorte y cambio de la meta de la cobertura que tenía el Programa Más Capaz del Ministerio del Trabajo para subsidiar el empleo de la mujer y los jóvenes.
“Fue reducido a su mínima expresión: originalmente contemplaba capacitar a 140 mil personas, y ahora la meta es menos de 20 mil. Es una reducción drástica que la ministra de Trabajo (Ximena Rincón) atribuye a otras necesidades presupuestarias”, comentó el senador José García (RN).
“Para algunos esta reducción no se justifica, otros tenemos una visión más crítica de cómo ha funcionado”, indicó por su parte el diputado Fuad Chahin (DC). (Pulso)
