Deben ser muy grandes los problemas de Adriana Delpiano en el Ministerio de Educación.
Deben ser muy grandes como para que una persona experta en la materia se permita escribir el conjunto de vaguedades con que respondió en «El Mercurio» a las consultas de 10 personalidades.
No decir nada sustantivo diez veces seguidas seguramente alivia sus tensiones con los equipos de educación superior que colocaron ahí autónomos, comunistas y revolucionarios demócratas, pero deja una vez más la sensación de que en educación (como en todo lo demás) el Gobierno es un easy rider , está en busca de su destino, no sabe ni qué camino tomar ni a dónde llegar.
A José Joaquín Brunner, quien desde la izquierda le recuerda los riesgos de la politización en las negociaciones del ministerio con cada universidad, le niega el supuesto, pero a continuación sostiene que la negociación será por criterios y objetivos; o sea, reconoce que será diferenciada, ya que nadie piensa que los criterios y objetivos que se le aplicarán a la Universidad Arturo Prat serán los mismos para tratar a la Universidad de Chile.
Al rector Sánchez, quizás sin darse muy bien cuenta la ministra de lo que le decía, le contesta que habrá autonomía para sumarse o no a la gratuidad. ¿Será muy exagerado deducir que las instituciones que se sumen la perderán?
Cuando el senador Rossi le reprocha la improvisación respecto de los criterios para acceder a la gratuidad, Delpiano le contesta que son los mismos del 3 de agosto pasado; o sea, reconoce que apenas llevan un mes de vigencia y que, por lo tanto, en los 24 meses anteriores -desde que comenzó la campaña- no se elaboró nada estable.
Al rector Peña le deriva una pregunta referida al financiamiento del pregrado hacia el posgrado: algo así como usted me preguntó por los fenicios, pero yo quiero hablarle de los cartagineses.
Cuando Gonzalo Vargas cuestiona que se use la Ley de Presupuestos para avanzar en las reformas de educación superior sin contar con criterios previos para hacerlo, la ministra contesta con algo tan profundo como que la política de gratuidad es «un avance gradual y responsable», pero no le dice nada, nada sobre los criterios que inspirarán la reforma completa.
Al rector Zolezzi, molesto por la eventual fijación de vacantes en la educación estatal a cambio de gratuidad, Delpiano le reconoce que así será, aunque en carácter transitorio. Obviamente no le dice cuánto tiempo estaría la Usach intervenida: ¿un año, cinco, quince…?
La respuesta entregada al rector Vivaldi, de la Universidad de Chile -preocupado por una gratuidad que pueda ir a parar a instituciones sin suficiente calidad, transparencia y pluralismo-, no puede ser más insólita: la ministra afirma que la creación de dos nuevas universidades y de quince nuevos CFT, así como la entrega de más dinero para las actuales instituciones estatales… soluciona el problema. ¿Qué tiene que ver con aquella parte de la pregunta? Nada.
A Ignacio Walker, a quien le molesta que a sectores de bajos ingresos que estudian en CFT e IP no les llegue la gratuidad, Delpiano evita contestarle, insistiendo en que son las instituciones las elegibles. O sea, las personas no cuentan.
También pierde Delpiano la oportunidad de responderle a Rubén Covarrubias por los pilares del nuevo modelo educativo del Gobierno, porque se limita a repetir que la educación superior debe ser un derecho social efectivo, cuya calidad sea garantizada en el sistema y sus instituciones. La típica generalización abstracta de vaguedad universal.
Quizás, para disimular, una vocecita interior le aconsejó a la ministra aliñar su intervención con el manido «nadie es dueño de la verdad en estos temas».
