Desde un punto de prensa en La Moneda, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, nombró los tres ejes que se abordaron en la reunión de cierre que sostuvo el ministerio con dirigentes camioneros, en el marco del acuerdo de medidas para «seguridad pública y apoyo a víctimas de la violencia de la Macrozona Sur relacionado al transporte«.
Se trata de «inversión en seguridad, coordinación con las concesionarias y apoyo a víctimas».
Respecto al primer eje, según explicó, han dado cuenta del cumplimiento del compromiso de invertir en materia de seguridad en «puntos donde estaban sufriendo mayores atentados los transportistas», con una cifra que alcanza los 8.500 millones de pesos, y se ve reflejado en drones, vehículos, cámaras de televigilancia, etc. Todo esto, sostuvo que «planteado desde una coordinación con las mismas concesionarias de las autopistas».
«El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha tenido una coordinación específica para mejoren los estándares de seguridad y cuiden a los trabajadores que mantienen la cadena de abastecimiento, que se encargan de que las bencineras tengan carga suficiente y todo lo que hace que una ciudad pueda vivir, abastecerse en lo cotidiano».
Lo tercero, dijo, tiene que ver con el apoyo a víctimas. «Hemos trabajado con quienes han sido víctimas de los ataques, de ese terrorismo que a veces es selectivo contra quienes trabajan en un gremio o agrupación determinada. Por el solo hecho de trabajar ahí han sufrido consecuencias», aseveró.
En esa línea, mencionó que «tal vez lo más emblemático es lo que ocurrió con Juan Barrios y que el proyecto de ley va avanzando. Hoy día a las 14:30 va a pasar por la Comisión de Constitución de la Cámara y esperamos que la próxima semana podamos estar ya promulgando esa ley tan importante y tan simbólica de una persona que murió quemada en su camión».
Tras ello, aseguró que hoy estarán en la Cámara de Diputados, y que de ser aprobado, esperan estar mañana en el Senado «pidiendo una nueva renovación del estado de excepción constitucional para la Macrozona Sur principalmente en cuatro provincias«.
«Este estado no es contra un pueblo, ni una etnia, sino contra quienes decidieron utilizar las armas, el terror, la quema, las municiones en contra de personas inocentes que lo único que quieren es trabajar. Con ellos no se conversa, no se dialoga, tenemos que tener medidas distintas», finalizó.
Por su parte, Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) dijo que «ante tanta incertidumbre en el país esta es una demostración de que dialogando se pueden obtener resultados».
«Nosotros hicimos una movilización ciudadana antidelincuencia en todas sus formas, terrorismo, narcotráfico o robo de madera, y el resultado de esta movilización nacional por siete días que hicimos el año pasado, queda hoy día cerrado con este acuerdo que hemos llegado con el Gobierno», acotó.
Pese a aquello, hizo un pedido formal al Parlamento a que «el estado de emergencia sea prorrogado hasta cuando sea necesario, por la vida de nuestros conductores y seguridad de nuestros colaboradores«.
En tanto, José Sandoval, presidente del sindicato de Choferes de Camiones de Chile, sostuvo que «después de 14 meses que hemos tenido conversaciones referentes de la preocupación que tenemos por los conductores que prestan servicio en la zona, hoy se está concretando».
A su juicio, nadie puede asegurar que esto funcione completamente, pero creen «que es una norma que va a asegurar que nuestra gente que abastece al país y la zona sur, ande un poco más tranquila«. Por lo mismo, dijo «dar las gracias al avance que hemos tenido en esto». (Emol)
