Un sumario reservado, realizado por la Fiscalía Institucional de Contraloría, fue el que venía realizando desde hace varios meses el organismo que dirige el contralor Jorge Bermúdez. Terminada la etapa de investigación, durante el jueves de la semana pasada, el ente contralor le formuló cargos a siete generales del Alto Mando de Carabineros.
Los cargos formulados estaban relacionados a eventuales irregularidades de estos altos oficiales de la policía uniformada en el control del orden público durante la crisis social desatada el 18 de octubre del año pasado. Los oficiales notificados por Contraloría fueron los generales Ricardo Yáñez, tercero al mando y jefe Nacional de Orden y Seguridad; Jorge Valenzuela, director Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Mauricio Rodríguez, jefe de la Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Santiago Este; Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste; Hugo Zenteno, jefe de Zona de Valparaíso; y Jean Camus, director de Logística.
El hecho sorprendió al gobierno y a Carabineros, pero no para quienes están al tanto de la labor fiscalizadora que la Contraloría asumió en ciertos temas relacionados a la crisis social. De hecho, fue el 29 de octubre del año pasado que Contraloría ofició a Carabineros solicitando todos los protocolos de acción frente a manifestaciones, sobre todo los que tenían relación con el uso de bombas lacrimógenas y procedimientos antidisturbios. Luego, el 11 de noviembre, Bermúdez sostuvo una audiencia con el director del Instituto nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, donde se abordó el actuar de Carabineros en las manifestaciones de octubre. Posteriormente, a fines de enero de este año, el contralor recibió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En dicha reunión, también se conversó sobre el actuar policial en el marco de las manifestaciones.
Tres de los generales —Mauricio Rodríguez, Enrique Bassaletti y Enrique Monrás— ya definieron sus defensas y ficharon a los abogados Sergio Rodríguez, Carlos Cortés y Jorge Martínez para realizar sus descargos.. Esto, debido a que luego de la notificación de cargos, los funcionarios involucrados tienen plazo para presentar su versión sobre los hechos reprochados. Luego de esto, la Contraloría evaluará la respuesta de los uniformados involucrados y eventualmente propondrá sanciones al superior de la institución. En este caso, el general director, Mario Rozas, las cuales serán aceptadas o rechazadas por él y luego confirmadas o desestimadas por el Presidente Sebastián Piñera.
Las defensas de Rodríguez y Bassaletti realizaron hoy su primera reacción pública al sumario de Contraloría. En una declaración difundida hoy, a la cual accedió La Tercera, los abogados lamentan “que se hubiesen infringido las normas de reserva de ese tipo de acto administrativo, ya que sin haber sido notificados al menos dos Generales han tomado conocimiento de la formulación de cargos en su contra”.
Los abogados, a su vez se refieren, al fondo de las supuestas infracciones administrativas realizadas por ambos generales. “En cuanto al fondo de los cargos formulados por la CGR, debemos reiterar que el Alto Mando de Carabineros de Chile, de manera conjunta y, en cada caso, individualmente dentro de cada una de sus competencias, realizaron y ejecutaron sucesivamente todas las actuaciones razonables y posibles para prevenir, impedir y sancionar eventuales conductas verificadas fuera de protocolo producidas como consecuencia de los múltiples hechos delictivos ocurridos desde el mes de octubre de 2019 y la grave afectación al orden y seguridad pública conocido por todos”, se lee en la declaración. Luego agregan que los generales “no fueron pasivos ante los graves hechos de afectación del orden público, adecuando y reiterando constantemente sus instrucciones y protocolos de actuación”.
En esa misma línea, descartan los cargos formulados en contra de sus representados: “Desde este punto de vista, tenemos la íntima convicción que no se ha incurrido en responsabilidad administrativa alguna, ya que se tomaron todas las medidas ya referidas, sin omitir alguna acción acorde con las diversas situaciones que se fueron produciendo, todo ello dentro de las capacidades materiales y de personal existentes”.
Sin embargo, quienes están al tanto del procedimiento del organismo fiscalizador aseguran que la Contraloría tiene el mandato constitucional de fiscalizar el cumplimiento efectivo de las leyes, reglamentos, protocolos y otros cuerpos legales que norman el actuar de la Administración Pública. Eso, dicen las mismas fuentes, incluye también los actos administrativos de Carabineros.
Luego ambos defensores, que están asesorando jurídicamente pro bono, insisten en el punto de que el ente contralor, a su juicio, no debió iniciar un sumario de esta naturaleza: “La CGR tampoco puede entrar a pronunciarse sobre el mérito o la legalidad de una decisión técnica en el uso de medios u personal empleados para el resguardo del orden público, siendo asuntos que quedan exclusivamente dentro del ámbito de acción y decisión de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Asimismo, del modo que se han formulado los cargos hasta ahora conocidos, se trata más bien de una eventual responsabilidad política por decisiones u omisiones, lo que en caso alguno se encuentra dentro del campo de acción de la CGR, sino que a los organismos y personas que establece la Constitución, de los cuales dependen jerárquicamente los referidos Oficiales Generales”.
Finalmente, los abogados Rodríguez, Cortés y Martínez cierran comentando que, según ellos, la Contraloría está levantando cargos administrativos por un tema que en realidad corresponden a responsabilidades penales que no son de su competencia. “Sin perjuicio de lo anterior, estimamos que en esta ‘arremetida’ de la CGR ha existido un problema serio de competencia y que podría ser constitutivo de un caso de desviación del poder, ya que del tenor de los cargos conocidos, lo que se busca es la determinación de eventuales responsabilidad penales de los Oficiales Generales. Lo anterior es un asunto que se encuentra en conocimiento de los Tribunales de Justicia, por lo que de acuerdo a la LOC de la CGR debe abstenerse de conocer estas materias. Se trata, al parecer de los suscritos, de una infracción gravísima a la institucionalidad del país”, finaliza el texto.
Pese a esto, el abogado administrativista Luis Cordero toma distancia de esta postura. “No comparto en absoluto esos juicios. Creo que jurídicamente son errados. Lo que se investiga es responsabilidad administrativa. Contraloría sólo investiga y propone sanción, si se justifica. No tiene un poder sancionatorio independiente de la autoridad«, dice Cordero. El también académico de Derecho de la Universidad de Chile agrega que «con esa tesis Contraloría no podría instruir ningún sumario en ninguna repartición pública”. (La Tercera)
