De un día para otro, los políticos progresistas y sus equipos técnicos cayeron en cuenta que el tema del crecimiento económico era muy importante para un país como Chile. Pero hasta hace poco, se minimizaba este principio y se ponía el acento en la “desigualdad”. Desde el gobierno incluso se llegó a insistir que se podían sacrificar varios puntos de crecimiento económico, con tal de privilegiar una mayor equidad social.
Pues bien, esta falsa disyuntiva trajo como consecuencia un crecimiento paupérrimo de la economía nacional durante los últimos tres años, mientras que para el presente ejercicio se espera que el PIB aumente sólo un 1,5%, o incluso menos. Es más, para toda la gestión del actual gobierno el incremento promedio del PIB con suerte sería de 1,8%. Si se compara este guarismo con el 5,3% de la administración Piñera, el 4,7% de Lagos o el 5,2% de Frei, se podrá comprender lo deficitaria que es la situación que vive el país.
Tanto es así, que Chile ha caído en los principales ranking de las organizaciones que evalúan el riesgo crediticio y las condiciones económicas de los países, y la responsabilidad con que se manejan los recursos del Estado. “El pobre crecimiento de los últimos años ha significado menores ingresos fiscales, ha contribuido a generar fuertes alzas en el nivel de deuda del gobierno y ha erosionado las posibilidades macroeconómicas del país”. Estas fueron las razones entregadas recientemente por la clasificadora Standard & Poors para rebajar la evaluación de Chile, similares a las que consideró Fitch Rating para degradar también nuestra clasificación soberana. El retroceso que advierten estas entidades podría haberse evitado si se hubiera actuado de manera responsable, especialmente en cuanto al enorme endeudamiento público acumulado entre los años 2014 y 2016, que tuvo un crecimiento promedio superior al 25% anual. El origen de esta deuda se encuentra en la expansión del gasto público, el cual aumentaba fuertemente mientras el país experimentaba un severo frenazo económico.
La anterior situación se puede explicar mejor con la siguiente analogía. Un trabajador, por un grave problema económico de su empresa tuvo que aceptar una rebaja del 15% en su sueldo, ante la disyuntiva de quedar sin empleo a causa de la complicada coyuntura por la que atravesaba la compañía. Sin embargo ese trabajador, en vez de ajustarse a la nueva realidad, continuó gastando lo mismo y al poco tiempo, decidió aumentar su consumo en un 10% adicional. Indudablemente, para poder seguir con el nuevo ritmo de vida fue necesario endeudarse para cubrir el déficit de 25% entre ingresos y gastos, y más pronto que tarde enfrentará un probable colapso financiero. La solución para nuestro trabajador es reducir sus gastos y tratar de encontrar nuevas alternativas de ingresos, lo cual le permitiría volver a crecer desde un punto de vista económico y desarrollar de mejor manera sus potencialidades.
Este ejemplo es muy parecido a lo que ha venido aconteciendo con el actuar del gobierno y su impacto sobre la economía chilena, con el agravante de que el efecto acá ha sido sobre un inmenso número de personas y se puede medir en: la precariedad del empleo que ya supera el 23%, el índice más alto de los últimos 7 años; el acelerado aumento del “empleo calle” y del desempleo efectivo; el estancamiento de los salarios que aumentaron en promedio un insignificante 0,2% anual entre 2014 y 2016; la desconfianza de los empresarios y los ciudadanos por reformas mal concebidas y deficitarias; o una “retroexcavadora” gubernamental que se quedó sin combustible, pero que antes de aquello hizo mucho daño. Las malas decisiones terminaron afectando a millones de chilenos, especialmente a los más vulnerables. (La Tercera)
José Miguel Serrano
