Siguiendo con los ejemplos citados, la protección de los derechos de los niños y las niñas depende antes que nada de cómo los adultos en torno a ellos asumen un rol de co-garantes respecto de su ejercicio (lo mismo podemos decir respecto de los adultos mayores y otras personas que requieren cuidado). El buen funcionamiento de la democracia depende en gran medida de la corresponsabilidad y colaboración de los representantes en el gobierno de la nación, pero también de la valoración y el respeto de todas las personas por la Constitución y las leyes (Estado de Derecho). La conservación y protección del medio ambiente depende de una regulación moderna, pero quizás antes de conductas individuales como el reciclaje, el uso racional del agua o el respeto por los ecosistemas.
Nos parece que todos estos son buenos ejemplos de objetivos sociales que nos debieran comprometer a todos, y su consagración como “deberes ciudadanos” parece una buena forma de habilitar y orientar al legislador hacia el establecimiento legítimo de obligaciones específicas y acotadas, que respondan a los intereses colectivos de la comunidad política.
Creemos que la nueva Constitución es una oportunidad única de actualizar nuestro catálogo de derechos y deberes fundamentales, incluyendo algunos “deberes ciudadanos” como la obligación de participar en los actos electorales, cumplir con las obligaciones tributarias, cuidar el medio ambiente, respetar el Estado de Derecho o educar y cuidar a los hijos.
De esta forma podremos fortalecer la cohesión social y alcanzar un nuevo pacto social donde el centro sean los ciudadanos, con derechos y deberes basados en la igual dignidad e igual ciudadanía de las personas. (El Mercurio Cartas)
Gonzalo Blumel
José Manuel Astorga
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