En estos días, «El Mercurio» ha dado espacio a la amplitud de aristas contenidas en el debate sobre la delincuencia y el sistema penitenciario. Una columna reflexionó sobre la insuficiencia de las reformas legales y políticas públicas para la reinserción de personas privadas de libertad. La percepción de inseguridad, concluye, conduce a la confusión entre justicia y venganza.
Otro espacio aboga por medidas de humanidad para personas mayores encarceladas que ya hayan cumplido parte importante de su sentencia y no constituyan peligro para la sociedad. Ellas contribuyen al hacinamiento carcelario. Enfermas, merecen medidas humanitarias. También se alerta respecto de la relación, ya documentada, sobre la vulnerabilidad de niños fuera del sistema escolar para caer en manos de bandas criminales, tráfico y consumo de drogas.
Lo anterior habla de la complejidad de la ecuación delito-cárcel y la urgencia de evaluarla en sus componentes sociales y políticas. A las reflexiones anteriores habría que agregar la dimensión de género.
Malqueridas son las mujeres privadas de libertad en el documental de Tana Gilbert, premiado en la Semana Internacional de la Crítica en Venecia.
Karina, una exreclusa, se hace cargo de un relato que recorre imágenes furtivas, tomadas de manera clandestina dentro de cárceles femeninas o editadas de redes sociales. Si los celulares están prohibidos por ley, y quienes los usen en los penales son sancionados —recordemos las medidas recientes para bloquear su acceso debido a que sirven al crimen organizado—, corresponde cuestionarse sobre la pertinencia de hacerlo público.
Sin embargo, y reconociendo esta limitación, “Malqueridas” cumple un propósito que no es ajeno al debate actual. Las malqueridas son madres —un 80% de las chilenas privadas de libertad tiene un promedio de tres hijos— y algunas tienen a sus niños pequeños en la cárcel. Es conmovedora la imagen de una madre despidiéndose de su hijo que, por edad, ya no puede permanecer con ella en prisión. El resto son imágenes de la cotidianidad de la vida carcelaria; privación de libertad y de aspectos de la dignidad.
Lo más probable es que ninguna de ellas —apenas el 8% de las personas privadas de libertad son mujeres— sea narcotraficante ni asociada al crimen organizado. Si lo fueran, debieran estar segregadas para evitar el contagio criminógeno. Aunque alrededor del 60% de las mujeres está por Ley de Drogas, se trata de microtraficantes, condenadas por delitos menores, luego de largas historias de vida asociadas a la pobreza, marginalidad, falta de educación, abuso, maternidad adolescente.
La maternidad, como muestra el documental, es lo que las define. Su identidad se construye desde el vínculo con los hijos que la prisión quiebra, muchas veces, de por vida. Los estudios demuestran que si el padre es condenado, los hijos permanecen con sus madres; solo en el 10% de ellos permanece con sus padres si la madre está presa. No es raro; la mayoría de ellas eran jefas de hogar cuando fueron encarceladas.
El argumento de que muchas mujeres pobres y abandonadas por sus parejas eligen el trabajo honesto no impide comprender que otras, especialmente con historias de abuso y violencia, no pudieron evitar la seducción del delito.
No se trata de captar imágenes subrepticiamente. Sí de comprender que hay realidades que son invisibilizadas porque no son funcionales a quienes creen que la cárcel combate la delincuencia. Para mujeres, lo más probable es que se consiga el efecto contrario. “Malqueridas” cumple el propósito de recordar a la sociedad que detrás de las rejas hay vidas cuya dignidad el Estado está obligado a respetar y cuyo futuro depende, en gran medida, de aquello que se les ofrezca durante su reclusión: capacitación, reinserción, un sentido de futuro.
La consecuencia social de una mujer encarcelada son niños en situación de máxima vulnerabilidad. Urge que legisladores e instituciones de justicia incorporen la dimensión social y humanitaria contenida en la reclusión como medida de castigo. Que se pregunten por el ausentismo escolar, la drogadicción y delitos en jóvenes infractores. Tal vez se respondan recordando a una madre encarcelada, por una causa que podría haber sido suspendida o con una pena sustitutiva. Poco se logra si quienes consideran a la familia como el núcleo de la sociedad no ponen su mirada en las formas de protegerla. (El Mercurio)
Ana María Stuven
Corporación Abriendo Puertas